España es el país europeo, junto a la República Checa, donde más cannabis se consume

Fuente: El debate de la regulación del cannabis en España se estanca en el Congreso. Eldiario.es

(…) España mira cómo en países como la rica Canadá o el no tan boyante Uruguay han legalizado su consumo lúdico, cómo varios estados de EE UU y naciones como Portugal, Israel o Alemania permiten su consumo con fines terapéuticos, pero aquí, entre los países europeos que más consumen, el debate agoniza a la espera de su turno en una subcomisión del Congreso que no existe.

(…) En las pantallas de Sala Ernest Lluch de la Cámara Baja se pudo ver la hoja de la marihuana durante unas jornadas en las que se habló de legalización, industria, consumo, cannabis terapeútico, narcotráfico, desarrollo rural, etc.

(…) Pablo Iglesias: «Creo que España como país tiene que ser el primero [en Europa], tenemos que convertirnos en referencia y aprovechar una oportunidad que puede dar grandes beneficios al país». Habla Iglesias de la regulación integral, no solo con fines terapéuticos.

En España (…) hay dos propuestas en el Congreso, una del propio Podemos para una regulación integral, otra de Ciudadanos para legalizar el uso terapéutico.

(…) Cuando se pregunta a los partidos, ninguno se muestra abiertamente en contra de la regulación al menos de su uso medicinal. (…) La ley española es ambigua respecto al cannabis, aunque la última modificación que se hizo (en la Ley Mordaza) fue hacia la represión. Actualmente la posesión y consumo en la vía pública está prohibida. También, por supuesto, la compra-venta. El cultivo casero y el consumo en la casa propia está permitido siempre que se mantenga dentro de los límites, nunca fijados en gramos, del uso personal. Pero si plantas una planta, que no se vea desde la calle: el Gobierno de Rajoy lo prohibió con multas recogidas en la citada Ley de Seguridad Ciudadana.

(…) En el país sudamericano [Uruguay], el primero en aprobar una regulación total del cannabis, los potenciales consumidores deben darse de alta en un registro estatal, que les otorga permiso para acudir a una de las farmacias que lo dispensan y adquirir su dosis semanal de un producto controlado por el Gobierno.

En Canadá el modelo ha aprendido de la experiencia de EE UU (…) El país está entre los principales productores del mundo y ha realizado una legislación en la que serán empresas privadas las que planten y vendan el cannabis. (…) Básicamente cualquier mayor de 18 ó 19 años podrá adquirir cannabis.

(…) España es el país europeo, junto a la República Checa, donde más cannabis se consume (el 9,5% de la población afirmó haberlo hecho en el último año). Por otro, crece la aceptación social de la droga, sobre todo entre los jóvenes: seis de cada diez menores de 34 años defienden una regulación controlada, según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

En paralelo, en los últimos años han proliferado por todo el estado clubes sociales de fumadores de cannabis (con carácter recreativo en su inmensa mayoría) donde los consumidores se agrupan y adquieren la marihuana o el hachís de manera conjunta para intentar esquivar la ley. (…) abogan por un modelo centrado en el consumidor, en el que es necesario ser socio y donde prima la información y la seguridad en el consumo.

(…) El problema que se están encontrando estos espacios es que operan en un vacío legal y están a expensas de que el Gobierno regional de turno permita su existencia o no (no son secretos). La línea roja suele ser que tengan un número controlado de socios, un genérico no molestar a los vecinos ni llamar la atención y que no pueda entrar cualquiera a adquirir cannabis, señalan desde los clubes.

(…) Las empresas privadas también están viendo un futuro filón (…) y se posicionan para el día que se abra el mercado. En España actualmente hay hasta 20.000 hectáreas para el cultivo de marihuana aprobadas por el Ejecutivo en medio de un gran oscurantismo. Entre los últimos empresarios en ver el negocio está el magnate Juan Abelló, poseedor de una de estas licencias para la producción y venta de cannabis a través de la empresa Alcaliber.

Pablo Iglesias: «El segundo debate es a quién va a beneficiar la regulación del cannabis. ¿Queremos que sirva para beneficiar a grandes multinacionales o es una oportunidad de crear una industria pública? Creo que es evidente las ventajas de una regulación del cannabis por parte del sector público y como sector público».

La Universidad de Barcelona ha realizado un estudio en el que asegura que, de legalizarse el consumo, las arcas públicas ingresarían unos 3.312 millones de euros al año. Como propina, se reduciría el mercado negro de la marihuana al 15% del que hay en la actualidad, según la UB.

(…) Los clubes sociales de fumadores: «No nos parece correcto poner una sustancia al servicio del mercado sin más. Hay que aprender de los errores cometidos con otras sustancias como el alcohol o el tabaco para no estar arrepintiéndonos en diez años», (Eric Asensio, secretario general de CatFac, la federación de asociaciones cannábicas de Catalunya).

El caso de Euskadi

El Tribunal Constitucional (TC) validó la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias  (BOPV nº 69, de 13 de abril de 2016) concluyendo que no invade competencias del Estado en lo que se refiere a los clubes de consumidores de cannabis ya que no entra a regularlos.  Este fallo del TC contrasta con su sentencia de diciembre en la que sí anuló la ley navarra que regulaba los clubes de cannabis porque, al ser una droga ilegal abordaba una materia con incidencia en el ámbito penal y por tanto reservada al Estado. En el caso vasco, el Constitucional entiende que el artículo de la ley dedicado a los clubes de cannabis es acorde con la Constitución ya que no regula los clubes de cannabis y simplemente se limita a establecer que tienen como fin colaborar con la administración sanitaria.

La Ley de Adicciones y Drogodependencias pretende prevenir las adicciones y reducir la oferta de drogas, y en el caso concreto de los clubes de cannabis trata de darles seguridad jurídica. Por eso, la norma estipula que los clubes deberán estar «legalmente registrados», «sin ánimo de lucro» y «constituidos por personas mayores de edad». El texto recoge también que los clubes deben establecer «reglamentariamente» las condiciones de admisión a personas socias y que «únicamente podrán acceder a sus locales las personas mayores de edad».