Activistas ambientales asesinados

Activistas ambientales asesinados

Fuente: Lahaine.org  207 personas fueron asesinadas en el mundo durante 2017 por la defensa de la tierra. América Latina concentró el 60 por ciento de los casos.

Resulta difícil discernirlo en medio de tanta sangre derramada, pero el patrón resulta clave para entender qué es lo que está pasando. En Brasil, Filipinas, México, Colombia y Honduras, cuando los pueblos se oponen al avance de la explotación del lugar en donde viven, los proyectos trasnacionales se imponen a bala y machetazo. Hay crimen detrás de esta etapa de expansión capitalista.

Basándose en información pública, la ONG Global Witness ha registrado un aumento, en los últimos años, en la cantidad de muertes violentas de defensores o militantes por la tierra y a favor del ambiente en el mundo (116 en 2014, 185 en 2015 y 200 en 2016). Como señala en su último informe anual, (1) en 2017 se registró la máxima cantidad de casos (207), aunque ese conteo es apenas parcial, ya que muchos ataques nunca se denuncian o son difíciles de verificar, sobre todo en África.

Brasil fue el país con más asesinatos de líderes sociales y defensores de la tierra (57) en 2017, mayoritariamente en la región amazónica. Le siguieron Filipinas, donde se registraron 48 asesinatos; Colombia, con 24 casos; México, con 15, y Perú con 8. En África, 12 de los 19 asesinatos que contabilizó la Ong fueron en República Democrática del Congo. Honduras (5), Nicaragua (4) y Guatemala (3) casi cierran la cuenta del continente americano, si no fuera porque en Argentina se suman las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el marco del conflicto por las tierras ancestrales mapuches ocupadas por el multimillonario Luciano Benetton. En Filipinas y México hubo un aumento exponencial de estos asesinatos, con respecto a 2016.

La agroindustria fue el sector más peligroso, superando a la minería por primera vez, con 46 personas asesinadas “por manifestarse contra la forma en que se producen los bienes que consumimos”. Es decir, en contra de las grandes plantaciones de palma aceitera, café, frutas tropicales, caña de azúcar, así como contra la ganadería.

En Filipinas

Aquí la mayor parte de las muertes se dieron en torno al conflicto por el cultivo de café. Una de las siete masacres (definidas como el asesinato conjunto de más de cuatro personas) que registró Global Witness ocurrió en este país

Ocho indígenas taboli-manubo, de la isla Mindanao, fueron asesinados el 3 de diciembre de 2017 en un ataque a la ciudad de Lake Sebu por parte de las fuerzas armadas filipinas. “Una misión de investigación encontró que cinco más resultaron heridos, diez desaparecieron y más de 200 tuvieron que evacuar la zona”, indica el informe. Los taboli-manubo habían rechazado la expansión de los cultivos de café de la empresa Silvicultural Industries (que ya ocupa 300 hectáreas de la isla) sobre sus territorios.

Global Witness señaló que en 2017 el presidente filipino, Rodrigo Duterte, anunció la meta de asignar 1,6 millones de hectáreas a las plantaciones industrializables, y que la mayor parte de esta expansión está prevista para la isla de Mindanao. En mayo de ese año, tras un atentado terrorista, Duterte decretó la ley marcial en este territorio, es decir, su militarización, pero en una redada protagonizada por militares fueron asesinados Datu Víctor Dayan -“uno de los principales opositores al avance cafetalero”, indicó la organización- y toda su familia.

Duterte es famoso por ser otro de los presidentes en embanderarse hasta el tuétano con la guerra contra el narcotráfico. Su país se convirtió desde entonces en el reino de las ejecuciones extrajudiciales, que son abiertamente defendidas por el presidente: “Ustedes se parten el alma por esos hijos de… ¿Cuántos? ¿Unos 3 mil? Mataré a más si con eso pongo fin a las drogas y a esta campaña”, sostuvo en febrero del año pasado, cuando le reclamaron por los 3 mil muertos que en seis meses cosechó su régimen.

