La «nueva normalidad» de las residencias: ¿Más de lo mismo o cambio de paradigma?

por Juan Luis Uría y Jorge Barrón, médicos miembros de Osalde

1. La vieja normalidad

Las informaciones, opiniones y análisis de lo sucedido en éstos últimos 100 días de intensa conmoción social y política han evolucionado a un ritmo frenético en todos los medios. En este abigarrado y heterogéneo contexto se espera a la «nueva normalidad», como si de un ente salvador se tratara, casi al modo religioso de la revelación mesiánica.

¿De qué se está hablando cuando se habla de “nueva normalidad” referida a las residencias de mayores, tras el desastre humanitario que han protagonizado en la actual pandemia de Covid-19? ¿Del habitual cambio cosmético del lenguaje “para que nada cambie”, que trata a la ciudadanía como a estúpida e ignorante? ¿O de un verdadero cambio de paradigma para que cambie todo lo que se ha hecho mal a fin de impedir la repetición de la tragedia? El cambio que requieren nuestros Servicios públicos de Salud, Sociales y Sociosanitarios, para que sean la solución a una necesidad social de primer orden, y no el negocio de empresas que priorizan el beneficio económico y mercadean con la salud, el bienestar y la vida.

Las residencias de mayores han sido víctimas de la privatización masiva de los Servicios Sociales a raíz de la directiva europea Bolkestein por la que se han cedido mayoritariamente a empresas privadas, obteniendo importantes beneficios a base de reducir a mínimos los gastos, especialmente de personal (ratio y cualificación), materiales, y estructurales. Algo tienen que ver estas graves carencias con el fallecimiento de unas 30.000 personas residentes durante la Covid-19 en apenas tres meses. A menudo en tales condiciones de abandono y desatención en el final de la vida, que podemos calificar de verdadera crueldad humanitaria.

El régimen habitual de muchas residencias supone someter a las personas a un confinamiento pasivo permanente. Si bien algunas padecen altos grados de dependencia, otras con poca o nula también son privadas de sus derechos de autonomía bajo organizaciones paternalistas y autoritarias, sin posibilidad alguna de ejercer su independencia, despreciando sus capacidades funcionales y sociales, de autogestión y de participación. En definitiva, privadas de gozar de una vejez más digna. Solo con el fin de impedir que su autonomía sea un estorbo para el lucrativo negocio de muchas residencias privatizadas y gestionadas incluso por fondos buitre y especuladores.

“Las Residencias de Personas Mayores están concebidas por los sucesivos gobiernos, y lo que es peor, por la sociedad, como lugares donde esperar la muerte con unos niveles mínimos de asistencia”

Así comienza el artículo de Elsaltodiario.com (enlace aquí) «Autogestión Residencias de Personas Mayores» cuya lectura recomendamos. Destacan cómo la sociedad renueva su lenguaje para ocultar lo que subyace sobre antiguos términos como «Asilo de ancianos», cuando aquellos quizás fueran al menos más humanos que éstos cuyos pretenciosos términos («Residencias de Personas Mayores») ocultan frecuentemente unas condiciones inaceptables que la Covid-19 ha revelado con dramatismo.., «Lugares en los cuales aparcar al abuelo o la abuela hasta que se le pueda heredar, y si ese no es el caso, donde le atiendan ya que su familia no puede solucionar el problema.»

Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), entre el 10 de marzo y el 31 de mayo murieron en España 43.657 más que el año pasado. Sin embargo «solo» se notificaron 28.235 fallecidos con diagnóstico de Covid-19 realizado mediante prueba diagnóstica. La diferencia entre fallecidos con diagnóstico y «exceso de fallecimientos» por MoMo llegó a ser del 152% en la Comunidad de Madrid y cercano al 100% en Cataluña o Castilla la Mancha. Un verdadero escándalo de carencia informativa en momentos donde los datos son claves para el manejo de la alerta sanitaria.

¿Por qué no se contabilizaron los fallecimientos en las residencias como víctimas de la Covid-19? ¿Por qué ni siquiera se hizo el diagnóstico? La escasez de pruebas PCR no es pretexto, porque, como bien saben los epidemiólogos, en el curso de una epidemia, la asociación del síndrome típico con el contexto epidémico es una prueba válida de suficiente valor predictivo, sin tener que recurrir a PCR. En la epidemia de cólera de Londres en 1854, John Snow no disponía de otros recursos para identificar los casos, y de esta forma aplicó con éxito la primera investigación epidemiológica según el método aún vigente.

