En España aún hay 310.000 ciudadanos en lista de espera de la dependencia
El Índice DEC es el único estudio que trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de un Sistema, los Servicios Sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España. Fuentes: Directoressociales.com elmundo.es
El Observatorio Estatal para la Dependencia ha presentado hoy los datos relativos al año 2017, en los que se recoge que en España hay 1,26 millones de dependientes reconocidos -51.000 más que el año anterior-, un 3% de la población. Sin embargo, ese año quedaron pendientes de valoración más de 120.000 personas.
Según este estudio, un total de 38.000 personas dependientes fallecieron en 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios que les correspondían, 104 cada día, y en España aún hay 310.000 ciudadanos en lista de espera de la dependencia.
La dependencia en España tiene nombre de mujer, ya que dos de cada tres dependientes son mujeres. El 72% de ellos tiene más de 65 años y más de la mitad, casi el 55 %, supera los 80.
En la presentación del informe, el presidente del Observatorio y de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado el «sufrimiento terrible» que padecen estas personas vulnerables y que año tras año se mantiene la cifra de dependientes severos que no reciben la prestación que necesitan.
«No puede ser que el Estado abandone a esas personas», es «una crueldad la desatención de las personas más vulnerables», ha subrayado.
El Observatorio vuelve a constatar las «gravísimas desigualdades» en la atención a la dependencia existente entre las distintas comunidades autónomas: Castilla y León y Castilla-La Mancha están a la cabeza, con notas de 9,29 y 8,21, respectivamente, mientras que Canarias (1,79), Baleares (2,14) y Cataluña (2,5) se encuentran a la cola.
También suspenden Extremadura (2,5), Aragón y Asturias (ambas con 3,21), Ceuta y Melilla (3,57), Comunidad Valenciana (3,57) y Madrid y Navarra (ambas con 3,93).
Aprueban Cantabria (5,36), Murcia y País Vasco (5,71), La Rioja y Galicia (6,07) y Andalucía (6,43). La nota media del país se sitúa en 4,62.
Si se tienen en cuenta las listas de espera, la comunidad que sale peor parada es Cataluña, con un 37,1 % de los dependientes reconocidos esperando su prestación o servicio. Le siguen Canarias (36,6 %), La Rioja (32,2 %), Andalucía (31,8 %) y Extremadura 27,2 %).
En Castilla y León la lista de espera se limita al 1,4% y en Castilla-La Mancha, al 5,2%.
En cuanto al gasto público por dependiente, la media nacional es de 6.665 euros anuales, pero las cifras oscilan entre los 4.271 euros de Ceuta y Melilla o los 5.181 de Murcia a los 7.698 euros del País Vasco y a los 7.683 de Cantabria.
A pesar de las diferencias, se ha producido un incremento anual de las personas dependientes atendidas en todas las comunidades autónomas -la media es del 10,3%-, a excepción de La Rioja, donde han descendido un 2,3%.
El coste de las prestaciones y servicios entregados a la atención de la dependencia ascendió en 2017 a 7.597 millones de euros: las administraciones aportaron el 79,5% y los usuarios el 20,5% restante mediante copago.
Actualmente, según el informe, la atención a la dependencia genera 200.000 empleos directos y el Estado recauda casi 2.900 millones de euros por la aplicación de la Ley.
Aunque aún tiene «muchas pegas», el Observatorio destaca que la mayoría de los parámetros de gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) mejoraron el pasado año, si bien dicha «reactivación» responde en gran medida a los servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes más moderados (grado I) y al esfuerzo de las comunidades autónomas.
«A pesar de los numerosísimos problemas, el SAAD parece haberse consolidado», ha indicado el portavoz, quien ha destacado que se han estabilizado las solicitudes en torno a los 1,5 millones de solicitantes, que 3 millones de personas han pasado por el sistema y casi 1 millón son atendidas.
¿RETORNO AL ASISTENCIALISMO? (texto: Informe Indice DEC)
La principal duda que plantea la evolución del Sistema Público de Servicios Sociales y su situación actual, es si no se está produciendo una involución hacia formas asistenciales, más propias de épocas ya superadas.
