La pandemia sí entiende de clases sociales

por Carmen San José,  médica de atención primaria 

Fuente: Vientosur  17/03/2020

No, no vamos a salir unidas y unidos de esta pandemia como dicen todos los gobiernos. En primer lugar, porque no lo estamos ni en esto ni en ninguna otra situación.

Una crisis social

En España están en riesgo de pobreza 12,3 millones de personas, el 26,1 % de la población, y 2,5 millones de personas en pobreza severa, el 5,4%. Y más de 3 millones de niños y niñas, el 29,5% de la población infantil, se halla en situación de pobreza.

La reciente visita a España del relator especial de derechos humanos de la ONU sobre pobreza extrema decía: “He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país (…) barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados”, y continuaba: “Es el cuarto país más rico de la UE. Se puede permitir hacer mucho y hacerlo mejor, si quiere, pero ha decidido no hacerlo”. Añadiendo que «la recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron».

España ocupa el tercer país de la UE con mayor grado de desigualdad, detrás de Bulgaria y Lituania, si consideramos la distribución de la riqueza, ingresos y la desigualdad de oportunidades al nacer, según la clasificación de la Comisión Europea.

La tasa de desempleo es del 13,78 % (12,1 %, hombres y 15,5 %, mujeres) y esto después de los últimos años de bonanza, lo que supone más del doble de la media en la UE. Entre los menores de 25 años el paro alcanza el 30,6 %. La tasa de actividad total es del 58,74%, la de los hombres se sitúa en el 64,24% y la de las mujeres en el 53,53%.

A esto tenemos que añadir las elevadas cifras de precariedad, la brecha salarial que soportan las mujeres y el elevado porcentaje de trabajador@s pobres. En los últimos años las empresas han aprovechado las reducciones de jornada, los contratos temporales y los falsos autónomos entre otras modalidades para incrementar el empleo de baja calidad.

El VIII Dossier elaborado por FOESSA sobre La vulneración del derecho al trabajo decente: empleo y exclusión social, refleja que el 52 % de los hogares en los que hay una persona trabajando al menos no está libre de tener alguna eventualidad y terminar en exclusión social. Esta situación afecta al 12,3 % de la población trabajadora. Y en los hogares monomarentales la situación se agrava.

Una situación similar refleja la VI Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España y que “confirma un reforzamiento de la desigualdad en el reparto de la riqueza: los hogares ricos acumulan cada vez más patrimonio financiero e inmobiliario a costa de los hogares pobres, que cada vez tienen menos casas en propiedad y pagan alquileres más altos”, tal y como también se analiza en La polarización de la riqueza sigue aumentando. Trasvase de rentas a través de los alquileres, del Barómetro Social de España. Según este estudio “En los últimos quince años la polarización en el reparto de la riqueza se ha extremado entre el 10% de hogares muy ricos, que se han vuelto mucho más ricos, y el 25% de hogares muy pobres, que ahora son mucho más pobres”.

Pues bien, con este panorama social de grandes desigualdades es con el que nos enfrentamos a la crisis sanitaria del Covid 19, que inevitablemente se agravará conforme pasen los días y semanas. Y lo estamos viendo ya con el confinamiento en las casas de los colectivos más vulnerables. ¿Se ha pensado dónde se pueden confinar las personas sin hogar? ¿Se ha previsto cómo alimentar adecuadamente a niñas y niños que lo hacían en los colegios hoy cerrados? ¿Qué va a suceder con el día a día de las personas mayores que antes se relacionaban en los Centros de Día, hoy cerrados también? ¿Las personas despedidas, cobrarán una renta básica? Y es que a pesar de apoyar las medidas de confinamiento para detener en la medida de lo posible la extensión del coronavirus, las acciones puestas en marcha por el gobierno tienen que abordar también todas estas situaciones. Sobre todo porque es la población más vulnerable, la que se va a ver, una vez más, más afectada.

A la vuelta de la esquina nos encontramos ya con los problemas derivados de la xenofobia, racismo y desprecio a los más vulnerables que aparecen ante una crisis caracterizada por la incertidumbre, la angustia y el pánico. Ante esto, la respuesta decretando el estado de alarma no puede significar soluciones que recorten libertades y derechos fundamentales. El peso de las decisiones no se puede apoyar solo en el aislamiento que, si bien es necesario, no puede ignorar que no nos afecta a tod@s por igual y que exige a la vez otras propuestas.

Una crisis económica

En cuanto la epidemia se extendió a los países occidentales las bolsas temblaron y comenzaron a caer estrepitosamente. La causa de esta crisis financiera, dijeron los medios de comunicación, es el coronavirus, a pesar que desde mediados y finales de 2017 se hablaba de la misma[1], dado que el crecimiento era muy débil y que para algunos países se preveía una posible recesión.

Luego lo único que parece que ha provocado la pandemia, con toda la incertidumbre que conlleva la extensión de un virus desconocido, para el que no se tiene tratamiento ni vacuna por ahora, es poner de manifiesto la previsible y largamente anunciada crisis financiera y económica. Crisis por otra parte que se repiten con la financiarización de la economía capitalista.

Y en este momento (casualmente) no escuchamos a ninguno de los gurús del neoliberalismo alzar la voz elogiando las virtudes del libre mercado como organizador de nuestra economía. Ahora con hipocresía y cinismo los defensores del neoliberalismo vuelven su mirada al Estado. Ahora sí piensan que son los gobiernos los que tienen que ponerse al frente para resolver los problemas con los impuestos de todas las personas tratando así de resolver la crisis social y económica una vez más a favor de los de siempre. Tampoco dirán nada de que se haga frente a la crisis sanitaria con unos servicios sociosanitarios públicos debilitados. Debilitados por los recortes y privatizaciones que dictó el propio neoliberalismo y que las políticas austeritaritarias de la Comisión Europea pusieron en marcha.