El SARS-CoV-2 causante de la pandemia se ha revelado especialmente patógeno para las personas de más edad, lo que solo explica en parte la alta mortalidad en las residencias. No cabe duda de que han intervenido otros condicionantes que habrá que investigar con todo rigor y seguramente con la muy probable resistencia de los sectores donde puedan atribuirse las más graves responsabilidades. Es de destacar que, mientras el confinamiento ha evitado en gran medida la transmisión del virus en la comunidad, en las residencias el hacinamiento de la población más susceptible ha producido el efecto contrario. ¡Un fatal efecto ratonera! Mientras los cadáveres excedían la capacidad de las morgues, nadie supo acudir al rescate de esos mayores atrapados. Peor aún, se impidió el traslado a hospitales de pacientes con razonables expectativas de vida abocados a penosas agonías por asfixia.

La Fiscalía ha facilitado una serie de datos con los procedimientos judiciales existentes y las diligencias penales y civiles llevadas a cabo por el ministerio público con ocasión de incidencias sociosanitarias provocadas por la Covid-19. Los juzgados de la Comunidad de Madrid acumulan el mayor número de casos en los tribunales, seguida de Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha y Castilla y León. Circunstancia ésta que choca con la actitud de algunas empresas de residencias privadas que están reclamando al Estado cantidades millonarias en concepto de «lucro cesante», o sea, por todos los beneficios que no han obtenido durante la pandemia (!!)

El clamor de la ciudadanía sensible a este grave problema social está teniendo protagonismo en diferentes ámbitos. El día 24 se celebró en Bilbao una concentración frente a la Diputación Foral de Bizkaia, organizada por Babestu, denunciando lo sucedido en las residencias, sus causas y la necesidad imperiosa de cambio radical. Son más de 600 las personas contabilizadas como víctimas mortales de la Covid-19 en Euskadi y un exceso de fallecimientos de 1.603 personas. Razón por la cual, las asociaciones Babestu Araba, Babestu Bizkaia y Gipuzkoako Senideak, y en su nombre también Zazpigarren Araba, han solicitado una comparecencia con la Presidenta de la Diputación Permanente Sra. Bakartxo Telleria para trasladarles su preocupación y propuestas como Organizaciones sociales y de Familiares de las Residencias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, por la situación por la que han pasado los familiares con un elevado número de fallecidos y las deficiencias que han constatado en las Residencias Privadas fundamentalmente.

2. La nueva normalidad

¿Podemos aspirar que la “nueva normalidad” de los residentes esté a salvo de la codicia de empresas que solo buscan el beneficio con desprecio de la dignidad humana, su salud y sus vidas?

¿Podemos pensar en residencias lo más parecidas a un hogar, donde las personas dejen de ser objetos o mercancías para seguir siendo personas capaces de organizar y gestionar sus necesidades con la ayuda de los profesionales y medios necesarios? ¿Con una asistencia sanitaria, como la de los demás ciudadanos? ¿Hay alguna razón para que todos los ancianos no sean atendidos en Osakidetza en las mismas condiciones?

¿Existe la Medicina Comunitaria y la coordinación Sociosanitaria aparte de en los discursos y pretenciosos documentos vacíos de algunos gobernantes? ¿A quién se pretende engañar con eufemismos tipo “colaboración público-privada” cuando se refieren a la privatización de los Servicios Públicos para que nuestros derechos sean pasto de inversores y especuladores sin escrúpulos?

El cambio de paradigma tiene que fundamentarse en dejar de tratar a las residentes como objetos de mercado, siendo muchos sujetos autónomos capaces de organizar y autogestionar sus necesidades si bien con la ayuda de cuidadores y otros profesionales. Las residencias tienen que aspirar a ser verdaderos hogares donde cada miembro tenga su personalidad, su función autogestionaria conforme a sus capacidades y limitaciones. Nadie tiene que ser tratado indignamente como un sujeto-pasivo-objeto, sometido a una disciplina cuartelera que lo sacrifica todo a unos condicionantes económicos y a unos recursos humanos y materiales escasos y manifiestamente insuficientes para una atención de carácter humanitario.

