COMUNICADO sobre las Agresiones en el Centro Penitenciario Alicante II en Villena

COMUNICADO

COMUNICADO sobre las Agresiones en el Centro Penitenciario Alicante II en Villena.

Desde estos colectivos profesionales de la Salud abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico rechazo y repulsa frente a las agresiones sufridas por un interno del Centro Penitenciario de Alicante II y por las que ha padecido la Subdirectora de Seguridad del mismo centro.

Ninguna conducta violenta puede tener cabida en los CC.PP., por lo que debemos ser intransigentes e investigarlas en profundidad, si tenemos la más mínima sospecha de su existencia. Es absolutamente inadmisible que una persona reclusa, con o sin enfermedad mental, pueda ser golpeada o maltratada durante su estancia en prisión, una institución que está obligada al mantenimiento de los derechos de las personas y perseguir su rehabilitación e inserción social. Si se produce cualquier duda en este sentido, se deben poner en marcha todos los mecanismos existentes al alcance de la institución para aclarar los hechos. Por ello, es inquietante que se intenten bloquear estos procesos, por medio de amenazas y agresiones a las responsables de velar por la transparencia y la seguridad, tanto de las personas internas como de los profesionales que trabajan en los centros, tal como ha ocurrido en el caso de la subdirectora de seguridad de Alicante-II.

Si en el caso del interno se confirmara que padecía un trastorno mental, el hecho sería especialmente grave. Las personas con enfermedad mental sufren, todavía hoy, el estigma de ser catalogados como sujetos peligrosos o violentos, cuando epidemiológicamente sabemos que la realidad es la contraria: suelen ser objeto de violencia por parte de su entorno social, y aún más en el medio carcelario, en el que no saben desenvolverse con facilidad. Son personas vulnerables y complejas, que requieren cuidados especiales, ofrecidos siempre desde el máximo respeto al marco de los derechos humanos, pero que se encuentran en un medio deficitario respecto a los estándares europeos, tanto en personal de atención directa, como de profesionales sanitarios generales y especialistas.

Pedimos que se tomen medidas que imposibiliten la repetición de hechos similares en el futuro y en todo el ámbito del Estado y que, en nuestra opinión, pasan por:

• Erradicación de cualquier conducta sospechosa de maltrato a los internos e internas.
• Evitar la masificación de los centros que se encuentran por encima de su capacidad recomendada.
• Aumentar el número de funcionarios que atiendan a la población interna y mejorar los recursos materiales de los CCPP.
• Impulsar la integración de la salud penitenciaria (incluyendo la salud mental) en los servicios sanitarios autonómicos, como forma de aliviar el grave déficit en personal sanitario que padecen los centros y que se va a agravar en los próximos años, mientras se trabaja en favor de modelos comunitarios de atención a la salud.
• Evitar repetir errores del pasado como la creación de macrocentros psiquiátricos penitenciarios. Al igual que en el resto de Europa, debemos apostar por unidades pequeñas, dentro del ámbito sanitario y autonómico, dotadas con altas ratios de personal.
• Abolir el régimen de aislamiento penitenciario.

La calidad democrática de nuestras sociedades se relaciona de manera muy directa con su sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables. A nadie se le escapa que los enfermos mentales en prisión son uno de esos grupos y por ello debemos esforzarnos en mejorar la atención que reciben e investigar cualquier sospecha de violencias institucionales.

10 de septiembre de 2021

OME, Osasun Mentalaren Elkartea/ Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria

Osabideak, Asociación en defensa de la Salud de las personas privadas de libertad

Osalde, Asociación por el Derecho a la Salud/ Osasun Eskubidearen aldeko Elkartea

Salhaketa,  Presoen Aldeko Elkartea