El gobierno Rajoy rebaja el gasto sanitario

El Gasto Sanitario Público de España está más de un punto de PIB por debajo de la media europea, ocupando  el puesto 15 de los 28 países de la Unión Europea (7,2% ), muy lejos de  los países más desarrollados (Alemania Francia, Reino Unido, etc), por detrás de países como Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, teóricamente más pobres. No parece por tanto lógico reducir el gasto en salud cuando la mayoría de los países lo están incrementando. Las políticas de gasto sanitario del PP se han fundamentado en el recorte de recursos en lugar de incremento de los ingresos, como demuestra la disminución del presupuesto de sanidad mientras estamos diez puntos por debajo de la media de países europeos en presión fiscal.

¿Que pretende el Gobierno con esta rebaja?

Su objetivo teórico es alcanzar el objetivo de déficit marcado por la Comisión Europea, que supone una reducción de 16.000 millones de euros de gasto público y que el gobierno pretende cargar sobre el gasto social destinado a sanidad, educación, protección social o pensiones.

El objetivo real es debilitar al sistema sanitario público para crear espacios al sector privado y a los seguros médicos que han experimentado un gran crecimiento a pesar de los recortes.

¿Las contradicciones de esta rebaja?

1.- Con la descentralización del Estado se transfirió a las CCAA la responsabilidad de planificar y gestionar los presupuestos sanitarios. Esto supone, que si no hay un acuerdo con las CCAA, el Gobierno va a tener serias dificultades para alcanzar estos objetivos, a no ser que se vuelva a una vuelta a la centralización sanitaria (poco compatible con la actual Constitución). Aunque el Ministerio de Economía puso en marcha algunos instrumentos para financiar el endeudamiento sanitario de las CCAA a cambio de recortar gasto, estas siguen incrementado su endeudamiento y muchas de ellas destinan una parte de los fondos sanitarios a otras partidas, incrementando así las diferencias intercomunitarias.

2.- El Modelo de Financiación autonómica no responde a criterios de racionalidad ya que no  contempla indicadores de necesidades de salud ni tiene en cuenta los principales determinantes de gasto (farmacia y tecnología); no tienen carácter finalista lo que favorece que una parte del mismo se destine a fines no sanitarios; la financiación mediante impuestos indirectos (que gravan el consumo y la actividad económica) redujo la recaudación durante la crisis y condicionó que la sanidad perdiera su carácter redistributivo (a lo que habría que añadir la irracionalidad y el fracaso de los Fondos de Cohesión destinados a nivelarlo)

2.- La reducción del gasto entra en contradicción con el aumento brutal del Gasto Farmacéutico, especialmente el Hospitalario que creció en torno a un 25% en los últimos años. La subida del gasto en medicamentos es el resultado de la estrategia de los laboratorios farmacéuticos de fijar unos precios desproporcionados para los nuevos medicamentos para tratar enfermedades como la Hepatitis C (más de 30.000 euros por tratamiento), el cáncer o las enfermedades autoinmunes.  Por otro lado la compra irracional de aparataje tecnológico (pese tener una de las mayores tasas por habitante de la UE), el aumento de la concertación con el sector privado (al que se derivan numerosos pacientes en listas de espera), o la utilización de la Colaboración Público Privada para financiar, construir y gestionar nuevos hospitales (que multiplicó por siete el coste de los mismos.

3.- Buena parte de las CCAA están poniendo en marcha estrategias de investigación, desarrollo  e innovación (I+D+I) en colaboración con laboratorios, empresas tecnológicas y  fondos de inversión internacional (como los denominados Cluster de Salud), en los que los servicios sanitarios ponen los recursos (presupuestos, personal, centros, equipamiento diagnóstico y enfermos) mientras que el sector privado desarrolla nuevas patentes con los mismos (y que posteriormente son vendidas a precio de mercado a la misma sanidad pública que las financió). La finalidad de todo esto es favorecer el negocio de las multinacionales con recursos públicos y trasformar al sistema sanitario en un elemento al servicio del desarrollo empresarial (sic).

4.- Por último el recorte del gasto sanitario se solapa con un aumento de la demanda de atención asociada al aumento de la pobreza y del envejecimiento de la población.

Principales consecuencias de esta política:

1.- Aumento exponencial de las listas de espera (la patronal de hospitales privados se ha ofrecido recientemente a solucionar la quirúrgica a cambio de 1.700 millones de euros), asociado al desmantelamiento de servicios, cierre de camas y recorte de profesionales. La espera para operarse en España pasa de 83 a 115 días en seis meses. El número total de pacientes que aguardaba ser intervenido al acabar 2016 llegó a 614.101, 45.000 más que seis meses antes

2.- Deterioro de la calidad de la atención de los enfermos, especialmente de la Atención Primaria responsable de las actividades promoción y prevención de salud (durante la crisis los presupuestos hospitalarios crecieron un escaso 3%, mientras que en AP se redujeron un 22%). La participación del nivel primario en el gasto sanitario total esta en torno al 15%, muy alejado del 25% fijado por las principales sociedades profesionales

3.-Incremento del malestar y la frustración del personal sometido a reducciones salariales y aumento de la precariedad (las platillas se han reducido en más de 25.000 trabajadores aprovechando la no reposición de las plazas del personal jubilado, mientras que más de la mitad no tienen plaza en propiedad). Muchos profesionales están emigrando a los países nórdicos, Alemania, Austria o el Reino Unido.

4.- Riesgo para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema sanitario, dado que se reduce el gasto mientras aumentan los costes por la privatización.

5.- Aumento de las tensiones entre CCAA, que pueden poner en riesgo la cohesión del sistema.

Algunas propuestas para afrontar los problemas del gasto sanitario sin afectar a la salud de la población:

1.- Incrementar el gasto sanitario en 1 punto de PIB, para equipararnos a la media de los países europeos y como mínimo recuperar el % de gasto sanitario público de 2009.

2.- Cambiar el modelo de Financiación Sanitaria para garantizar la equidad y la racionalidad en el reparto presupuestario, que debería tener carácter finalista.

2.- Mejorar la racionalidad del gasto potenciando la Atención Primaria e incrementando los fondos para la Promoción y la Prevención de salud.

3.- Acabar con el modelo de colaboración Público Privada para financiar y gestionar nuevos centros, la formación, la investigación y la innovación sanitaria. Reintegrar al sistema público los recursos privatizados dado su elevado coste.

4.- Poner en marcha medidas para controlar el gasto farmacéutico: Potenciar los medicamentos genéricos, controlar la presión de la industria sobre los profesionales, fijar precios racionales para los nuevos medicamentos, controlando su financiación si no aportan mejoras sobre los ya existentes.

5.- Exigir la dedicación exclusiva de los trabajadores del sistema público, especialmente del personal facultativo con capacidad de prescripción, para evitar la parasitación del sistema público por el privado.

6.- Racionalizar el uso de los recursos diagnósticos y terapéuticos mediante la generalización de protocolos y guías clínicas basadas en una resultados científicamente comprobados.

5.- Potenciar el Consejo Interterritorial de Salud como organismo para conseguir acuerdos entre CCAA.

6.- Elaborar el Plan de Salud Estatal (contemplado en la Ley General de Sanidad en 1986 y nunca realizado), con la participación de los Servicios de Salud Autonómicos y del Consejo Interterritorial de Salud, que defina las necesidades y problemas de salud prioritarios y permita un reparto justo y racional de los recursos en base a estas.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

2 de Noviembre de 2017