A la mexicana

El informe de la Ong constató un aumento brusco en el número de asesinatos de defensores de la tierra en México -de los tres registrados en 2016 se pasó a 15 en 2017-, un salto que concuerda con un aumento global de las muertes violentas en el país, que en 2017 batió su récord de violencia con más de 31 mil asesinatos. Global Witness, además, señaló que de los 15 ambientalistas asesinados en 2017 en México, 13 eran indígenas. Uno de ellos fue Isidro Baldenegro, el líder rarámuri muerto en enero de 2017 (véase “La maldición del Goldman”, Brecha, 28-III-18) por defender el bosque de pinos y encinos de la Sierra Madre Occidental, también llamada Tarahumara. En 2017 Baldenegro, Víctor Carrillo y Juan Ontiveros Ramosantes siguieron a otros rarámuris asesinados en años anteriores por defender ese bosque, como Inocencia Molina, Elpidio Torres, Valentín Carrillo, Socorro Ayala y Jaime Zubías.

Sus comunidades se encuentran a 15 horas de camino por la sierra, en medio de una zona de alta producción de drogas, donde hay comunidades ocupadas de manera fáctica por el crimen organizado, lo cual llena la zona de sicarios (que es la versión mexicana de los paramilitares), explicó a Brecha Isela González, presidenta de la Alianza Sierra Madre, una organización que acompaña desde hace décadas a los rarámuris. González destacó que, además de la muerte de los militantes, se produce un silencioso desplazamiento forzado interno, porque “ante la recomendación de la Corte Interamericana de proteger a dos familias de nuestros compañeros asesinados, el Estado no pudo más que ofrecer el desplazamiento”.

En Coloradas de la Virgen, la comunidad natal de Isidro Baldenegro, vivían aproximadamente 1.200 personas. Hoy casi la mitad se ha desplazado a otros municipios y ciudades de Chihuahua, explicó González.

“Nos estamos enfrentando a intereses económicos, empresas madereras y caciques mestizos que por décadas han tratado de despojar a los territorios, ricos en madera de pino y de encino; ahora enfrentamos también a las concesiones mineras en estos territorios”, señaló.

Aunque las concesiones mineras ahora estén inactivas y figuren a nombre de particulares, saben que cuando se activen vendrán grandes empresas mineras a “agudizar los problemas”, afirmó. Las mineras canadienses ya son mayoría entre las que explotan la zona.

Los tribunales mexicanos han reconocido que se violó el derecho al consentimiento previo de las comunidades rarámuris para efectuar estas explotaciones, pero eso no ha evitado que la presión se mantenga por medio de la violencia. “En el caso de Isidro, fue apresado el autor material, sin embargo las autoridades se han negado a investigar si el crimen estuvo relacionado con su activismo en defensa del territorio y el bosque. Nosotros decimos que sí, las autoridades dicen que no; pero entonces que nos lo demuestren”, insistió. Por lo general, agregó, “hay mucha corrupción de los cuerpos policíacos, sobre todo a nivel municipal, con los autores de los ataques”.

Consentimiento

Global Witness sugiere que la vía para bajar el nivel de violencia que sufren los defensores de la tierra es que los estados respeten el consentimiento previo, libre e informado que les es reconocido internacionalmente a las poblaciones indígenas. Para que sea efectivo se debe hacer una consulta popular vinculante, insiste la Ong. Algo que no sucede actualmente: en donde se llevan a cabo, no se respetan las decisiones tomadas por la mayoría.

Levantando la cabeza hacia lo que viene, Chiapas emerge como el estado donde la violencia muy probablemente aumentará en México, ya que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, proyecta allí la explotación forestal de 1 millón de hectáreas en tierras indígenas ancestrales de la Selva Lacandona. También es la zona donde están asentadas las comunidades zapatistas.
Texto completo en: https://www.lahaine.org/fL3b

El último discurso de Ken Saro-Wiwa antes de ser ejecutado

Fuente: afribuku.com

Autor: Ken Saro-Wiwa

Señoría,

A todos nos incumbe la historia. Soy un hombre de paz, de ideas. Consternado por la pobreza denigrante de mi pueblo, que vive en una tierra dotada de riqueza, afligido por su marginación política y por la estrangulación económica, enfurecido por la devastación de sus tierras, su última herencia, ansioso por preservar su derecho a la vida y a una vida decente, y determinado a guiar el conjunto de nuestro país hacia un Estado democrático legítimo y justo que protege a todos y a cada grupo étnico y nos otorga una concesión válida para la civilización humana, he consagrado mis recursos materiales e intelectuales, toda mi vida, a una causa en la cual creo completamente y con la cual no puedo ser chantajeado o intimidado. No tengo ninguna duda en cuanto al éxito final de mi causa, y poco importan los juicios y las tribulaciones que yo y los que la secundan encontremos en nuestro camino. Ni la cárcel ni la muerte podrán parar nuestra victoria final.

