Las CCAA disponen de fórmulas para eludir las leyes sanitarias anuladas
Según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid y exvocal del Consejo del Poder Judicial, Luis Aguiar, las comunidades pueden «rebajar los aspectos que entren en conflicto con las competencias del Estado» para salvar la derogación definitiva.
«Si se anula a través de un conflicto de competencias, no es como cuando una ley se declara inconstitucional, que guillotina a la norma, esto es salvable», explica el Catedrático. Además, cabe destacar que los conflictos de competencias en estos casos, no están claros, incluso, ni para los propios miembros del Tribunal, que, por ejemplo, en el caso de las ayudas al copago vasco, anularon la norma por siete votos a favor y cinco en contra.
El magistrado Antonio Narváez Rodríguez, por ejemplo, emitió un voto discrepante en el caso de este copago en el que declaró: “la comunidad autónoma del País Vasco tiene capacidad de ampliar el ámbito de las prestaciones sanitarias”. Sus compañeros Juan Antonio Xiol Ríos, Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer Callejón redactaron también una postura contraria a la anulación en la que señalaban que “el Sistema Nacional de Salud ha dejado sin cobertura a determinados colectivos, el mínimo estatal, antes universal, resulta ahora susceptible de mejora por las comunidades autónomas». Y añadían que con la anulación «se socava una consolidada doctrina constitucional sobre las competencias normativas compartidas en un Estado de estructura plural».
Los pasos de las Comunidades
Los distintos gobiernos regionales se han quejado por la anulación pero rápidamente han empezado a trabajar en la forma de ‘sortearla’. En el caso de Andalucía, los funcionarios sanitarios seguirán trabajando solo 35 horas presenciales y no las 37,5 que marca la ley estatal. Pero para evitar la suspensión del Alto Tribunal deberán realizar dos horas y media a la semana de trabajo no presencial.
La consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, también declaró que garantizaría el acceso sanitario universal. Para ello, no aplicaría el decreto anulado por el tribunal, sino que se ceñiría a las instrucciones aprobadas en 2015 a los sanitarios que se pronunciaban en el mismo sentido. Es una de las opciones que apunta el catedrático de Derecho Constitucional, Luis Aguiar: “Sea por decreto o sea por instrucciones pueden buscar que no se invadan las competencias del Estado”. En el caso vasco, por ejemplo, para eludir el copago se emplea la vía de la subvención o la ayuda. La otra fórmula que plantea Aguiar es que “la Comunidad en cuestión llegue a un acuerdo con el Ministerio y este transfiera la competencia en cuestión”.
