El gasto farmaceútico superará los 10.000 millones en 2017, mientras el copago priva de tratamiento al 13,4 % de los pacientes
El techo de gasto de 10.000 millones no se rompe desde 2011, cuando el gasto farmacéutico anual público sumó unos 11.135 millones de euros, justo antes de que el Gobierno aprobara el Real Decreto Ley 16/2012, con drásticas medidas para reducir esta partida con motivo de las crisis financiera por la que pasaba el país.
Fuente: redaccionmedica.com
Se siguen cumpliendo las previsiones sobre el gasto farmacéutico público por receta del SNS. Este indicador ha encadenado siete meses de crecimiento en el 2017 que acaba de terminar, sin ninguna medida gubernamental que le haya puesto freno.
Concretamente, en noviembre el gasto subió más de un 3 por ciento respecto a 2016, alcanzando los 862 millones de euros solo en este periodo, según datos del Ministerio de Sanidad. Este ascenso ha sido posible gracias, sobre todo, al incremento del gasto medio por prescripción, que ascendió un 2,37 por ciento, hasta los 11,28 euros. También tuvo que ver con este fenómeno el leve crecimiento de las recetas prescritas (que sumaron en noviembre 76.469.811, un 0,71 por ciento más).
De esta manera, desde enero y hasta el undécimo mes del año las comunidades autónomas han gastado en medicamentos dispensados en farmacia comunitaria unos 9.318 millones de euros, un 2,75 por ciento más que en 2016.
De hecho, todo apunta a que el gasto farmacéutico de 2017 se ha cerrado (a falta de que el Ministerio de Sanidad lo confirme) en más de 10.000 millones de euros. Solo es necesario que en diciembre se haya igualado la misma cifra que en 2016, de 843 millones, una cantidad que seguramente se haya superado.
Este techo de gasto no se rompe desde 2011, cuando el gasto farmacéutico anual público sumó unos 11.135 millones de euros, justo antes de que el Gobierno aprobara el Real Decreto Ley 16/2012, con drásticas medidas para reducir esta partida con motivo de las crisis financiera por la que pasaba el país.
Con todo, se espera que esta evolución se frene en enero, que es cuando han entrado en vigor los nuevos precios de referencia con los que las administraciones públicas esperan ahorrar más de 88 millones de euros.
Por comunidades autónomas
Por comunidades autónomas, el mayor incremento del gasto farmacéutico se concentra en los archipiélagos. Baleares y Canarias aumentaron sus partidas en noviembre un 6,47 por ciento y un 4,95 por ciento respectivamente.
En el otro lado de la balanza está Navarra, que fue la única región que logró reducir su inversión en medicamentos (-5,89 por ciento).
El copago deja sin medicamentos al 13,4% de los pacientes
Que el copago de medicamentos fuerza a muchas personas con pocos recursos a dejar de tomarlos es algo que observan con cierta frecuencia los médicos de atención primaria. Puede servir de ejemplo el caso real de un paciente de unos 50 años en situación de paro, que percibía una prestación de unos 400 €/mes, que sufrió un infarto, que pidió a su médico de cabecera que le cambiara la medicación recetada en el hospital porque el importe de las recetas rondaba los 100 €/mes, y no los podía pagar.
Cuando se habla de copago pensamos sobre todo en los pensionistas. Mucha gente opina que un pensionista no dejará de tomar la medicación porque su aportación no excederá de 0,27 euros/día, como no deja de comer si paga 1 euro/día por la barra de pan. Pero lo cierto es que las encuestas realizadas a pacientes de los centros de salud de Madrid muestran que, como consecuencia de los copagos establecidos en 2012, el 13,43% de los entrevistados ha dejado de consumir algún medicamento por motivos económicos, todos ellos estaban en el grupo de ingresos familiares inferiores a 1.000 euros. El mayor porcentaje de quienes dejaron de tomar medicamentos eran del grupo de parados; luego del de pensionistas y el menor del grupo con trabajo.
Los defensores del copago
Los defensores del copago hablan de copagos evitables, y de regular que los pacientes que tienen que adelantar mucho dinero no deban hacerlo, para evitar abandonos de tratamiento. Sin embargo, la realidad es que se ha introducido una barrera en el acceso a los medicamentos prescritos para un sector de la población que es precisamente el que tiene menos ingresos; es decir hay una desigualdad en el acceso a los medicamentos con un gradiente económico, y en el grupo con enfermedad crónica.