La decisión de vivir en una residencia rara vez la toma la persona, suele ser de la familia, condicionada por diversos motivos, como las dificultades económicas o de atención en el domicilio, mientras que la mayoría de las personas mayores prefieren seguir en sus domicilios y en sus barrios, donde siempre conservan actividades e incluso responsabilidades familiares o de autocuidado según sus diferentes grados de capacidad. Así se sienten parte de una comunidad, con sus familiares, vecinos, comercios locales y centros sociales. Prefieren una asistencia domiciliaria, pero los servicios en este sentido son más limitados aun y totalmente insuficientes. De un día a otro suelen verse arrojados desde una vida autónoma que todavía merece ser vivida a un confinamiento más o menos radical que con frecuencia es equivalente a una condena al ostracismo. Una espera pasiva al final de la vida donde el deterioro físico y cognitivo suele emprender una dinámica imparable hacia la incapacidad absoluta y la máxima dependencia.

La salud es un derecho, no una mercancía. La salud y el bienestar de todas las personas, incluidas las mayores, por muy dependientes o empobrecidos que sean, son derechos que los Gobiernos deben garantizar mediante su gestión y tutela directa. Los Servicios de Salud y Sociales no pueden ser una mercancía porque su gobernanza corresponde a los comunes. Hoy en día, no solo se privatizan estos servicios, sino que no se controlan con el rigor que exige la preservación de los derechos ciudadanos, como tristemente han demostrado los hechos en esta pandemia.

La participación ciudadana en la gobernanza de estos Servicios no existe y cualquier intento de verdadera participación comunitaria por parte de colectivos ciudadanos es impedido por la administración creando Comisiones verticales que son más barreras a la participación que lo contrario. Comisiones controladas por los propios gobernantes de turno para que no pasen de ser meros escaparates, pura cosmética política, diseñada con el único fin de guardar las apariencias. «Ciudades amigables», «Ciudades saludables» son programas de esta naturaleza, donde toda iniciativa horizontal o ascendente que parta de iniciativas ciudadanas con fines de gobernanza, cogestión de servicios, o solución de los conflictos que les afectan es inactivada. Y donde la coordinación de las diferentes entidades que influyen en la salud y el bienestar de los ciudadanos, como sería propio de una verdadera atención sociosanitaria, brilla por su ausencia.

Estamos en el siglo XXI, en la era llamada por algunos Antropoceno, donde los enormes cambios estructurales a nivel global causados por la especie humana determinan en gran parte los fenómenos pandémicos causados por organismos emergentes. Pero también en la era donde el desarrollo científico y tecnológico nos permite y obliga a investigar las causas directas e indirectas, los condicionantes sociales, económicos y políticos que determinan la salud, la enfermedad y la muerte de los miembros de nuestra sociedad, y poner los medios preventivos mediante la necesaria planificación por los organismos específicos, fundamentalmente los Departamentos de Salud Pública, que tan escaso desarrollo estructural y presupuestario padecen.

No podemos admitir una continuación de la «normalidad» de una conducta social y política con las personas de más edad, víctimas mayoritarias en esta pandemia. La tragedia vivida exige cambiar según un nuevo paradigma basado en el análisis crítico de la situación, con el objetivo de ofrecer a las personas mayores la oportunidad de preservar toda su dignidad humana y la mayor autonomía en un contexto donde la vida tenga sentido hasta el final. Todas las personas envejecemos, perdemos capacidades y necesitamos algunas ayudas, pero nada justifica la negación fáctica de los derechos y libertades que son inherentes a la condición humana. Ni en la intimidad de las familias, ni en las instituciones públicas, y menos aún en las privadas. Respecto a éstas últimas, hay que desmontar la falacia de la “colaboración público-privada” que transforma el derecho a la salud y el bienestar en negocio. Sólo mediante la provisión pública de unos Servicios Sociosanitarios de calidad, con participación comunitaria, que respondan a las necesidades de nuestra sociedad, se podrá desterrar definitivamente una vieja normalidad que tan fatalmente ha mostrado su fracaso.