Editorial: Trabajo precario, salud precaria.

por Osalde, en Defensa del Derecho a la Salud en el trabajo

Raro es el día sin noticias de accidentes laborales graves y junto a las denuncias de trabajadores y sindicatos. Cada semana mueren una media de 10 personas en España por accidente laboral (INE)[i]. Para sus víctimas, sus familias y para toda la ciudadanía tan solo una es demasiado y el objetivo no puede ser otro que el de «siniestralidad cero». Pero vamos en dirección opuesta a esa meta merced a las politicas de austeridad suicida que se vienen sucediendo desde la crisis del 2008 en toda Europa. Y en España sobre todo a partir de las «reformas laborales» del gobierno Zapatero, rematadas por las aun más agresivas del gobierno Rajoy, obedientes ambos a las instrucciones de la «Troika».

En 2018 se produjeron casi 2.000 accidentes cada día, 730.686 en el año, de los cuales 10 fueron graves y 506 mortales.

Desde Osalde y la FADSP venimos insistiendo en los determinantes sociales de salud, de los que el trabajo es uno de los más influyentes. Un determinante que con demasiada frecuencia es ignorado por los propios médicos asistenciales o negados por las mutuas de trabajo. Su influencia en la salud como causa principal, caso de las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo, y otras como fuertemente condicionantes parece incuestionable en relación a situaciones de desempleo, temporalidad y precariedad por el progresivo deterioro de los derechos laborales que se está sufriendo por los diferentes colectivos de personas trabajadoras desde la crisis del 2009 y aun antes merced a las agresivas políticas neoliberales impuestas en España en mayor o menor medida por los sucesivos gobiernos del bipartidismo (Ver al final:II).

La propia desocupación constituye un indudable factor de riesgo de enfermedad y muerte para quienes la sufren. Es decir, la población en paro, justamente por esa condición, ve sometida su salud a mayores riesgos que la población ocupada. Si consideramos el trabajo asalariado son otra serie de factores los elementos determinante de la vida de las personas, como el estrés y la siniestralidad laboral, la presión del tiempo de trabajo, o la reducción de las horas de sueño y de ocio. El exceso de trabajo actuaría también en detrimento de las relaciones familiares y sociales, reduciendo el apoyo social, un elemento de primer orden para la salud integral.

Si bien tales factores son comunes en cualquier circunstancia de tipo socioeconómico, en la crisis se producen cambios en los patrones de riesgo para la salud: Impacto diferencial de la crisis económica en la salud de grupos sociales más vulnerables y cambios en la demanda de servicios de salud, lo que exige formular respuestas políticas adecuadas y estrategias para mitigar el impacto negativo en la salud. Los grupos más vulnerables son los desempleados, pobres, inmigrantes, minorías étnicas, madres solas con hijos, discapacitados y personas mayores.

La actual crisis económica parece ser la peor desde la Gran Depresión. Los graves problemas en el sector financiero se han extendido al resto de la economía y han provocado la caída del PIB, el aumento del paro, los déficits presupuestarios y la contracción económica. La investigación ha demostrado una relación significativa entre el desempleo y la mala salud tanto a nivel de la población como del individuo.

Algunos estudios evidencian en estas circunstancias: aumento de las tasas de suicidio y parasuicidio, alcoholismo, desarraigo familiar, adicciones, ludopatía y malnutrición.

La llamada “flexibilidad laboral impuesta” hasta límites inaceptables como los contratos «cero horas» con salarios incluso negativos por pago de «servicios de la empresa al trabajador», o los contratos a «falsos autónomos» todos típicos en las plataformas digitales como Uber ha ido aumentando como respuesta nuevo neoliberalismo a una crisis prolongada, que solo se preocupa de conservar y aun incrementar los beneficios empresariales a costa de un auténtico expolio de los derechos laborales y humanos, lo que obviamente también influye en el deterioro de la salud de los trabajadores, en la enfermedad, la siniestrabilidad y la muerte por causas laborales. El miedo de los trabajadores a ser reemplazados por otros miembros de la legion de desempleados hace que los trabajadores soporten las brutales condiciones de explotación a que son sometidos por algunas compañías y sin la protección de los gobiernos neoliberales.

