PLATAFORMAS ESTATALES POR LA SANIDAD PÚBLICA NOS UNIMOS PARA ACABAR CON LAS PRIVATIZACIONES Y LA FALTA DE RECURSOS

OSALDE se adhiere a estas plataformas y sus acciones contra los procesos de privatización que están desmantelando la Sanidad Pública

Exigimos la derogación de la Ley 15/1997, que permite la gestión privada de la sanidad pública, la derogación del RDL 16/2012, que legaliza la exclusión sanitaria, y una financiación mínima del 25% del presupuesto sanitario para la Atención Primaria.

Anunciamos movilizaciones coordinadas en más de 10 CCAA para frenar el desmantelamiento de la sanidad pública y el fin de las privatizaciones.

Estado español, 12 de febrero de 2026.

Plataformas ciudadanas, asociaciones, movimientos sociales y organizaciones a favor de la sanidad pública de toda España nos unimos para frenar el colapso sanitario que sufre todo el país, acabar con las privatizaciones en la red pública sanitaria y exigir los recursos humanos y económicos suficientes para garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía.

Reivindicamos la derogación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud en España, que permite las concesiones público-privadas, modelo que está convirtiendo el derecho a la salud en un negocio.
También reivindicamos la derogación de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, de 25 de abril de 1986, que abren la puerta a los “conciertos singulares”, además de la derogación de la Ley de Contratos del Sector Público de 9/2017, que permite el abuso absoluto de la figura del “contrato menor” para favorecer siempre a las mismas empresas privadas, evitando el concurso público y, por lo tanto, dando pie a un despilfarro de recursos inasumible para el SNS.

También reivindicamos la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con el cual se pasó de un sistema de cobertura universal basado en la ciudadanía a un sistema de cobertura excluyente basado en la condición de asegurado bajo algunos requisitos y, por lo tanto, la exclusión de ciertos colectivos del sistema sanitario público español, empezando por las personas inmigrantes y emigrantes.

Denunciamos que el objetivo de todos estos procesos privatizadores y excluyentes es infrafinanciar la sanidad pública, para instalar en el imaginario de la ciudadanía que es ineficiente y lenta, con el objetivo de trasvasar pacientes y dinero del sistema sanitario público hacia el sistema sanitario privado, donde sólo ganan las empresas privadas que gestionan lo público. Este es el modelo imperante en todas las CCAA del país: desmantelar la red sanitaria pública en beneficio de los intereses económicos de empresas privadas.

Reclamamos la inversión necesaria en Atención Primaria, nunca inferior al 25% del presupuesto sanitario total, y denunciamos el deterioro intencionado de este primer nivel de atención sanitaria para favorecer la descomposición de la sanidad pública en España, lo que
supone la puerta de entrada de la privatización. Además, denunciamos que la administración utiliza la Inteligencia Artificial y los call center como instrumentos para automatizar y acelerar las derivaciones hacia la sanidad privada.

Estas organizaciones, procedentes de casi todas las CCAA de España, nos reunimos en asamblea para definir las acciones y movilizaciones futuras y que llevaremos a cabo de manera coordinada en Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Extremadura, La Rioja, Canarias, Castilla y León y Castilla La Mancha, así como en el resto de CCAA que esperamos se vayan uniendo a este llamamiento.
Denunciamos que los últimos escándalos conocidos a través de los medios de comunicación, como, por ejemplo, los cribados del cáncer de mama en Andalucía, los audios del CEO de Ribera Salud en la gestión de la sanidad pública en Madrid y los correos que ordenaban reutilizar catéteres intravenosos de un sólo uso en Elche y Torrejón para ahorrar costes, son producto de la privatización de la sanidad pública que hemos sufrido a lo largo de las últimas décadas.

Desde estas plataformas, colectivos y asociaciones por la defensa de la sanidad pública denunciamos que, cuando la salud pasa a ser un negocio, deja de ser un derecho para la ciudadanía, porque se convierte en un coste, y por esto defendemos la Sanidad Pública gobierne quien gobierne.