Repito que a todos nos incumbe la historia. Mis colegas y yo no somos los únicos en juicio. La Shell también está en juicio y también está representada por un abogado que se supone está observando el proceso. Ciertamente, la compañía se ha escabullido de su juicio particular, pero llegará su momento y las lecciones aprendidas aquí probablemente resultarán útiles para ello, puesto que no me cabe la menor duda de que la guerra ecológica que la compañía ha conducido en el Delta será puesta en tela de juicio antes o después y los crímenes de esa guerra serán debidamente castigados. El crimen de la guerra sucia de la compañía contra el pueblo ogoni también será castigados

En juicio también está la nación nigeriana, sus actuales gobernantes y aquellos que les asisten. Toda nación que pueda hacerle a los débiles y desventajados lo que la nación nigeriana le ha hecho a los ogoni, pierde argumentos de cara a la influencia externa sobre su independencia y las libertades. No soy unos de esos que evita protestar contra la injusticia y la opresión, argumentando que eso es algo que se espera de un régimen militar. Los militares no actúan solos. Son apoyados por una pandilla de políticos, abogados, académicos y empresarios, todos ellos escondidos bajo el argumento de que están cometiendo su deber, hombres y mujeres a quienes les atormenta limpiarse los calzoncillos manchados de orina.

Todos estamos en juicio, señoría, por haber denigrado nuestro país con nuestras acciones y por haber puesto en peligro el futuro de nuestros hijos. Cuando suscribimos lo anormal y aceptamos la doble moral, cuando mentimos y engañamos abiertamente, cuando protegemos la injusticia y la opresión, vaciamos las escuelas, denigramos nuestros hospitales, llenamos nuestros estómagos de hambre y elegimos convertirnos en esclavos de todos aquellos que asignan estándares más elevados, buscamos la verdad y honramos la justicia, la libertad y el trabajo duro. Predigo que la escena que aquí se interpretará y reinterpretará por generaciones que aún no han nacido. Algunos ya se han propuesto para el rol de villanos, algunos son víctimas trágicas, otros todavía tienen la oportunidad de redimirse. La elección de cada uno es individual.

Predigo que el desenlace del misterio del delta del Níger se resolverá pronto. La agenda ha sido establecida en este juicio. El que las formas pacíficas que he favorecido prevalezcan dependen de lo que decida el opresor, de las señales que se envíen al público en espera.

En mi defensa frente a cargos a los que aquí me enfrento, desde mi absoluta convicción, apelo al pueblo Ogoni, los pueblos del delta del Níger, y las etnias oprimidas minoritarias de Nigeria para que se levanten desde ya y luchen sin miedo y pacíficamente a favor de sus derechos. La historia está de su lado. Dios está de su lado. El sagrado Corán dice en la Sura 42, versículo 41: “Todos aquellos que luchan cuando los oprimidos no son culpables, no serán castigados por Alá”. Que llegue el día.

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Ken Saro-Wiwa fue escritor, activista y productor de televisión nigeriano.

El 10 de noviembre de 1995 fue ejecutado por la dictadura del general Abacha, que en aquel momento gobernaba Nigiera, como consecuencia de las protestas continuadas por el desastre ecológico provocado por la petrolera Shell.

Saro-Wiwa pertenecía a la etnia de los ogoni, que vivía en el Delta del Níger, zona declarada para la explotación del petróleo desde 1958. Fue presidente del MOSOP – Movimento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, que emprendió numerosas luchas para denunciar los asaltos ambientales y sociales por parte de compañías petroleras extranjeras. El gobierno nigeriano prohibió la cobertura mediática del acontecimiento y se calcula que alrededor de 2.000 personas fueron asesinadas por el régimen y que la presión del ejército provocó la huida de miles de ciudadanos. Saro-Wiwa, que había sido candidato al Premio Nobel de Literatura, fue ejecutado a escondidas junto a otros 8 miembros de la comunidad ogoni.

Traducción del inglés al español: Alejandro de Los Santos