Irlanda dice «sí» al aborto por una gran mayoría

Cada año, 44 millones de mujeres deciden terminar de forma voluntaria su embarazo (la mayor parte en países en vías de desarrollo) y de ellas 47.000 mueren debido a abortos inseguros y otros cinco millones sufren lesiones graves. Sólo en América Latina, las víctimas de abortos inseguros suponen un 24% del total de muertes relacionadas con el embarazo y el parto, un índice que en muchos países de África Subsahariana asciende al 30-40%.

IRLANDA: Más de 3,2 millones de personas estaban registradas para votar en el referéndum.  La votación ha sido para decidir si se deroga o no una parte de la constitución, conocida como la Octava Enmienda, que prohíbe efectivamente los abortos en el país. El aborto solo se permitia cuando la vida de una mujer estaba en riesgo, pero no en casos de violación, incesto o anomalías fetales fatales.

Fuentes: bbc.com theguardian.com

El referéndum es el resultado de un debate de décadas sobre el aborto en la República de Irlanda y ha sido la sexta votación del país sobre el tema. La controvertida Octava Enmienda se introdujo después de un referéndum en 1983.

El referendum

(…) La papeleta no menciona la Octava Enmienda o el aborto, sino que pregunta: «¿Aprueba la propuesta de enmienda a la Constitución contenida en el proyecto de ley mencionado más abajo?»

(…) En 1992 se celebraron dos referendos adicionales, que dieron como resultado la 13ª enmienda, que permite a las mujeres viajar dentro y fuera de Irlanda para abortar (los activistas pro-derogación dicen que 170,000 lo han hecho), y el 14, que autoriza información sobre servicios de aborto. de ultramar. En 2013, se modificó la ley para permitir el aborto cuando los médicos sienten que la vida de una mujer puede estar en riesgo debido a complicaciones del embarazo o al suicidio. De lo contrario, un médico que realiza un aborto ilegalmente enfrenta un enjuiciamiento y hasta 14 años en la cárcel.

(…) Los referendos de 1992 se produjeron después de que la Corte Suprema anulara una orden que prohibía a una niña de 14 años («Caso X») que estaba embarazada como resultado de una violación ir a Gran Bretaña para un aborto. Decidió que los pensamientos suicidas de la niña representaban un «riesgo real y sustancial» para las vidas tanto de ella como del bebé por nacer. El tribunal europeo de derechos humanos dictaminó en 2010 que Irlanda estaba violando la convención sobre los derechos humanos debido a la falta de claridad sobre los abortos legales. En 2012, Savita Halappanavarmurió en el hospital de Galway después de que le negaran un aborto durante un aborto espontáneo, lo que provocó que la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo de 2013 permitiera abortos en ciertas circunstancias estrictamente controladas. En 2016, la ONU pidió a Irlanda que revocara su estricta prohibición y por primera vez el estado irlandés indemnizó a una mujer, Amanda Mellet , cuyo feto tuvo una anomalía fatal, por el trauma que sufrió al tener que ir al extranjero para un aborto. En 2017, una asamblea ciudadana establecida por el gobierno recomendó el acceso irrestricto al aborto durante el embarazo temprano, y el referéndum, requerido porque la propuesta implica el cambio de la constitución, fue convocado a principios de este año.

¿Qué supone el triunfo del sí?

Irlanda ha votado para derogar la octava enmienda, el artículo relevante en la constitución, 40.3.3, que será reemplazado por la frase: «La ley puede estipular la regulación de la interrupción del embarazo».

El gobierno ha publicado un proyecto de ley que permitiría abortos relativamente gratis hasta 12 semanas, sujeto a consulta con un médico y un corto período de espera. La terminación será posible hasta 24 semanas si dos médicos consideran que la vida de una mujer se ve amenazada o si existe un riesgo grave para su salud.

(…) Las encuestas predecían una carrera de ajuste, con el sí por delante, pero hasta el 24% de los votantes estaban indecisos.

El resultado

Casi un 70% de los votantes irlandeses han apoyado la liberalización de los supuestos para legalizar la interrupción del embarazo gracias a una gran participación, sobre todo de mujeres y jóvenes, que pone fin al dominio de la Iglesia católica. Algunos políticos del «Sí» ya han reclamado al Gobierno que apruebe la legislación sin tardanza tras la publicación de los sondeos a pie de urna.