Los Presupuestos Generales del estado 2018 mantienen la pobreza y desigualdad

Los presupuestos presentados por el Gobierno para 2018 reducirán, por tercer año consecutivo, la proporción del Producto Interior Bruto (PIB) que se destina a políticas como sanidad, educación, dependencia, igualdad, cooperación y protección social.

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Esta rebaja, que ya se apuntó en el Programa de Estabilidad 2017-2020, fue confirmada por el Gobierno en el Plan Presupuestario para 2018 que remitió a Bruselas el pasado 16 de octubre. Desde el Ejecutivo se defiende la reducción argumentando que, en términos absolutos, la inversión en estos conceptos aumentará. Los datos, por su parte, apuntan a que el gasto total con respecto al Producto Interior Bruto (PIB)se encuentra en su nivel más bajo desde 2007.
Numerosos informes sobre la situación económica y social del Estado español* reiteran desde hace algunos meses que, aunque la recuperación de las cifras macroeconómicas indique que España ha salido de la crisis económica, la pobreza y la desigualdad generadas tras las diferentes reformas económicas y sociales aplicadas desde 2011 persisten.
Las políticas de ajuste que se han sucedido desde 2009 han profundizado la brecha entre ricos y pobres.
Entre 2008 y 2015, el 20% de la población más pobre ha visto reducidos sus ingresos en un 15%. Situación que se acentúa en las capas más vulnerables de la población.

Algunos datos

– El gobierno reduce por tercer año consecutivo el desembolso en Sanidad y Educación, y por quinto año consecutivo el monto destinado a Protección Social.
– El gasto presupuestado en educación para 2018 supone 2.600 millones de euros. Desde 2011 se han dejado de invertir unos 3.000 millones de euros en educación – ascendiendo hasta más de 6.000 millones de euros, si se tienen en cuenta los RD 14/2012 y 20/2012.
– En sanidad, a pesar del aumento de un 3,9% con respecto al presupuesto de 2017, las partidas continúan estando unos 350 millones de euros por debajo de su máximo histórico (2009). Si analizamos las partidas de los PGE 2018, se detecta que lo que realmente aumenta son aquellos fondos destinados a la privatización. Especialmente los relacionados con las mutualidades de funcionarios (MUFACE, etc.) que se sitúan en 2.249 millones de euros (195 millones más que en 2009; un 9,49% mas que en 2017).
– Las medidas de prevención de la violencia de género se quedan en 80 millones de euros, muy por debajo de los 200 millones a los que se había comprometido el Gobierno.
– En términos absolutos, el gasto en desempleo desciende en 616 millones de euros, mientras que la partida para fomento del empleo crece solo en 217 millones. España ha incumplido la obligación de garantizar el derecho al trabajo: la tasa de desempleo juvenil -que se sitúa en el 44%- y la precarización del empleo, conllevan que un 13% de las personas laboralmente activas se encuentren en riesgo de exclusión social. Cabe destacar que, en el caso de trabajadores extranjeros, la cifra se sitúa en el 31,5%, la más alta de la UE.
– El Gobierno aumenta en 46 millones la ayuda a la dependencia en 2018, pero dejó sin gastar 44 en 2017.
– El Gobierno frena la degradación del sistema de cooperación de los últimos ejercicios, pero posterga su recuperación. La propuesta de iniciar el V Plan Director con € 2.602 millones – un esfuerzo de ayuda del 0,22% de la renta nacional bruta (RNB) – implica alejarse de la ruta del 0,4% al final de la legislatura.

