La población reclusa debe ser prioritaria para la vacunación frente a la Covid-19 en Euskadi

Fuente: OME, Osalde, Osatzen, Osabideak. Marzo 2021

El martes 9 de marzo el Departamento de Salud del Gobierno Vasco facilitó un documento que contenía una relación de grupos poblacionales prioritarios para la vacunación de la Covid-19 en las siguientes semanas. En la actualización del día siguiente, sin embargo, había desaparecido de esa lista la población reclusa, señalando la Consejera de Salud que la nota correcta era aquella en la que estas personas ya no figuraban.

La medicina tiene históricamente un compromiso con la atención sanitaria de las personas privadas de libertad internadas en prisiones, en el entendido de que, como no podía se de otra manera, estas ciudadanas y ciudadanos conservan intacto el derecho a la promoción y protección de su salud, siendo mayor, si cabe, la responsabilidad pública sobre la salud de estas personas por la situación de reclusión colectiva y de restricción de la movilidad en la que se encuentran en el interior de unas instalaciones públicas.

La cárcel, antes y con independencia de la pandemia, ya era un medio cerrado en el que conviven con dificultades bastantes personas con problemas de salud mental y otras patologías crónicas. El perfil sanitario de las personas privadas de libertad es de mayor riesgo, en comparación con la población general. Además, España, a pesar de tener las tasas más bajas de índices de criminalidad, tiene las tasas más altas de encarcelamiento y los tiempos de condena más largos. Y, a pesar de todo ello, es de los países que menos han cumplido las recomendaciones del Consejo de Europa o de la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas alternativas a la privación de libertad y la gestión de la Covid-19.

Según diversos informes (como los de SIRECOVI-OSPDH o los de HMPPS), la incidencia y letalidad de la Covid-19 ha sido inferior entre la población reclusa si la comparamos con la del conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, según esos mismos informes, estos resultados se han logrado en estas personas internas con un alto impacto en su salud mental y física, debido a la vulnerabilidad asociada a las importantes restricciones para su vida cotidiana tales como la limitación de los contactos con otras personas presas, limitación de los objetos permitidos en la celda, comidas en solitario, restricción del contacto con el funcionariado, negación de los permisos de salida, restricción de las comunicaciones con personas del exterior, limitación de actividades culturales, deportivas, formativas o espirituales, y así sucesivamente.

Dadas las circunstancias, las organizaciones firmantes quieren llamar la atención sobre el especial beneficio relativo que la vacunación puede proporcionar a la población reclusa en su calidad de vida y en la mejora de su salud mental y física, no solo por la protección frente a la Covid-19 sino por el importante margen de mejora en las condiciones generales de vida de estas personas y sus consecuencias en otras patologías muy diversas, tales como: obesidad, deterioro de la autoestima, diabetes, hipertensión, ansiedad y otras afectaciones.

Por eso, sin perjuicio de la consideración de otras medidas como las excarcelaciones o la mejora de las condiciones de vida en el interior de las prisiones, nos atrevemos a hacer un llamamiento al Departamento de Salud del Gobierno Vasco para que, a la mayor brevedad, vuelva a introducir a las personas privadas de libertad que viven en las prisiones de Euskadi en la lista de grupos prioritarios de vacunación. No se nos ocurre otra señal más adecuada para inaugurar un nuevo modelo penitenciario vasco en el contexto de la inminente asunción de las competencias en la materia por parte del Gobierno Vasco.

Finalmente brindamos nuestra colaboración para definir fórmulas alternativas en la sanidad penitenciaria, al estilo de las que ya existen en otros países europeos, respetuosas con los DDHH y el derecho a la equivalencia de cuidados (los proporcionados al resto de la población – mediante la Sanidad Pública y el conjunto de Servicios Sociales) cuya responsabilidad de gestión asume esta comunidad autónoma, para ofrecer atención digna y de calidad a esta población, respondiendo así a sus altas prevalencias y necesidades de atención derivada de su alta vulnerabilidad psicosocial. Una colaboración que podría concretarse en la creación de algún consejo asesor o consultivo que cuente con la participación de asociaciones de usuarios, familiares y de profesionales de los ámbitos de la salud y sociosanitario que permitan orientar a las iniciativas desde el ámbito político.

OME, Asociación vasca de Salud Mental /  Osalde, Asociación por el Derecho a la Salud / Osatzen, Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria / Osabideak, Asociación en defensa de las personas privadas de libertad