Día: 24 de enero de 2018

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El proyecto de Ley de Protección de Datos podría perjudicar a la salud pública

La investigación sobre enfermedades o sobre los factores que condicionan la salud de los ciudadanos y la vigilancia epidemiológica que se realiza se verá perjudicada si se aprueba el proyecto de ley de protección de datos tal y como lo plantea ahora mismo el Gobierno, sin establecer criterios específicos para el área de salud, recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.

Fuente: consalud.es

Así lo explica la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), entidad que ha elaborado una declaración en la que manifiesta su «preocupación por este nuevo marco legislativo» y pide al Gobierno que «remita en un plazo breve un proyecto de ley específicamente centrado en la protección de datos relacionados con la salud». El documento ha sido enviado a los grupos parlamentarios, así como al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para que se tomen medidas y no se impongan restricciones que serán «un perjuicio para el progreso y para el conocimiento de la salud de los ciudadanos».

La Sociedad Española de Epidemiología pide al Gobierno que «remita en un plazo breve un proyecto de ley específicamente centrado en la protección de datos relacionados con la salud»

A esta declaración se han adherido ya la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), la Asociación de Juristas de la Salud, la Asociación de Economía de la Salud(AES), la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), la Asociación de Enfermería Comunitaria(AEC) y la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria‘Hipatia’ (Saspas-Hipatia).

Además, el documento recoge el «malestar» que ha generado que se haya eliminado la disposición adicional que figuraba en un borrador previo, que instaba al Gobierno a remitir a las Cortes Generalesun proyecto de ley en el que se establecieran condiciones adicionales y, en su caso, limitaciones al tratamiento de datos relativos a la salud.

«La investigación, en ocasiones, requiere que prevalezca el interés general, necesitamos saber para conocer los factores que condicionan la salud o el desarrollo de enfermedades»

Si a los profesionales que trabajan en salud pública y en investigación científica en salud no se les permite acceder a determinados datos se pueden ver afectados estudios en curso, como puedan ser investigaciones en torno al cáncer, a las enfermedades raras o a «enfermedades infecciosas emergentes como el ébola o el zika, que es necesario controlar y actuar», explica Fernando García López, miembro del Grupo de Trabajo de Confidencialidad y Protección de Datos de la SEE. La investigación, en ocasiones, «requiere que prevalezca el interés general, necesitamos saber para conocer los factores que condicionan la salud o el desarrollo de enfermedades», señala.

En este sentido, la SEE cree que la salud, y en particular la salud pública y la investigación científica en esta materia, «necesita una legislación específica sobre protección de datos que de cuenta de sus particularidades, que difícilmente pueden estar recogidas en una ley de carácter general» y hacen hincapié que esta situación generará «una enorme inseguridad jurídica y tendrá como consecuencia la obstaculización de la práctica de la salud pública y la investigación científica en salud».

Proyecto de Ley de Protección de Datos de carácter personal

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NOTA DE OSALDE: En ésta crítica al Proyecto de Ley de Protección de datos habría que distinguir los aspectos diferenciales de las dos situaciones que se consideran perjudicadas al poner trabas a la utilización de los datos de los pacientes: La investigación epidemiológica y la investigación clínica.

En el caso de la Investigación Epidemiológica está claro que la Ley debería facilitar una información que es absolutamente necesaria para la vigilancia de enfermedades que afectan a la Comunidad, como son las Enfermedades de Declaración Obligatoria, Enfermedades Infecciosas, transmisibles y prevenibles. Dicha información nunca conlleva los datos personales que pudieran identificar a las personas y son de uso limitado a los Servicios de Salud Pública con el único objetivo de informarse de la situación epidemiológica y llevar a cabo las politicas adecuadas de prevención. Los organismos públicos correspondientes se limitan a recibir los datos que, con interés epidemiológico, se generan en los procesos de la atención sanitaria y no añaden ninguna prueba adicional a los pacientes.