No fue suficiente la pérdida de 65.000 millones de euros entregados a la banca en la anterior crisis, ahora tenemos que volver a poner dinero de todo el mundo para subvencionar a los empresarios por las pérdidas que les puede ocasionar la caída de la demanda, el que sus trabajadoras y trabajadores enfermen o tengan que ausentarse para cuidar a menores y mayores, etc. Los mismos empresarios que ya han puesto en marcha una cascada de despidos que según dicen se ven “obligados” a realizar.

Son los mismos portavoces del poder económico que en épocas de crecimiento abogan por adelgazar las competencias del Estado, los servicios públicos, recortar el gasto social y privatizar todo lo que pueda tener alguna rentabilidad, siempre en aras del libre mercado y la libertad que hoy prefieren olvidar.

En definitiva, un sistema capitalista que ha hecho de la globalización su bandera, internacionalizando la cadena de valor y que ha buscando mercados donde las condiciones laborales fueran más favorables para sus beneficios, lo que se ha traducido en la práctica en menos derechos laborales en todo el mundo y menos respeto a los derechos humanos, debido a las deslocalizaciones de numerosas empresas.

Ahora, ante una pandemia y la necesidad de reforzar los recursos sanitarios, se hace patente la imposibilidad de obtenerlos en cada país, junto a la negativa de exportarlos desde algunos de los países productores.

Una crisis sanitaria y ecológica

No podemos ignorar que la salud colectiva e individual de una sociedad está determinada por el sistema socioeconómico, que incorpora las desigualdades de género y etnia. Por tanto en una sociedad con grandes desigualdades, la salud individual también tendrá grandes desigualdades. La parte más vulnerable de nuestra sociedad tiene menor esperanza de vida, más morbimortalidad y mayor mortalidad prematura. Nuestra salud colectiva está en riesgo, pero no para todas las personas por igual.

Esta pandemia como las de VIH, Ébola, gripe aviar, gripe porcina o el SARS-CoV están causadas por virus. El origen de estos virus es en su mayoría de origen animal y proviene tanto de las explotaciones intensivas como de las macro-granjas y del comercio de animales salvajes. Estos virus viven en los animales sin causar enfermedad, pero cuando pasan al ser humano se comportan como patógenos y pueden causar las epidemias que estamos sufriendo.

La crisis climática y ecológica, con la destrucción de grandes extensiones para albergar agricultura, urbanizar o extraer materias primas, ha hecho desaparecer los hábitat naturales de numerosas especies. Y ha permitido que entren con mayor frecuencia en contacto animales salvajes y personas, a través del comercio y el consumo.

En España contábamos con un buen Sistema Nacional de Salud que sin embargo ha sufrido recortes y privatizaciones con diferente intensidad según las CCAA. Se ha calculado que de 10.000 a 20.000 millones de euros se recortaron en los peores años de la crisis desde 2008. Todavía en 2017 con el 6,4 % del PIB no se había alcanzado el gasto público de 2009, año en el que alcanzó el 6,7 %. Y esto después de tres años de crecimiento de la economía.

En 2012 se perdió la universalidad de la asistencia sanitaria y se aumentaron los copagos (RDL 16/2012), incluyendo el cobro a pensionistas.

Todo ello dibuja una situación muy preocupante en la actualidad para afrontar la pandemia del Covid 19. Un ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid, donde después de dos décadas de gobiernos del PP (con el reciente apoyo de C’s y Vox), el desmantelamiento del sector público sanitario es más patente. Solo los 5 hospitales públicos más grandes (nivel 3) han perdido 1.172 camas, mientras se abrieron 7 hospitales de Concesión de Obra (gestión mixta) y 5 hospitales como Concesión Administrativa (gestión privada). Esto ha desembocado en que más de un 24 % de todo el presupuesto en sanidad lo gestionen empresas privadas, que hoy están en su mayoría en manos de los llamados fondos buitre. Los 4 hospitales propiedad de Quirónsalud los ha comprado la multinacional Fresenius. A lo que hay que sumar el 21% que se destina a la industria farmacéutica por el pago de recetas y gasto farmacéutico hospitalario.

De forma paralela a la construcción de hospitales privados, se ha ido deteriorando la Atención Primaria (AP). Hoy lo que debería ser el eje del Servicio Madrileño de Salud se encuentra carente de plantillas, con muchos Centros de Salud sin el debido mantenimiento y sin espacios adecuados para atender a las personas pacientes. En consecuencia, este Servicio de Salud mantiene unas listas de esperas quirúrgicas, diagnósticas y para consultas de especialistas inasumibles, y ante las cuales las personas de rentas medias y altas han optado por los seguros privados.

Por todo ello no vamos a salir de esta crisis sistémica ni al mismo tiempo, ni de la mano, ni a la vez, porque las epidemias también reflejan las diferencias de clase. Y la enfermedad, como la salud, es una construcción social e histórica, determinada principalmente por el sistema socioeconómico, el capitalismo, el cual ha incrementado las desigualdades en los últimos años.

Por consiguiente, las medidas que debería tomar el gobierno para intentar paliar la crisis, y que no la paguen las clases populares han de ser sanitarias, por supuesto, pero sobre todo y más importante han de ser sociales y económicas, poniendo en el centro de las decisiones las necesidades de la mayoría de las personas, si se quiere mejorar la salud de la población.

Carmen San José Pérez es médica de familia y militante de Anticapitalista

[1] « Tout va très bien, madame la marquise »