El informe de Cáritas: 8,5 millones de personas sufren exclusión social
El informe de Cáritas, la ONG de la Iglesia católica, es uno de los más fiables de los que se difunden en nuestro país.
El último informe de Cáritas se ha elaborado a partir de 11.600 encuestas realizadas en todas las comunidades y con la participación de 130 investigadores de una treintena de de universidades. Este informe señala que 8,5 millones de personas (el 18,4% de la población española) sufren exclusión social. Esto significa que hay 1,2 millones de personas más en esta situación que antes de la crisis. De los 8,5 millones, casi la mitad (4,1) están en situación de exclusión social severa por inseguridad de vivienda, desempleo persistente o precariedad laboral extrema.
Tres bloques de riesgos sociales
En el VIII Informe FOESSA se identifican tres bloques principales de riesgos sociales, que afectan con más fuerza a la sociedad insegura y a la sociedad estancada.
- La pérdida de calidad de nuestra democracia.
Estamos arriesgándonos a que se vacíe de contenido ético y redistributivo, y se reduzca a un mero expediente político donde se enfatizan las formas y se guardan las apariencias. Estamos sustituyendo los vínculos por las conexiones. Las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales: se registran tasas de hasta el 75% de abstención en los barrios más desfavorecidos, que constituyen un precariado político que no participa en los canales tradicionales de representación.
Esto provoca que su voz desaparezca de los procesos electorales. Si las personas excluidas no votan, no entrarán en la agenda política, y si a la agenda política no le interesa fomentar su voto, esto ahondará más en su situación de exclusión social.
La desigualdad en sus diferentes dimensiones.
En primer lugar, la vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y tiene una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes.
– En los últimos dos años el alquiler ha subido un 30%.
– Dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda.
– El 11% de la población vive bajo el umbral de la pobreza severa, una vez descontados los gastos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda y los suministros de la misma.
En segundo lugar, el desempleo. A pesar de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos protegida, lo que, junto con la precariedad, manifestada en temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo, generan trabajadores pobres y excluidos, y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos.
La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho. Es, además, un privilegio con respecto a los demás. La precariedad laboral se ha convertido ya en una forma de vida de forma estructural en nuestra sociedad.
– El 14% de las personas que trabajan están en exclusión social.
– Uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días.
– El 15,1% de los hogares sufre inestabilidad laboral grave (son hogares en los que la persona principal ha pasado por 6 o más contratos, o por 3 o más empresas, o ha estado 3 o más meses en desempleo durante el último año).
– Aunque se ha conseguido reducir la exclusión por el empleo en un 42%, sin embargo 1 de cada 4 personas activas del conjunto de la población se encuentran en situación de exclusión del empleo. Si miramos solamente a las personas en exclusión social, serían 1 de cada 2.
– El 20% de las personas en hogares con al menos una persona desempleada no ha realizado ninguna formación ocupacional en el último año.
Una característica que nos diferencia de otros países de nuestro entorno y de un tamaño y desarrollo similar es que en la exclusión social en España va de la mano la mezcla de baja calidad en el empleo y costes elevados de la vivienda. El 37% de los excluidos del empleo lo están también en la vivienda.
En tercer lugar, las familias con niños y la juventud están más expuestos a la exclusión social.
– El 33% de las familias numerosas y el 28% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión social.
– El 21% de todos los hogares con menores se encuentran en exclusión social.
– La Encuesta FOESSA constata que cuando uno nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de instalarse en el pantano de la vulnerabilidad. Los que se criaron entre dificultades duplican a los que no crecieron entre penurias: esta es la marca de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y esa marca no para de crecer.
En cuarto lugar, las desventajas de las mujeres para vivir de forma integrada afectan a todas las dimensiones de la exclusión social. Destaca la brecha de ingresos en el empleo y en las prestaciones, su mayor riesgo de empobrecimiento, su acceso más precario a la vivienda, las diferencias en el estado de salud y la mayor exposición a situaciones de aislamiento social.
– Una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si esa mujer es inmigrante, 2 horas más.
– Cuando una mujer es la sustentadora principal del hogar tiene más problemas económicos para acudir a ciertos servicios médicos (odontología, tratamiento psicológico, podología).
– Los hogares sustentados por mujeres tienen que reducir con más intensidad los gastos de suministros de la casa y los gastos en comunicaciones. Y tienen más retrasos en los pagos de recibos o en los pagos de alquiler de la vivienda.
– Soportan, además, mayor volumen de amenazas de pérdida de vivienda, mayores cambios de residencia, mayores estrategias de tener que compartir casa con gente que no conocen, o tener que alquilar una habitación a otros, o mayores retornos a la casa paterna.
Por último, están los riesgos frente a la salud.
– La exclusión social y no la pobreza monetaria tiende a duplicarse en las personas con discapacidad. El 30% de ellas se encuentran en situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el doble que las personas sin discapacidad.
– El 8,8% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
– El 15% de la población no puede acceder a un tratamiento bucodental porque no se lo puede permitir.
VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España (Documento completo)
VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España (Resumen ejecutivo)