Muy diferente es el caso de la utilización de los datos de los pacientes a efectos de Investigación Clínica. Dichos datos son utilizados tanto por organismos públicos como privados, investigadores y promotores en su mayoría pertenecientes a la Industria Farmaceútica. La investigación clínica, no solo genera conocimientos científicos, tambien conlleva riesgos de diferente naturaleza y gravedad. Razón por la cual es importante obtener de cada paciente el llamado «Consentimiento Informado», donde se le pide su consentimiento con la condición de informarle con toda claridad del proceso al que se le va a someter y los riesgos a los que se expone. Es además habitual que en dichas investigaciones se someta al paciente a pruebas adicionales que pueden resultar molestas o incluso añadir riesgos y que serían innecesarias en la atención clinica de su proceso. En éste caso, la Industria Farmaceútica y generalmente también los investigadores esponsorizados por los promotores, son partidarios de «agilizar» los rigurosos procesos de autorizacion de Ensayos Clínicos y facilitar el acceso a la información. Pero cuando esté por medio la seguridad de los pacientes, toda precaución es poca y la desrregulación supondría aumentar los riesgos, por lo que en éste caso no tendría a nuestro parecer objeto la reclamación de mayor acceso a los datos personales de los pacientes.

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El tratamiento ambulatorio involuntario, un asunto muy polémico

¿Qué puede hacer el psiquiatra para que el enfermo enajenado que rechaza la medicación, la tome? Diario Médico aborda este problema.

Fuente: diariomedico.com

«El tiempo pasa y la situación se agrava porque sigue sin someterse al tratamiento, entonces el especialista puede pedir al juez que autorice el internamiento involuntario del paciente en un hospital donde le puedan dar los fármacos que necesita y tenerle controlado. Pero, hasta llegar a esta situación extrema, el psiquiatra poco puede hacer»

El juez no puede autorizar que a este enfermo se le fuerce a recibir el tratamiento, sin un internamiento previo.

Esta realidad en la que «se puede lo más, pero no lo menos» es la que ha vuelto a denunciar la Asociación Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, con José Carlos Fuertes Rocañín, psiquiatra y forense, como una de sus principales voces y más reconocidas. Piden, una vez más, «que se regule el tratamiento ambulatorio involuntario (TAI)».

Fuertes Rocañín lo explica así: «Las características inherentes a la enfermedad mental hacen que el cumplimiento continuado del tratamiento por el paciente, que muchas veces no tiene conciencia de serlo, sea un severo problema. A fecha de hoy, no se dispone de una regulación que permita al clínico adoptar esa medida y al juez autorizarla, lo que genera una situación incómoda para el médico, peligrosa para el enfermo, frustrante para la familia y económicamente negativa para los sistemas públicos de salud».

El grupo de Ciudadanos en el Congreso ha mostrado interés por esta propuesta y a finales de esta semana está prevista una reunión en la que representantes de este partido se sentarán con Fuertes Rocañín, como representante de la asociación aragonesa.

Esta reunión para muchos es un déjà vu. Bobes recuerda que ya hubo otros intentos de regular el TAI: «Nosotros nos hemos reunido con todos los partidos políticos y les hemos presentado esta necesidad. Todos han mostrado su interés, pero no se ha hecho nada». En la reunión anual de la SEP, en Córdoba, a la que asisten jueces, psiquiatras y representantes de partidos políticos, «el TAI es un tema recurrente«.

Para los partidarios de autorizar esta medida, el paso del tiempo ha jugado a su favor. Tras los veinte años transcurridos desde el primer intento legislativo»el cambio en la posología médica que ha habido, hace posible tratamientos seguros, eficaces y cómodos de administrar», apunta Rocañín.

Sin embargo, la primera resistencia que encuentra esta iniciativa está dentro de la especialidad médica. No hay unanimidad. Hay psiquiatras que defienden la libertad y la autonomía del enfermo. Están en contra de la violación de los derechos fundamentales que supondría la autorización de una medida como esta.

Lo confiesan de manera anónima. Prefieren no aparecer. En la elaboración de este reportaje ha costado encontrar voces discordantes, aunque las hay.

  • El cambio en la posología médica que ha habido, hace posible tratamientos seguros, eficaces y cómodos de administrar», dice el psiquiatra Fuertes Rocañín

Francisco Sardina, abogado y presidente de la Fundación Manantial -entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la atención integral de personas con trastorno mental, en colaboración con el Servicio Madrileño de Salud-, afirma que «las posturas en pro del TAI están basadas en el estigma de estos enfermos. Todo tipo de coacciones en su tratamiento son malas praxis». Es más, señala, que «hay que abogar para que se haga un uso más restrictivo del internamiento forzoso, acudiendo a otras fórmulas como la hospitalización domiciliaria, donde el psiquiatra acude a ver al enfermo a su domicilio».

