Editorial: Derecho a la salud también en las cárceles
Por Iñaki Márkez (OME, Osalde) y Jorge Barrón (Osalde)
Una mirada al contexto en estos comienzos del siglo XXI exige entender mejor el problema social, jurisdiccional y sociosanitario en nuestra sociedad. Con su individualismo competitivo y consumista, el declive del Estado de Bienestar, con el empuje neoliberal, descrédito de las políticas públicas y, con ello, de los servicios públicos, todo en un clima de inseguridad y miedo que reclama mayor protección, ley orden, policía y jueces, control y, si es preciso, cárcel.
La institución del Ararteko, año tras año y desde hace más de dos décadas, ha presentado importantes documentos sobre diversos colectivos sociales, las personas en prisión entre ellos. O las “Líneas generales de Política de Ejecución Penal y Penitenciaria” del Gobierno Vasco, y otros documentos más recientes. Sin dejar de lado propuestas planteadas desde colectivos sociales que trabajan con la mirada puesta en las personas en prisión cuando no las familias o las propias personas afectadas. Si se aplicara lo reflejado por estas instituciones daríamos grandes pasos adelante sobre la situación actual. Sin embargo, seguimos aún lejos de una política penitenciaria que tenga en cuenta los derechos y dignidad de las personas, las de dentro y fuera de las cárceles.
Contamos con una tasa de encarcelamiento en torno a 60 personas/100.000 hab., que llegarían a unas 95 si se contaran quienes teniendo residencia administrativa en la CAPV, están en otros C.P. fuera de la misma. Hay casi 1.400 personas recuidas con residencia en la CAPV, siendo un 6-8% mujeres, y un 25% personas extranjeras. Recordemos que la tasa de encarcelamiento española (de 120 reclusos por 100.000 habitantes) es muy superior a la media europea a pesar de que la tasa de criminalidad es baja. Si la tasa de encarcelamiento se acomodara a la de criminalidad, esta cifra se reduciría y «un 50% de personas encarceladas estaría en libertad», según la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario, Rosep.
Enfermedad mental Penitenciaria
Según Informes del Ararteko o las memorias de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles vascas y en las españolas, hay un porcentaje de reclusos con problemas mentales desproporcionadamente mayor que el de la población general, con una atención inadecuada. No obstante, las resistencias políticas y judiciales han estado excesivamente presentes. Los prejuicios, el estigma y la discriminación con esta población tan vulnerable y la no consideración de las cartas magnas ni de las declaraciones de derechos humanos formalmente aceptadas, hacen que siga pendiente asumir las recomendaciones de los organismos internacionales para proteger los derechos de las personas con enfermedad mental.
Ya la D.G.II.PP., ha señalado en diferentes trabajos, cifras de personas con enfermedad mental en torno a 1/3 o 1/4 de las ingresadas en prisión. A nivel estatal solo existen tres hospitales psiquiátricos penitenciarios, en Alicante, Sevilla y Barcelona, donde están ingresadas aquellas personas declaradas inimputables y que han de cumplir una medida de seguridad para tratamiento médico. Así, unos pocos cientos de enfermos mentales son trasladados a muchos kilómetros de su red de apoyo social. En nuestro caso se produce el traslado si está descompensado al Pabellón Jado del Hospital de Basurto, Hospital de Aita Menni en Arrasate o al Hospital Universitario de Álava hasta que se estabilice. Si es un paciente diagnosticado de trastorno mental grave, puede ser trasladado a otra cárcel de cumplimiento, a Palencia si no tienen arraigo familiar, a Burgos o quedan en el C.P. de Zaballa.
En la cárcel, patogénica en sí misma, los elementos críticos se acumulan: desarraigo, distancia, aislamiento, contenciones, régimen cerrados, etc. Muchas voces e instituciones autorizadas claman contra el hecho de que la cárcel sea un lugar apropiado para los enfermos mentales, haciendo valer la necesidad y el derecho de los pacientes de recibir un adecuado tratamiento en un entorno terapéutico, que no puede proporcionar la prisión.
Los tres problemas de salud en el medio penitenciario son las enfermedades mentales (6-8% trastornos psicóticos o trastornos mentales graves, más de 100 personas en la CAPV), las drogodependencias (afectados más del 50%) y las enfermedades infecciosas (en torno a la mitad asociadas al uso de tóxicos). Es la in-salud en prisión.
La prevalencia en las prisiones es seis veces mayor que en la población general, afectando a nueve de cada diez internos. Al menos uno de cada cuatro, el 25% padece una enfermedad mental según II.PP., sin considerar los trastornos asociados al uso de drogas. La probabilidad de sufrir un trastorno psicótico o/y una depresión severa es entre 4 y 6 veces más que la población general; o 5 a 8 veces más frecuentes el suicidio, con absoluto fracaso de los protocolos existentes. Esto convierte a los trastornos mentales en un grave problema de salud pública.
Enfermedades y episodios favorecidos por la realidad carcelaria actual: aislamiento, separación del entorno familiar y social, falta de privacidad y de autonomía, largos periodos de reclusión, inactividad, hacinamiento, o régimen basado en la seguridad y el castigo.
Tratamientos de personas penadas
Hay experiencias que demuestran que modalidades de intervención proactivas (programas activos o de tratamiento comunitario asertivo) con acercamiento a los pacientes, y alianzas terapéuticas, con metodología comunitaria que no se aplican, ni se plantean. En la práctica, las intervenciones psiquiátricas y psicológicas comunitarias están “a la baja” por razones ideológicas, no sanitarias.
Sin considerar medidas de seguridad sustitutorias, alternativas al ingreso en prisión mediante tratamientos ambulatorios, comunidades terapéuticas o en centro especializado, lo que sería un avance socio-sanitario. Si una de las banderas es la desinstitucionalización psiquiátrica, ante la inexistencia de hospitales psiquiátricos no hemos de solicitar la creación de hospitales psiquiátricos penitenciarios. Sí la creación de Unidades anexas a los actuales hospitales generales o a los hospitales psiquiátricos de la CAPV.
Llegan propuestas, con frecuencia señaladas desde colectivos de familiares y enfermos psíquicos, así como por profesionales de la Salud Mental, integrados en el Tercer Sector y también en la Sanidad Pública, en Osakidetza. Oigamoslas. La mejor forma de responder a la enfermedad mental y a las adicciones y, ni que decir cuando se combinan, es en medio abierto, buscando sustituir medidas de reclusión por programas comunitarios y socio-sanitarios extracarcelarios. El éxito de los mismos ha sido ampliamente demostrado en iniciativas en los países desarrollados de nuestro entorno.
Existen alternativas a la cárcel, aunque no suelen aplicarse. Son necesarios jueces que conmuten penas de prisión por medidas de seguridad orientadas a realizar tratamientos eficaces, terminando con la excepcionalidad del viejo Derecho Penal, coordinados con las redes de Salud mental dotadas de recursos, profesionales y de alojamiento, si están dispuestos a asumir retos de descongestionar la cárcel de casos psiquiátricos. Para ello es preciso que las competencias pendientes en este campo sean gestionadas desde la Administración pública autonómica con la participación de la sociedad civil organizada y los profesionales comprometidos. Con el derecho a la salud como bandera, que no debe perecer por cuestiones regimentales, con la observancia de profesionales sanitarios y juristas, reforzando los itinerarios de inserción sociolaboral. Una cuestión de respeto y responsabilidad social, en suma.
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Fotos: Ander Retolaza (Osalde)
