Aborto: Deshacer el recorte del PP
El Congreso da primer el paso para deshacer la reforma del aborto del PP que quitó derechos a las menores de 18 años Fuente: Eldiario.es
Está siempre pendiente en la agenda feminista. El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que tanto se dio hace unos años, sigue todavía coleando y esta semana entra en el Congreso de los Diputados. Lo hace mediante una proposición no de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que entre otras cosas, pide deshacer la reforma del PP de 2015, que impide a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin consentimiento. La iniciativa es una declaración de intenciones que se debatirá este martes en la Comisión de Igualdad como una especie de tanteo con la intención de darle continuidad con propuestas, ya sí, vinculantes.
«Si son adultas para muchas cosas también lo son para esto. Este país ya estuvo de acuerdo, es un retroceso de derechos incomprensible para una democracia», explica la diputada de En Marea, Ángela Rodríguez, que defenderá la iniciativa.
Se trata de tomarle el pulso a la cámara para saber por dónde respira dos años después de la reforma que impuso el PP para modificar la ley del 2010 de Zapatero. La amenaza era mayor: el objetivo del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, era tumbar por completo la norma socialista y alumbrar la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Quería sustituir los plazos –la interrupción es legal en un tiempo marcado independientemente de las razones– por los supuestos –solo lo es si la mujer se circunscribe a unos motivos concretos–.
Sin embargo, el Gobierno abandonó la idea entre las protestas multitudinarias del movimiento feminista, y mantuvo solamente lo que tenía que ver con las menores de 16 y 17 años. Con la nueva norma, les arrebató el derecho a decidir si interrumpían voluntariamente su embarazo y les obligó a que el consentimiento fuera prestado por sus progenitores. Ruiz Gallardón dimitió al ver truncado su plan inicial. El PSOE y Unidos Podemos siempre se han mostrado partidarios de recuperar el consentimiento de las menores.
Así lo establecía la versión anterior al Gobierno de Mariano Rajoy, la de 2010, por la que el consentimiento les correspondía a ellas, aunque al menos uno de sus progenitores debía estar informado de la decisión. Sin embargo, la regla contemplaba una excepción: cuando la menor se expusiera a una situación de violencia por hacerlo, no debía informar a sus progenitores. Cinco años después el rodillo del PP acabó con ello, exponiendo a las jóvenes, según las organizaciones feministas, al aborto clandestino.
Los conservadores no contemplaron en su reforma situaciones de violencia en el ámbito familiar, simplemente eliminaron este artículo de la ley socialista y, aunque dieron marcha atrás en la idea inicial de reforma, mantuvieron un recurso en el Tribunal Constitucional que presentaron en 2010. Desde entonces, ha aplazado el debate, nunca se ha llegado a dictar sentencia y el recurso sigue parado.
Fuentes del Constitucional consultadas por eldiario.es aseguran que no hay vocación de iniciar el debate sobre un recurso que algunos magistrados prefieren dejar en el cajón. «Hay una opinión mayoritaria de dejar el asunto dormido y no afrontar la posibilidad de sentencia», explican. Frente a esta opinión, otros magistrados se decantan por archivar el recurso con el argumento de que el recurrente (el Partido Popular) ha gobernado con mayoría absoluta y posibilidad de reformar los artículos que consideraba inconstitucionales: «No lo han hecho y de ello se puede deducir que el recurso ha perdido su sentido inicial», aseguran.
Progenitores informados sí o no
Los partidos que se muestran dispuestos a abordar el debate de la interrupción voluntaria del embarazo encuentran en el punto de si los progenitores deben o no ser informados una de sus posibles desavenencias. La propuesta de Unidos Podemos apuesta por devolver el derecho a las menores, pero «dejando también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus progenitores».
Ciudadanos, por su parte, presentará una enmienda propia para pedir que en un plazo determinado se elabore un estudio sobre los efectos de la reforma popular en las menores. En base a esos resultados «habrá que definir cuál es la mejor manera de abordar el tema», explica Patricia Reyes, diputada de la formación, que aún así apunta a que no descarta apoyar la propuesta de Unidos Podemos.
Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), casi el 90% de las chicas que se sometieron a un aborto en 2014 lo hicieron acompañadas de sus familias; el resto, alegaron diferentes motivos para no hacerlo, como abandono, progenitores en prisión, mujeres migrantes que viven emancipadas en nuestro país o víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.
Un dato que, para el PSOE, que siempre se ha mostrado partidario a regresar a su ley, hace necesario insistir en las menores que viven situaciones conflictivas con sus progenitores y no pueden informarles. «La obligación de la información se negoció intensamente en la redacción de la ley de 2010 y al final se decidió que debían ser informados porque era un punto que podía haber tumbado sin dudarlo el TC; era la forma de garantizar el derecho», explica la diputada Ángeles Álvarez.
«Debemos negociar con todas las fuerzas políticas, no solo la izquierda. Sin embargo, podemos arriesgarnos a poner en riesgo los derechos de la mayoría por introducir un elemento de máximos», prosigue. La formación se comprometió el pasado 28 de septiembre, en el día internacional del aborto, a dar marcha atrás a la reforma: «Desde el PSOE nos comprometemos a modificar la ley, cuando existan las condiciones políticas adecuadas», en especial lo referido a las menores para «evitar el grave riesgo que puede suponer para sus vidas que acudan al aborto clandestino e inseguro», explicó el partido en una nota.
De hecho, presentó un voto particular para el pacto de Estado contra la violencia machista que la Comisión aprobó aunque fue vetado por el PP –al no ser por consenso no se incluye entre las medidas del documento del pacto–. En él se pedía la modificación de la ley para que las menores de 18 años, víctimas de violencia intrafamiliar, en situación de desarraigo o «en otras circunstancias que las hagan especialmente vulnerables» no se vean obligadas a contar con el consentimiento.
Más allá de las menores
La PNL no solo se refiere a las jóvenes de 17 y 18 años, también incorpora otras demandas como la implantación de un programa de formación para las y los profesionales sanitarios, introducir mecanismos de apoyo para las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y que, en 2015, fueron 94.000, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La cifra no ha parado de descender desde 2010, con un pequeño repunte en 2011.
Sin embargo, la mayor parte de abortos siguen realizándose en clínicas privadas (83.153 en 2015 frente a los 11.035 en centros públicos). Por eso Unidos Podemos reclama que se investigue el por qué de estas cifras, se suprima los tres días de reflexión que contempla la ley, se escuche a la mujer en los comités clínicos que deciden si autorizan el aborto o no cuando excede del marco temporal autorizado o que pongan mecanismos contra el acoso de grupos contrarios al aborto que a día de hoy siguen instalándose a las puertas de las clínicas de muchas ciudades españolas.
«Queremos volver a recuperar el espíritu integral que mantiene el movimiento feminista respecto a los derechos sexuales y reproductivos, que está bastante recogido en la ley de 2010, pero faltan cosas por desarrollar»
explica Ángela Rodríguez. De hecho, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que desarrolla la ley, fue paralizada tras la entrada del PP a la Moncloa, nunca se ha evaluado y ni siquiera se ha renovado tras caducar en 2015.