Razona que el abuso que se hace del internamiento involuntario «evidencia una incompetencia del profesional sanitario o una falta de seguridad en el establecimiento de la relación terapéutica».

María José Martín, psiquiatra de adolescentes en el Hospital San Juan de Dios, de Madrid, ha estado trabajando un año en el Centro Hospitalario de Vire, en Normandía (Francia), donde, según apunta, «cualquier actuación médica en contra de la voluntad del paciente está mucho más protocolizada y controlada. Siempre se requiere la opinión de varios facultativos para imponer un ingreso involuntario. En el tiempo que estuve allí, nunca vi ningún TAI. Creo que en España aun predomina una visión paternalista».

En la actualidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 763 recoge el internamiento involuntario. Ha habido algunos jueces que han autorizado el TAI fundamentándolo en esta regulación. Sin embargo, no hay unanimidad entre la magistratura a la hora de interpretar este artículo.

  • Sólo podría contemplarse el TAI cuando el enfermo haya cometido un delito», razona el magistrado Godino Izquierdo

José Godino Izquierdo, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, admite que pueda existir esa discrepancia interpretativa. Godino se muestra bastante pesimista cuando se le pregunta sobre la posibilidad de regular el TAI. «Sería difícil de entender porque sin cometer un delito no se puede ir contra la voluntad del paciente. Sólo podría contemplarse el TAI cuando el enfermo haya cometido un delito, como medida añadida al internamiento y porque exista un riesgo de reincidencia».

Pone varios ejemplos para ilustrar la dificultad de reconocer esta imposición que va contra derechos fundamentales: «No se puede obligar a un conductor a que se someta a un test de alcoholemia, aunque cuando se niega incurra en un delito de desobediencia; no se le puede obligar a nadie a que se haga un test de paternidad, por muchas pruebas que existan de que es el padre de la criatura; y tampoco se puede obligar a nadie que esté en huelga de hambre a que coma, a no ser que esté en la cárcel y, por lo tanto, bajo la tutela del Estado». En resumen, Godino Izquierdo ve muy difícil que esta cuestión prospere y, si lo hiciera, «debería contar con todas las garantías constitucionales».

Pero los partidarios de esta posibilidad tienen una respuesta para cada argumento en contra, porque llevan años cargándose de razones y porque, al final, apelan a una necesidad que surge de la realidad familiar, social y asistencial de la atención a estos enfermos y a su entorno.

La balanza se inclina hacia un lado

Un grupo de psquiatras y expertos en el TAI han respondido a dos preguntas: 1)¿Cree necesario regular el tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) en enfermos psiquiátricos graves? 2)¿Cómo valora la situación actual en el tratamiento de estos enfermos? ¿Qué mejoraría?

Miquel Bernardo
Presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y director de la Unidad de Esquizofrenia del Cliníc (Barcelona).

1. Es preciso tener un marco regulatorio que permita afrontar situaciones clínicas relevantes de personas sin consciencia de enfermedad y en riesgo.
2. Una regulación jurídica garantista, que equilibre libertades individuales y colectivas, ayudaría a resolver situaciones que en estos momentos generan un nivel de sufrimiento personal, familiar y social elevado.

Carlos Mur
Psiquiatra, director gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid). 

1. Sería una buena forma de asegurar el necesario tratamiento en personas con patologías graves, que menoscaban su juicio y competencias.
2. Ahora el abordaje de estas patologías varía mucho según la autonomía. La regulación podría suponer la prevención primaria de determinados actos punibles en el contexto de la enfermedad mental, que conllevan medidas privativas de libertad, una consecuencia que es peor que un TAI bien regulado.

Diego Palao
Director de Salud Mental del Hospital Parc Taulí de Sabadell y vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares.

1. Es imprescindible. Además hay unas recomendaciones del Parlamento europeo para desarrollar esta regulación.
2. La legislación actual solo nos permite ver cómo el paciente se va descompensando, porque no toma la medicación, hasta llegar a la situación extrema de tener que internarle. Con la regulación que pedimos, una minoría de pacientes graves podría mejorar su calidad de vida y la de su entorno. La legislación se debe adaptar a la Psiquiatría actual.

Julio Bobes
Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y miembro del Cibersam.