Las mutuas laborales consiguen denegar y ocultar numerosos accidentes, enfermedades y bajas laborales. Ocasiones en que la Sanidad Pública se hace cargo del tratamiento. Pese a las sentencias contra las Mutuas y las protestas de los trabajadores, siguen recibiendo fondos públicos, gestionando miles de millones de euros al año y actuando al dictado de las empresas.

Los sindicatos han perdido poder para enfrentarse a este expolio y se ha restringido el derecho a la huelga merced al articulo 315.3 del CP. Recientemente los sindicatos mayoritarios han dado su apoyo a P. Sánchez sin exigir a cambio la derogación de las reformas laborales.Por otro lado, la precariedad y subcontratación dificultan de forma importante la participación de los trabajadores y trabajadoras en la prevención de riesgos laborales y ello genera un importante déficit sobre el seguimiento y control en las actuaciones de las empresas.

Aunque es un fenómeno generalizado, el deterioro de la salud y el riesgo para la vida presentan diferentes grados de intensidad según el empoderamiento social y político de los diferentes colectivos. Son múltiples los ejemplos de trabajos precarios que acusan con más dramatismo esta realidad. Las mujeres y los jóvenes son los más afectados en general y los inmigrantes constituyen un colectivo especialmente vulnerable.

Uno de cada cinco españoles, el 21,5 % de la población, vive en riesgo de pobreza o exclusión social con unos ingresos inferiores a 8.871 euros al año, una situación que afecta al 26,2 % de los menores de 16 años.

Uno de cada 10 adultos en edad de trabajar ahora trabaja en plataformas digitales como Uber o Deliveroo, según un estudio de la Universidad de Hertfordshire. Hace unos días falleció un joven nepalí de 22 años en Barcelona, víctima de la precarización. Repartía en bicicleta jugándose la vida con tantos otros en las calles de Barcelona. Un trabajo mal pagado y agotador. Lo normal es que recorran entre 60 y 80 km diarios en bicicleta. Son frecuentes los accidentes de trabajo que en la mayoría de las ocasiones son considerados enfermedad común. Los inmigrantes sin papeles son además explotados por intermediarios que se llevan una comisión. En 2017 530.000 inmigrantes llegaron a España en perfectas condiciones para ser explotados.

No hay nada mejor para ciertas empresas que disponer de una legión de mano de obra vulnerable, como es la inmigrante, para explotar con salarios de miseria, jornadas agotadoras, horas impagadas y condiciones de riesgo inaceptables.

Otro ejemplo es de las llamadas “Kellys”, camareras de piso explotadas por la externalización de éstos servicios. Jornadas agotadoras de trabajos duros que se asocian a frecuentes enfermedades laborales a menudo consideradas enfermedad común.

Los sectores que han sufrido un mayor incremento de los accidentes laborales, según CC.OO. son los de descontaminación y residuos (un 33,33%), personal doméstico (un 20,66%), servicios sociales sin alojamiento (13,12%), y recogida, tratamiento y eliminación de residuos (4,21%). Por ejemplo, entre 1994 y 2008 murieron en España 3.943 personas por enfermedades vinculadas directamente al amianto, muchas de ellas en Euskadi, a pesar de que desde 1976 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) estableció que todos los tipos de fibras de amianto podían provocar mesotelioma y carcinoma de pulmón. El Parlamento Vasco ha reclamado recientemente que se cree un fondo estatal para indemnizar a las víctimas del amianto, con el fin de «reparar el perjuicio» sufrido por las víctimas de dicha exposición.

En Sanidad también se ha producido un deterioro de los determinantes laborales de la salud. Se estima que en España se han perdido 55.000 puestos de trabajo de profesionales de la salud desde el RDL 16/2012. Lo que implica más carga de trabajo en peores condiciones y mayor riesgo de enfermedades laborales. Es especialmente en Atención Primaria donde más se ha acusado este deterioro: Mayores cupos, pacientes cada vez más complejos, complejidad burocrática, o nuevas prestaciones, como cirugía menor, seguimiento de cirugía mayor ambulatoria, anticoagulación oral, etc.

Para los estudiosos de la precaridad laboral y su repercusión sobre la salud, se imponen los estudios que tengan como objetivo establecer con más objetividad estas relaciones. Para los sindicatos las causas se encuentran en la ausencia de implantación de medidas preventivas, falta de formación de los trabajadores y trabajadoras, precariedad laboral, subcontratación injustificada, rotación y alta tasa de temporalidad.

