Sanidad quiere regular los conflictos de intereses entre médicos e industria farmaceútica
600 millones de euros: La industria con base en España destinó 118 millones de euros para la asistencia a reuniones y congresos; 98,5 millones a las organizaciones responsables de estos encuentros; 259 millones en contratos con organizaciones y profesionales para proyectos de investigación; 84 millones en concepto de prestación de servicios profesionales, y 37,5 millones en donaciones (Fuente: diariomedico.com)
Los conflictos de interés que afectan a las personas y organizaciones expertas pueden originar que sus recomendaciones o informes se alejen del interés general. El artículo 11 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, sentó la transparencia y la imparcialidad como principios informantes inexcusables en la actuación de las organizaciones científicas, profesionales y personas expertas que colaboren con la administración en evaluar acciones o realizar recomendaciones que afecten a la salud pública.
Sanidad quiere regular los conflictos de interés e imponer la transparencia en todas las organizaciones, sociedades y profesionales que participen en decisiones que afecten a la salud. El Ministerio de Sanidad ha abierto para ello este martes a consulta pública un proyecto de Real Decreto que quiere desarrollar el artículo 11 de la Ley 33/2011 de Salud Pública, dedicado a la imparcialidad de las actuaciones sanitarias. Cualquier interesado puede realizar aportaciones para que se incluyan en la nueva norma hasta el próximo 6 de noviembre.
Opiniones
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este documento, hasta el día 6 de noviembre de 2019, a través del siguiente buzón de correo electrónico:
normativa.dgspci@mscbs.es
Regulación actual sobre transparencia (Diariomedico.es)
Los conflictos de interés y la transparencia están regulados de momento en el artículo 11 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública que Sanidad quiere desarrollar. Pero también en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que afecta sólo a los altos cargos. En la Ley 3/2015 también hay exigencias sobre conflicto de intereses en la Administración estatal. Otra de las normas que están regulando de momento estos conflictos es la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que se refiere a los participantes en procedimientos de licitación.
Finalmente, hay algunas otras normas, como la Ley 14/2007 de investigación biomédica, que en su artículo 12 establece la obligación de los comités de ética de investigación de hacer una declaración de intereses; el Real Decreto 1275/2011 que fuerza a declaraciones de intereses a los expertos y participantes en comités de la Agencia Española de Medicamentos; y el Real Decreto Legislativo 1/2015 que aprobó el texto refundido de la Ley del Medicamento, que fija las incompatibilidades entre el ejercicio clínico de la medicina y su facultad para prescribir, con cualquier otra clase de intereses económicos.
El nuevo decreto aspira a llenar los huecos que dejan estas normas e ir más allá trascendiendo la salud pública para extender cualquier otra cuestión que afecte a la salud.