1. Estamos muy interesados.
2. Actualmente los paciente no se adhieren a los tratamientos porque no tienen conciencia de su enfermedad. Autorizar el TAI permitiría poder tratar a estos enfermos, estabilizarles antes de que la situación se agrave y evitar así su sufrimiento y el de su entorno.

Francisco Sardina
Abogado y presidente de la Fundación Manantial
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1. No, todo tipo de coacciones en el tratamiento de estos enfermos las calificaría de una mala praxis por parte de los profesionales.
2. Tenemos que ir hacia una medicina más humanitaria. El marco regulatorio actual es suficiente.

J.C Fuertes Rocañín 
Psiquiatra y vicepresidente de la Asociación Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses.
1. Es la única forma de garantizar el tratamiento correcto de los pacientes más graves.
2. Con la propuesta normativa tendríamos un respaldo legal para actuar de acuerdo con la lex artis, algo que actualmente no existe, aunque se hace a escondidas.

Pablo Tobajas
Psiquiatra del Hospital Comarcal de Inca (Mallorca) y coordinador del Plan Estratégico de Salud Mental de las Islas Baleares.
1. Sin duda. Es un tema pendiente sobre el que los políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Es una necesidad sentida en las sociedades profesionales, en la Judicatura y en las asociaciones de familias.
2. Cada día estamos realizando una asistencia más comunitaria y no tiene sentido que para imponer un tratamiento sigamos ingresando a los pacientes en hospitales. ¿Por qué encerrados sí y en su ámbito cotidiano no? En su entorno, el enfermo se beneficiaría de la protección familiar y social.

Celso Arango
Jefe de Servicio de Psiquiatría infantil en el Hospital Gregorio Marañón (Madrid) y director científico de Cibersam. 

1. En algunos casos, una minoría, el TAI evitaría que pacientes con trastorno mental grave y determinados antecedentes puedan repetir conductas de consecuencias negativas para ellos y su entorno.
2. La regulación actual es insuficiente.

ARGUMENTOS EN CONTRA DEL TAI: EL PELIGRO DE LEGISLAR LO DIFERENTE.

Fuente: aeesme.org

(…) «Como era de esperar en un tema tan espinoso como el TAI, han surgido también argumentos en contra (1):
En primer lugar, ha sido complicado demostrar la eficiencia (coste/beneficio) y la efectividad en situación real del TAI. Es cierto que desde un enfoque teórico, el TAI es una solución aparentemente fácil a un problema, pero no hay que perder de vista que esta medida trata de 1294 solucionar un problema derivado de la escasez de recursos, lo que no deja de ser paradójico,ya que se ha demostrado que el éxito en su implementación depende enteramente de la creación de una nutrida red de asistencia comunitaria, actualmente inexistente (7).
En segundo lugar, el tratamiento ambulatorio involuntario indudablemente pone en riesgo la relación terapéutica que se establece entre el profesional sanitario y el paciente. Convierte una relación de colaboración en una forma de custodia, volviendo a un modelo paternal de los cuidados. Esto afecta especialmente al vínculo terapéutico con la enfermera, por el estrecho y prolongado contacto que tiene con el paciente.
Habría que considerar, también, el incremento del riesgo de estigmatización de los pacientes psiquiátricos, ya que el TAI únicamente está contemplado en Psiquiatría. Por otra parte, el supuesto de que el TAI se extienda a otras áreas es incluso más estremecedor, hasta llegar a ejercer un control social sobre personas diferentes cuyas conductas no son aceptadas. De esto se hablará posteriormente en la discusión de este trabajo (4).
Estas medidas pueden disuadir al usuario a la hora de establecer un primer contacto con salud mental, ya que conllevan un riesgo a que le impongan un tratamiento no deseado una vez establecido dicho contacto.
Existen dificultades a la hora de implementarlas, ya que precisan un desarrollo paralelo de medidas judiciales y policiales complementarias que actualmente no existen.
Muchos legisladores consideran que la legislación vigente ya recoge de manera suficiente otras posibilidades de tratamiento involuntario, como el proceso de incapacitación judicial (4), que asegura garantiza el respeto por los derechos del enfermo al recoger la obligatoriedad de un peritaje y un juicio.
Para finalizar, la aparición de los neurolépticos inyectables de acción prolongada o depot, ha supuesto el establecimiento de un modelo biológico mecanicista del tratamiento psiquiátrico.
Este modelo ha hecho que la asistencia y los cuidados enfermeros se centren fundamentalmente en la administración puntual del tratamiento farmacológico, en detrimento de otras intervenciones holísticas de seguimiento, lo que ha motivado que muchas asociaciones enfermeras hayan adoptado una postura contraria del TAI.»