La literatura internacional muestra que los copagos aumentan la no adherencia a los tratamientos y que empeora el uso adecuado de los medicamentos. En España, ni ha habido mejoras de la equidad ni ha habido ahorro farmacéutico, dos de los objetivos perseguidos por la Administración al incrementar en 2012 el copago. Además, en un estudio reciente se ha descrito que hasta el 7,8 % de los pacientes españoles pensionistas con problemas cardiacos dejan de tomar algunos de los medicamentos prescritos. El copago afecta tan negativamente a la adherencia a los tratamientos prescritos que los resultados pueden ser catastróficos, en términos de seguridad para el paciente pero también económicos. Tan es así que una aseguradora americana pasó a financiar al 100% (copago 0) el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva después de demostrar en un estudio piloto el efecto negativo del copago previo .
Estas reflexiones en torno al copago vienen a cuento de su nula influencia para reducir el gasto farmacéutico. Comprobamos una y otra vez cómo se favorecen medidas que esquivan las causas primeras del imparable incremento de la factura farmacéutica. Éstas son la difusión de nuevas tecnologías sanitarias, a menudo muy efectivas pero también muy costosas (tratamiento de la hepatitis C), y la distribución asimétrica del poder en el mercado sanitario, que favorece a la oferta por encima de la demanda.
Este poder asimétrico tiene como consecuencia que los gestores públicos solo parecen capaces de instaurar medidas destinadas a penalizar el consumo (copagos), o a presionar la prescripción directa de los médicos de atención primaria (necesidad de visados de inspección para algunos productos, incentivos a recetar menos, incentivos a la supuesta mejor calidad de prescripción). Sin embargo, nada se hace sobre el omnímodo poder de la industria farmacéutica; ni sobre la calidad de los nuevos medicamentos; ni sobre los requisitos para incluir en la financiación pública nuevas moléculas, que cada vez aportan menos a la salud colectiva pero cada vez cuestan más al erario público y a los usuarios; ni sobre el comportamiento científico y profesional de muchos médicos abducidos por las nuevas tecnologías, poco sensibles a las condiciones particulares de los pacientes y nada alineados con los objetivos salubristas y de justicia distributiva del sistema sanitario.
Centro de evaluación
En los últimos años se viene insistiendo también en la conveniencia de poner en marcha un centro que evalúe de manera independiente y transparente los nuevos medicamentos. Algo similar al NICE inglés. Se trataría de tener una medida independiente de la aportación a la salud de cada nueva medicina, en los términos que importan al paciente (beneficios, riesgos, inconvenientes y costes) y en el balance coste-beneficio para el conjunto de la asistencia sanitaria y, en su caso, para su financiación por el sistema sanitario público.
Afortunadamente cada vez son más insistentes las peticiones de transparencia e independencia para las sociedades profesionales médicas y para los médicos individuales, así como las iniciativas que persiguen visibilizar las intenciones confesas e inconfesas de la industria farmacéutica, y que abogan por unas relaciones independientes de la política con la industria (eliminar las denominadas puertas giratorias), y por alejar la actividad médica de los “humos industriales”, como promueve en España NoGracias.
Para el caso concreto del infarto de miocardio, en los Estados Unidos se ha comprobado en algunos estudios que la eliminación de los copagos para los fármacos prescritos después del infarto no empeoró los resultados en salud; que al mejorar la cobertura de medicamentos recetados aumentó la adherencia a los tratamientos; y que descendió la tasa de eventos vasculares mayores. Por su parte, la reducción del gasto del paciente no supuso incrementos en los costes generales de salud.
Volviendo al caso del paciente infartado aludido en el primer párrafo, si el cardiólogo que le dió el alta hubiera sido menos proclive a estar a la última de tal nueva medicación a cada cual más costosa, y hubiera sido más sensible a las condiciones socioeconómicas del enfermo, habría encontrado una medicación tan eficaz pero más barata, tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Menos mal que hubo un médico de cabecera capaz de enmendar la plana al prestigiado cardiólogo.
Sería necesario, sin embargo, que los otros mecanismos de control de la prescripción y el gasto farmacéutico que se han citado, si funcionan de verdad, no exigieran mecanismos de solución de problemas in extremis.
Luis Palomo es médico y miembro del grupo Sanidad 17
