La sanidad pública y las incompatibilidades
Fuente: diariodeleon PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA. 13/02/2018
La masiva manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado día 20 de enero en Valladolid puso de relieve la gran inquietud que existe en esta materia en todos los rincones de la Comunidad autónoma. Del mismo modo, sirvió para evidenciar los múltiples temas que en ese campo producen alarma entre la ciudadanía.
Uno de ellos, trabajado intensamente desde la Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León, merece, a nuestro juicio, un mayor realce y por eso trasladamos a la opinión pública el resultado de esos trabajos a través de este medio de comunicación.
Tras la carta que enviamos al consejero de Sanidad el pasado mes de octubre denunciando el incumplimiento sistemático de la Ley de Incompatibilidades en el sistema sanitario de Castilla y León, hemos trasladado esta denuncia ante otras dos instancias más: el consejero de la Presidencia, responsable de la Inspección General de Servicios, y el gerente de Salud del Área de León, quien ostenta la representación de la Gerencia Regional de Salud en León. Nuestra demanda se sustenta en los argumentos que explicamos a continuación.
Según datos publicados, se estima que en torno al 39% de los médicos y médicas especialistas del Sacyl trabajan a la vez en la medicina pública y en la privada. Aunque hay médicos de Familia que también trabajan en la privada, la inmensa mayoría de quienes están en las dos redes asistenciales son especialistas hospitalarios. Las especialidades de mayor demanda privada son Ginecología, Pediatría y Traumatología, seguidas de Oftalmología y Odontología, dada la escasa cobertura pública de la salud bucal.
En la provincia de León, la permisividad en la compatibilización público-privada para este colectivo es notoria, siendo habitual que algunos de estos especialistas tenga incluso su propia consulta privada.
Conforme a lo dispuesto en la legislación, no está permitido ejercer a la vez una profesión en el sector público y otra en la empresa privada cuando la actividad privada esté relacionada de forma directa con la que se desarrolla en la Administración; tampoco cuando el desempeño de la actividad privada compromete la imparcialidad e independencia de los trabajadores y trabajadoras del sistema público, menoscaba el cumplimiento de sus deberes o perjudica los intereses generales; ni si la actividad privada requiere la presencia efectiva durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal.
Esta normativa implica que los posibles casos de compatibilidad laboral debieran ser muy excepcionales, pues en el caso de estos profesionales, mientras no haya una transparencia total, una información completa y detallada de la actividad profesional desempeñada por el personal médico especialistas en la Sanidad Pública y de la actividad compatibilizada en el sector privado, no se puede demostrar de forma objetiva que la actividad privada no pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Por otra parte, cuando lo que se hace es prestar los mismos servicios en ambos sectores, público y privado, y estos servicios están dirigidos a los mismos potenciales usuarios, las personas enfermas con una determinada patología, es evidente que la actividad realizada en el sector privado está directamente relacionada con la actividad realizada en la Sanidad Pública, siendo en la mayoría de los casos la misma, por lo que se puede prever un conflicto de intereses entre ambas actividades con un evidente perjuicio para la Sanidad Pública.
Por eso, a nuestro modo de ver, no existe suficiente rigor en el reconocimiento de dichas compatibilidades, pudiendo estar indebidamente justificadas por no contar con las acreditaciones exigidas por la ley. No hay tampoco un control real sobre la actividad privada de este colectivo profesional ni se ejercen con la debida diligencia las acciones sancionadoras por el incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades. Todo ello en el Área de Salud de León es más que evidente.
Además, no se puede garantizar una calidad asistencial que maximice el nivel de bienestar del paciente pues en los hospitales públicos de León su personal médico especialista tiene la posibilidad de rentabilizar al máximo los tratamientos más novedosos y eficientes en el sector privado, así como restringir su uso en el sector público y propiciar que las listas de espera se hagan todavía más inviables por los intereses personales de algunos de estos profesionales, obligando a los pacientes a acudir al sector privado o padecer esa espera.
En consecuencia, tal y como se puso de manifiesto en la convocatoria del 20 de enero, reclamamos a las administraciones que tomen las medidas necesarias para solventar esta situación. Será ésa una acción decisiva no sólo para asegurar la salud de las personas, sino también para fortalecer el empleo sanitario público en condiciones, para impulsar el sector sanitario como fuente de conocimiento e investigación en beneficio común y para combatir en lo que le cabe a la sanidad pública el fenómeno de las despoblación en nuestro territorio. Objetivos, en suma, en los que sabemos que, junto a nosotros, está comprometido un gran número de profesionales de nuestra Sanidad Pública.