 

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(…) «La respuesta a todas estas cuestiones es que el derecho a libertad está por encima del derecho de protección de la salud, salvo en muy contadas ocasiones, por causa de enfermedades mentales graves con ausencia de juicio de realidad conservado. Y es precisamente esto lo que pagamos al contribuir económicamente en el tratamiento del obeso o del fumador.»

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Informe OMS sobre Envejecimiento y Salud

Fuente: Catalogación por la Biblioteca de la OMS:
Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.
1.Envejecimiento. 2.Esperanza de Vida. 3.Anciano. 4.Servicios de Salud para Ancianos. 5.Salud Global. 6.Dinámica de Población. 7.Prestación de Atención de Salud
ISBN 978 92 4 356504  ISBN 978 92 4 069487 3 (PDF)              INFORME sobre Envejecimiento y Salud.pdf

(más…)

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Ocho falsos mitos en torno a la leche sin lactosa

«… mi marido y mi hija se empeñan en comprar leche sin lactosa porque en el gimnasio alguien les ha dicho que es más saludable, que adelgaza al quitar el azúcar y que hincha menos la barriga. ¿Es eso cierto y me estoy perdiendo algo maravilloso o bien les están engañando como bobos?»

Fuente: eldiario.es Jordi Sabaté 3-1-2018

Sin llegar a tildar de ‘bobos’ a los que creen en los beneficios de la leche sin lactosa, lo cierto es que sí son víctimas de una de las últimas modas nutricionales sin sentido y toda la información en forma de leyenda urbana que la acompaña. Los argumentos relatados por Analía en su correo no solo resultan ser falsos, sino que también despistan respecto a los posibles beneficios de la lactosa, así como de los peligros de eliminar su consumo si no somos intolerantes.

Para aclarar este asunto lo mejor es relatar los ocho mitos que se han desplegado en torno a la leche sin lactosa, a veces de modo tan inocente como ignorante, pero otras estando detrás los velados intereses de la industria lechera, que hace uso del marketing menos honesto.

Mito 1: la lactosa es mala

Antes que nada aclarar que la lactosa no es ni buena ni mala, simplemente es el azúcar propio de la leche, que se encuentra en una proporción del 5%. Se trata de un disacárido formado por una molécula de glucosa y otra de galactosa, un azúcar que en el hígado se transforma en glucosa. La lactosa no se puede absorber por vía intestinal, pero sí la glucosa y la galactosa por separado.

Para romper la lactosa de modo que se pueda absorber tenemos la enzima galactasa, muy abundante en los bebés pero que con la edad vamos perdiendo, ya que se supone que no nos debemos alimentar de leche. No obstante, evolutivamente nos hemos acostumbrado a alimentarnos también de leche, a diferencia de otros mamíferos, y por eso la mayoría de las personas mantenemos ciertos niveles de producción de lactasa.

Pero no todos nosotros: algunas personas, y algunas razas -por falta de costumbre de consumir leche- pierden tras la infancia la capacidad de producir la enzima lactasa y, por tanto, de romper la lactosa. En consecuencia, este azúcar pasa por el intestino sin romperse ni absorberse y llega a la flora intestinal, donde es consumido por las bacterias, que producen gases y agua.

La consecuencia, que no siempre se manifiesta, pueden ser desarreglos intestinales, cólicos, diarreas y deshidratación. Es una cuestión relativa en adultos, pero conviene vigilarla en niños. Por otro lado, la producción de lactasa puede desactivarse si no se toma lactosa o activarse si se toma, por lo que poblaciones que no suelen consumir leche, al hacerlo, padecen desarreglos al principio pero luego acaban acostumbrándose. En estos casos hablamos de intolerancia transitoria frente a la permanente.