Todas estas caídas se contextualizan en el paulatino proceso de reducción de gastos que está llevando a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El gasto total más alto desde que el líder del Partido Popular llegó a La Moncloa se alcanzó en 2012, cuando superó el 48% y a la Protección Social se le asignó una partida que alcanzó el 17,5% del PIB. El año pasado, cinco ejercicios después del pico, el gasto total ya había
caído al 42,4%, cifra que este año se quedará en el 41% y que en 2019 ni siquiera llegará al 40%, frente a la media del 45% en la UE.
Desde la ALIANZA ESPAÑOLA CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD, consideramos que los PGE para 2018 llegan tarde y sobre todo, no solo no abordan los graves problemas de pobreza y desigualdad de nuestro país sino que los mantienen o los profundizan.
Los PGE tienen que enfrentar la desigualdad, defendiendo y fortaleciendo los sistemas públicos de garantía social como la educación, la sanidad y la protección social. Invertir en el acceso a un empleo de calidad, primando iniciativas que contribuyan a un modelo de producción y de consumo basado en estándares de sostenibilidad medioambiental. Deben estar orientados a la promoción y defensa de los derechos laborales y de ciudadanía, en una sociedad donde el trabajo decente y con derechos sea una realidad. La sociedad española pide unas reglas justas y democráticas basadas en el respeto a los derechos humanos como la mejor forma para salir de la crisis que los mercados y los intereses financieros han desencadenado.
El Estado debe reducir su desfase en gasto social con respecto a la media de la UE, en coherencia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad hace las siguientes propuestas de cara a la elaboración de los PGE:
– Ampliar las inversiones en Educación y en medidas eficaces para la protección de la infancia. En educación el gasto debería aumentar progresivamente hasta alcanzar, al menos, el 7% del PIB.
– Incrementar las inversiones en Sanidad y anular el Real Decreto 16/2012 para restaurar la sanidad universal. El gobierno ha de garantizar el camino hacia una financiación del gasto sanitario que se equipare a la media de la UE-15 (7,3% del PIB).
– Recuperar los presupuestos para las políticas para la Igualdad de Género y los planes contra la violencia de género. Es necesario alcanzar los 200 millones comprometidos con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
– Ampliar las medidas de protección del desempleo y la inserción socio-laboral.
– Cumplir la Ley de Dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la misma.
– Recuperar el presupuesto de cooperación para el desarrollo en todos los niveles (estatal, autonómico y local) en línea con el compromiso con el 0,7% de la Renta Nacional Bruta, o el PIB en el caso autonómico. De forma progresiva, la AOD debería alcanzar el 0,4% de la renta en 2020, en el ámbito estatal.
Necesario luchar contra el fraude fiscal y la austeridad europea La Alianza Española contra la Pobreza insta al Gobierno de España a que tome medidas para elevar el capítulode ingresos en los PGE, con el objetivo de conseguir los ingresos necesarios para destinarlos a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Todo ello en un contexto en el que, además, la deuda pública para 2018 se estima que ascenderá a un 97,6% del PIB.
España tiene 7 puntos por debajo del PIB en ingresos fiscales que los países de nuestro entorno, es el tercer Estado con menos ingresos de la UE-15, sólo por encima de Irlanda y de Portugal. Como contraste, también tiene el mayor fraude fiscal y la mayor regresividad en su carga fiscal (es decir, las rentas más altas pagan menos que el resto de la ciudadanía). Aunque el sistema fiscal español es técnicamente progresivo, las variadas formas que permiten y alientan la elusión fiscal de capitales y sociedades hacen que, en términos reales, el sistema sea regresivo.
El estancamiento de la lucha antifraude, la evasión fiscal, la elusión en paraísos fiscales, y las exenciones tributarias impiden una ecaudación adicional que se estima en torno a 70.000M€. Esto podría destinarse al mantenimiento del gasto público vinculado con políticas sociales.
Por ello, urgimos al gobierno a luchar de forma contundente contra el fraude fiscal y a todos los grupos parlamentarios a aprobar una Ley contra el Fraude Fiscal que apunte hacia la erradicación de los paraísos fiscales y la lucha contra la evasión de capitales y contra la corrupción. Es urgente implementar inmediatamente el Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

*Informe Social de la Comisión Europea (España), presentado el 7 de marzo de 2018
“El crecimiento económico sostenido necesita menos desigualdad” (Christine Lagarde- Presidenta del FMI el 19 marzo 2018 en la reunión
del G-20 en Buenos Aires)

Informe Anual del Defensor del Pueblo, 19 marzo 2018