Los profesionales de la Salud no podemos ignorar uno de los factores más importantes de enfermedad, siniestralidad y mortalidad. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge expresamente en su artículo 10 la colaboración que debe existir entre las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria referente al tema de la salud laboral, y en relación con la Ley General de Sanidad. Para ello se deberán establecer e implantar sistemas de información adecuados, que permitan elaborar, junto con las autoridades laborales competentes, mapas de riesgos laborales, así como la realización de estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores, haciendo posible un rápido intercambio de información entre el medio laboral y el medio sanitario.

Pero la realidad es que durante los estudios de licenciatura en medicina, la formación en materia de salud laboral es prácticamente nula.

No sólo no se conocen los aspectos legales y los trámites necesarios ante hechos tan comunes en la práctica médica en atención primaria como es el accidente de trabajo, sino que otras patologías relacionadas con el trabajo, como son las enfermedades profesionales, son prácticamente desconocidas. El médico de atención primaria no siempre piensa en la posibilidad de establecer un nexo entre las distintas afecciones que presentan los pacientes y los riesgos relacionados con su actividad profesional.

El progresivo incremento de la siniestrabilidad laboral actual debe considerarse una verdadera emergencia social y sanitaria que exige cambios profundos en la legislación, recuperando en primer lugar los derechos perdidos por la sumisión de los diferentes gobiernos a las exigencias del capitalismo neoliberal, potenciando unos sindicatos fuertes que asuman la lucha por las mejoras de condiciones laborales de todas las trabajadoras, especialmente las mas vulnerables y frenando los abusos que el estado de cosas permite a la patronal.

Pero también reconociendo en la práctica asistencial estos determinantes que de no ser revelados pueden quedar ignorados y ocultos en muchas ocasiones, pudiendo ser causa de medicalización, derivas a especialistas y tratamientos inadecuados, sin abordar el nucleo determinante del problema que ha dirigido al paciente a la consulta, afectando tanto a su Derecho a la Salud como a sus Derechos Laborales e incluso de los Derechos Humanos.

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Notas: Principales reformas laborales

• Reforma laboral en España en 2010, realizada por el PSOE.
• Reforma laboral en España en 2012, realizada por el PP.

Recomendaciones de «Economistas frente a la crisis» relativas al trabajo precario

Terminar con un mercado de trabajo precario, inestable e ineficiente

La reforma del PP de 2012 ha conducido a España en la dirección equivocada: la extensión y agravamiento de la precariedad, el abaratamiento del despido, y la devaluación salarial han seguido colocando bajo mínimos el crecimiento de la productividad mientras aumentaba la desigualdad.

Es momento de revertir esta situación:

• Recuperar la estabilidad y la calidad laboral del empleo, actuando sobre el fraude en el uso de los contratos temporales y la regulación del tiempo parcial. Reforzar la causalidad del despido, y regular los sistemas de ajuste de las empresas, así como restablecer el papel moderador de la autoridad administrativa en los despidos colectivos.
• Restablecer la vigencia temporal de los convenios colectivos (ultraactividad) y la prioridad de los convenios sectoriales, y objetivar e introducir racionalidad en el poder del empresario para reducir unilateralmente salarios y condiciones de trabajo.
• Recuperar la vinculación entre salarios reales y productividad, suprimiendo los mecanismos que han forzado una devaluación permanente y generalizada de las retribuciones en todos los sectores.
• Modernizar las políticas activas de empleo aumentando su eficacia basándose en dos pilares: mediante un tratamiento continuo e individualizado a todos los desempleados (itinerario personalizado de inserción) y estableciendo un verdadero sistema dual de formación profesional y para el empleo.
• Continuar el progresivo aumento del salario mínimo iniciado en 2017, hasta situarlo en un nivel equivalente al 60% del salario medio neto, de acuerdo con la Carta Social Europea y los países de nuestro entorno.

Se trata de cambios imprescindibles para que la productividad crezca cuando lo hace la economía y el empleo, y no como ahora, solo en las recesiones y a través de despidos, igualándonos con ello al resto de los países de nuestro entorno. Y que solo son posibles mediante un diálogo social permanente que afronte los retos de las grandes transiciones económicas y sociales en curso sin que nad