Mito 2: la mayoría somos intolerantes a la lactosa

Solo un 3% aproximado de los menores y un 5% del total de personas somos intolerantes permanentes a la lactosa. Dicha intolerancia, por otro lado, debe ser verificada por un médico mediante pruebas de diagnóstico que implican análisis de sangre y biopsias. Es decir: la inmensa mayoría somos tolerantes a la lactosa. Otra cuestión es que si nos pasamos años sin probar la leche, después nos cueste activar la producción de la enzima lactasa y nos convirtamos en intolerantes transitorios.

Mito 3: La leche sin lactosa tiene menos azúcar

Lo que hacen las empresas lecheras para eliminar la lactosa no es quitarla, sino romperla tal como haría el aparato digestivo de los que somos tolerantes. Es decir, le añaden lactasa para que la rompa en glucosa y galactosa, azúcares que sí pueden ser absorbidos por el intestino de los intolerantes. Para ello emplean levaduras y bacterias inocuas y específicas.

Por lo tanto, la leche sin lactosa sigue teniendo exactamente la misma proporción de azúcares que la leche con lactosa, en torno a 5 gramos por cada 100 gramos. Queda así claro que la leche sin lactosa no es ningún remedio para consumir una leche con menos azúcares.

Mito 4: La lactosa causa hinchazón de barriga

Los síntomas de la intolerancia a la lactosa pueden ser, en efecto, gases, pero se expresan en el intestino grueso , no en el estómago, en forma de flatulencias, no de hinchazón de estómago. Este último fenómeno se produce por otro tipo de fenómenos de rechazo alimentario relacionados con alergias poco definidas.

Mito 5: La leche sin lactosa es más dietética

Este bulo tiene dos orígenes bastante claros. El primero es el uso poco honesto que las empresas hacen del marketing para promover esta modalidad. Este enlace es un ejemplo claro. El segundo es el hecho de que las leches sin lactosa son también mayoritariamente desnatadas o semidesnatadas, con lo que lógicamente implican menos poder calórico. Pero ello se debe a la ausencia de grasas, no a la ausencia de lactosa.

Mito 6: Consumir leche sin lactosa es más saludable

Una argumentación no solo sin base alguna sino también ilegal si figura en el etiquetado de este tipo de leche. La Autoridad Europea se Seguridad Alimentaria (EFSA) ha emitido un dictamen en el que advierte que está prohibido emplear el reclamo health claim (alegación saludable) para la eliminación de la lactosa de un producto. Todavía no se ha demostrado que, para un individuo sano, la ausencia de lactosa repercuta positivamente en la digestión.

Mito 7: Consumir leche sin lactosa no entraña peligros

Sí los entraña. Para empezar, porque desactivamos nuestra capacidad de producir lactasa y si eventualmente quisiéramos volver a consumir leche normal, quizá pasaríamos por un periodo de intolerancia transitoria. Si multiplicamos este datos por millones de personas consumiendo leche sin lactosa por norma, nos podemos poner en un escenario en el que el gen evolutivo que nos permite producir lactasa una vez pasada la lactancia se desactive completamente.

Es por ello que se desaconseja consumir leche sin lactosa si no se es intolerante. Adicionalmente se ha demostrado que incluso los individuos intolerantes lo son hasta cierto nivel y que es bueno para ellos consumir ciertas dosis de lactosa, pues alimentan a determinada flora intestinal que, a su vez, permite aumentar la capacidad de absorción intestinal de calcio. Un estudio demostró que los individuos intolerantes que beben algo de lactosa absorben mejor el calcio de la leche que los tolerantes.

Mito 8: La leche sin lactosa cuesta lo mismo que la normal.

Falso, ya que es de media un 33% más cara.

 

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España es el país de la Unión Europea con más infracciones medioambientales

España cerró 2017 con 30 expedientes abiertos, cuatro más que el año anterior. Supone casi el 10% de todo lo acumulado por los 28 estados.

Fuente: eldiario.es

En 2017, España acumuló 30 procedimientos europeos de infracción medioambiental. Es el país de la Unión Europea que más casos presenta, según las estadísticas de la Comisión. Son cuatro más que el curso anterior y suponen casi el 10% de toda la Unión: 325 casos.

En materia ambiental, solo Grecia se acerca al volumen de expedientes con 27. Los siguientes están casi en la mitad ya sea Italia, Reino Unido, Austria o Polonia que oscilan entre 18 y 15. Los estados más alejados son Estonia y Luxemburgo con dos cada uno. La media es 11 casos.

