La reversión del Hospital de Alzira
Un ejemplo a seguir. «La reversión garantizará la calidad sanitaria de Alzira»
Mariano Sánchez-Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública.
El hospital de Alzira construido en 1997 mediante el sistema de “concesión administrativa” en la localidad valenciana del mismo nombre ha acabado constituyendo un paradigma de los sistemas de privatización sanitaria en España. En síntesis este modelo consiste en que una UTE formada por varias empresas (en este caso bancos y una aseguradora sanitaria) construye un hospital y se encarga posteriormente de la gestión del mismo durante un largo plazo de tiempo (entre 10 y 30 años) cobrando un canon anual de los presupuestos públicos y responsabilizándose de la atención sanitaria de una determinada zona o área de salud.
En Alzira después de una primera concesión en 1997, en 2003 y como las cuentas no le salían a la empresa concesionaria se revirtió el hospital a la Sanidad Pública valenciana que pago el coste de la inversión realizada, e incomprensiblemente 25,9 millones € por lucro cesante, cuando la reversión se había producido porque la empresa declaraba perdidas y a petición de esta.
Inmediatamente se hace un nuevo concurso que se adjudica a la misma empresa y en el que se añaden los centros de salud del área. Obviamente incrementando notablemente el canon con lo que las pérdidas se convierten en ganancias. El contrato esta previsto para un incremento continuado y blindado de los ingresos de la empresa privada, así se aumenta el canon en un 6,75%, y los ingresos por enfermos procedentes de otras áreas en el 12,5%, entre 2009 y 2014, mientras en este mismo periodo el presupuesto sanitario valenciano disminuyo el 20,3%.
Además se le dan todo tipo de facilidades para atraer enfermos de otras áreas, con financiación extra, y se les favorece todo el proceso, con escaso o nulo control por parte de la Consejería que procura, como sucede en todos estos hospitales privados o semiprivados, mirar para otro lado. Así en cuanto empiezan a realizarse controles más estrictos se detectan muchas irregularidades que ya están siendo investigadas en los juzgados.
El hospital por otro lado apuesta por mucha dotación tecnológica, que casualmente coincide con la infradotación de los centros públicos más cercanos y oferta un número de camas y de trabajadores claramente inferior a los hospitales públicos (1,2 camas /1.000 habitantes versus 1,7; 7,39 trabajadores/1.000 habitantes frente a 9,3), por supuesto las condiciones laborales son netamente diferentes y peores a la de la red pública
El modelo se extendió a 4 centros más de la Comunidad Valenciana (Torrevieja, Denia, Manises, Elche) y cubre ahora al 20% de la población de la Comunidad. Los otros centros tienen similares características aunque problemas concretos distintos y algunos de ellos han sido denunciados por importantes carencias asistenciales e incluso en uno de ellos, uno de los socios (la aseguradora DKV) quiere retirarse vendiendo su parte.
Los resultados en salud tampoco son buenos, por ejemplo en la comarca de La Ribera (la que corresponde a Alzira) la esperanza de vida es casi 2 años menor que en la media de la Comunidad valenciana y las tasas estandarizadas de mortalidad general y las de mortalidad específicas por grupos de edad de los mayores de 14 años están en los valores más altos de la misma.
En resumen es un modelo que es mas caro, que tiene contratos blindados que le aseguran incrementos a pesar de que el presupuesto sanitario sufra recortes (lo que supone mayores recortes en los centros públicos a los que acaba parasitando), que realiza selección de riesgos atrayendo los enfermos “rentables” de otras áreas, tiene una total opacidad, y además está incurso en fenómenos de irregularidades todavía en fase de investigación.
Así las cosas parece perfectamente razonable la decisión de la Consejería de Sanidad de Valencia de, aprovechando la finalización de la concesión en abril de 2018, proceder a la reintegración del hospital en la red pública, y también parece sensato el que se haya anunciado con una antelación suficiente y que se den normas estrictas de control para el periodo que resta de la concesión y para evitar un proceso de desinversión y/o desmantelamiento del centro. Lo que resulta incomprensible son las declaraciones de Ribera Salud que pretende llevar el asunto a los tribunales ¿no se finaliza el plazo de la concesión y la reversión es automática como cuando acaba cualquier contrato?, o es que en realidad se pretende que son contratos de duración infinita que solo pueden ser rescindidos por los concesionarios. Una vez más nos enfrentamos con lo que mejor caracteriza estos modelos privatizadores, todas las ventajas y los beneficios para las empresas privadas, ninguna para la administración pública y el interés general, es decir una vez más estamos ante el “capitalismo de amiguetes” que tantos desastres ha traído a este país.
Por eso también, además de porque la Sanidad debe de garantizar una atención sanitaria de calidad, a toda la población y de manera eficiente, es necesario acabar con todos los experimentos privatizadores que lejos de mejorar las cosas las han emporado notablemente.
El proceso está abierto, esperemos que llegue hasta el final y sea el primer paso del final de este modelo privatizador. La Administración sanitaria ha dado el primer paso, pero para que tenga éxito se precisa de una amplia movilización social y profesional porque las transformaciones sanitarias precisan de la colaboración de la ciudadanía y los trabajadores del sector.