La debilidad de otros Sistemas de protección social y el incremento de situaciones de pobreza, que afectan a millones de personas en España, tienen mucho que ver con este riesgo. Así estamos viendo cómo, cada vez más, se hace responsable a los servicios sociales de atender a estas situaciones de pobreza.
Asociar pobreza y servicios sociales es mandar un mensaje absolutamente distorsionador de la realidad, que en lugar de poner el acento en las verdaderas causas de la pobreza y en sus soluciones, convierte estas situaciones en marginales y encomienda su atención a un Sistema que consideran que debe ocuparse de la marginación: los Servicios Sociales.
En el nuevo modelo de sociedad, pobreza ya no es sinónimo de marginalidad o de exclusión. Aunque, evidentemente, la cronificación de situaciones de pobreza, su extensión y concentración, conlleva gravísimos riesgos de exclusión social, en los que los servicios sociales podemos y debemos intervenir con actuaciones preventivas o recuperadoras. Pero estos riesgos no justifican asociar pobreza con marginación o exclusión social. Ni mucho menos considerar a todas las personas que viven situaciones de pobreza, como marginados o excluidos, y tratarlos institucionalmente como tales. Los 8 millones de trabajadores/as pobres de los que hablan las estadísticas, son buena prueba de lo impropio de asociar pobreza y exclusión social, y de abordar con respuestas asistenciales su situación. Sin embargo, se traslada a los servicios sociales la responsabilidad de atender las situaciones de pobreza desde prácticas asistenciales.
La proliferación y diversidad de ayudas para paliar carencias materiales (vivienda, energía, alimentos…) convierten a los servicios sociales en oficinas de cheking social para clasificar a los ciudadanos. Y en oficinas pagadoras, con cargo a sus propios y limitados recursos. El “bono social” eléctrico es la más reciente muestra de esa deriva asistencial a la que se está obligando a los servicios sociales: una ayuda puramente asistencial, para paliar una de las consecuencias de la pobreza, decida desde el Ministerio de Fomento, que podría costar 300 millones de euros a los presupuestos de los servicios sociales de las Entidades Locales (en detrimento de otras atenciones), y que va a sobrecargar las estructuras básicas de servicios sociales con tareas puramente gestoras de una ayuda asistencial. Estas tareas condicionan la capacidad de los servicios sociales para abordar aquello que nos es propio: prevenir y asumir riesgos o situaciones de exclusión, y todo lo relacionado con la convivencia personal y social –incluida las situaciones de dependencia– ¿Pueden los servicios sociales abordar con eficacia estas tareas, si no dejan de ser gestores de ayudas asistenciales, oficinas de cheking social?
Por eso los incrementos que en la presente aplicación del Índice DEC constatamos tanto en la inversión en servicios sociales como en la cobertura de prestaciones y servicios, quedan marcados por la duda de si realmente constituyen una evolución de la capacidad del Sistema para abordar sus cometidos específicos, o si sólo expresan una proliferación de ayudas asistenciales y un incremento de los servicios en los que recae su gestión. Es cierto que los indicadores que utiliza el Índice DEC no permiten un análisis tan detallado del Sistema como para responder de forma rotunda a esta duda. No obstante, se pueden apreciar algunos indicios.
Así, el incremento presupuestario no se corresponde con un incremento generalizado de los diversos servicios; dos son los indicadores de cobertura que más incremento registran: los profesionales de las estructuras básicas de servicios sociales y la cobertura de las Rentas Mínimas de Inserción. El primero de ellos, que se corresponde con los servicios sociales de atención primaria en el ámbito local, son los que reciben las demandas de ayudas asistenciales y las gestionan. Las Rentas Mínimas de Inserción son las que dan respuesta -casi siempre muy limitada e insuficiente-, a la ausencia de una garantía de rentas a nivel estatal. El resto de indicadores de cobertura de servicios, especialmente los apoyos domiciliarios o los centros diurnos y residenciales, en general no muestran un crecimiento significativo (salvo en el caso de personas sin hogar).
Todo ello nos lleva a plantear un profundo debate sobre la evolución del Sistema Público de Servicios Sociales, que profundice en los riesgos de involución que hemos señalado.