El año pasado no fue un buen curso para las reglas medioambientales ya que los casos de infracción crecieron un 14%. España se ha colocado como líder desde 2015. Ya en el informe sobre aplicación general de toda de la normativa europea de 2016 (publicado en 2017), España había «empeorado en todos los indicadores«: las quejas crecieron «significativamente», se doblaron los casos por mala transposición de directivas (la incorporación de las leyes de la Unión Europea a las normas españolas) y crecieron los expedientes abiertos.

Además, la respuesta del Gobierno para hallar una solución antes de implementar un expediente sancionador se ha disparado a los 81 días cuando debería quedarse en 70. España está en la zona roja de incumplidores, según la evaluación de la CE.

En cuestiones ambientales España toca casi todos los palos a la hora de recibir amonestaciones: desde saltarse evaluaciones de impacto de proyectos urbanísticos hasta fallar en la depuración de aguas. Incumplir la normativa de vertederos o permitir la  caza indiscriminada de decenas de miles de aves cantoras pasando por la calidad del aire que respira la población o el cuidado de espacios naturales emblemáticos.

Urbanismo vs. Protección

La decisión más reciente contra España llegó en diciembre pasado. La Comisión entendió que el proyecto de desarrollo urbano en Fuerteventura para  el complejo turístico Origo Mare se había saltado las evaluaciones ambientales. Tanto por su posible impacto en el hábitat como por el daño que podría provocar en una Zona de Especial Conservacón. «Y lo que es más –añadía– a pesar de haber sido declarada nula por los tribunales españoles, las obras continuaron como proyecto modificado».

El problema del agua

En un país con un grave problema de escasez de agua generalizada, la Comisión Europea ha llamado la atención a España para que «se asegure de que las aguas residuales son tratadas adecuadamente». En octubre pasado la CE explicó que un gran número de áreas no cumplían con la «recogida, monitorización y tratamiento de aguas», lo que se unía a otros cuatro procedimientos similares contra España. En total hay 426 «aglomeraciones» (ciudades o mancomunidades) que no cumplen con la normativa, según Bruselas, aunque un portavoz del comisario de Medio Ambiente no ha querido especificarlas.

Los vertederos

Ilustran un poco el largo proceso que implica incumplir la ley europea, al menos en el ámbito ambiental. La Comisión terminó por llevar ante los tribunales a España por 61 vertederos que operaban irregularmente: los residuos susceptibles de ser reciclados deben acabar en una planta de tratamiento y no en un basurero. Además,  está prohibido el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de desechos. La primera advertencia se produjo en 2007 y ocho años después, tras no subsanarse la situación, la cosa quedó en manos de los magistrados. El caso, de acuerdo con la base de datos europea está todavía «activo».

Aire contaminado

El aire en Madrid y Barcelona acumula dióxido de nitrógeno por encima de lo permitido por la ley. Y lo hacen desde hace ocho años. En el caso de la capital, todos lo indicadores iban anunciando que, al entrar en vigor la normativa, las mediciones estarían por encima de lo legal.

Llegó la fecha y, efectivamente, la calidad del aire de Madrid estaba fuera de los parámetros. El Ayuntamiento de Ana Botella (PP) pidió una prórroga para cumplir a cambio de enviar un plan que Bruselas consideró inválido. En febrero de 2017, la Comisión remitió las advertencias finales por los niveles de NO2 en estas dos ciudades. Como apuntaba la CE en sus escritos: «La contaminación es un serio riesgo para la salud y proviene principalmente del tráfico rodado».

Protección de espacios protegidos

La Comisión ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la degradación de la joya medioambiental del Parque Nacional de Doñana. Sobre todo por cómo la agricultura descontrolada contribuye a secar la marisma. Tras darle un ultimátum, el Gobierno apuntó en su respuesta que el cambio climático podía estar detrás de ese deterioro. El caso, aún abierto, se ha visto reforzado por los propios análisis del Ministerio de Medio Ambiente que en abril del año pasado firmó un informe en el que explicaba cómo el  abuso al que se somete a las aguas subterráneas impacta en el parque.

Una cuestión similar a la que provocó la queja formal contra España por la mala gestión en la cuenca Alta del Guadiana. De manera parecida a Doñana, la sobreexplotacion de los acuíferos que aportan el agua a las Tablas de Daimiel estaba afectando al parque nacional, según denunciaba WWF. La lección quedó inadvertida.

 

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