Día: 28 de noviembre de 2017

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La Junta de Susana Díaz acosa a “Spiriman”

Al médico Jesús Candel lo han retirado de los turnos que venía realizando en el servicio de Urgencias del Hospital de las Nieves. (Digitalsevilla.com)

Spiriman, líder de las protestas ciudadanas de Granada por la “nefasta” gestión sanitaria llevada a cabo por el Gobierno de Susana Díaz en la ciudad y en otras partes de Andalucía, ha anunciado que el día 30 de noviembre estará en las urgencias del Hospital a las 12 horas de la mañana para exigir la dimisión de Paquita Antón, gerente del SAS y Pilar Espejo, directora del complejo hospitalario de Granada.

El médico está sufriendo una “persecución”, en la que han “colaborado” medios de comunicación, que reciben publicidad institucional de la Junta, publicando una supuesta denuncia de trabajadores sanitarios contra él, por supuesto ‘acoso’ laboral.
Según Spiriman están buscando motivos para echarlo del SAS porque molesta a “mercenarios” y a la administración de Susana Díaz por contar la “verdad”.

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OSALDE apoya los movimientos ciudadanos como las Mareas Blancas, que contribuyen a una democracia participativa y directa que, junto a la red de ideas y plataformas electrónicas está cambiando el equilibrio de poderes imperante en el mundo global. Osalde valora muy positivamente la conciencia, la capacidad y el valor tanto de los líderes como de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que se lanzan a las calles a reclamar los derechos a la salud amenazados y diezmados por las politicas neoliberales de privatizaciones y recortes.

A continuación incluímos el vídeo titulado “Necesito vuestra ayuda” que Spiriman publica en su canal de Youtube y otro con el Comunicado de la 3ª Coordinadora de la Marea Blanca Estatal celebrada en Barcelona.

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Menos azúcar, sal y grasas en los productos elaborados

Sanidad llega a un acuerdo para reducir un 10% los niveles de azúcar, sal y grasas en los productos que consumimos

10% menos de azúcar, sal y grasas y precisamente en los productos procesados, casi dos tercios de la las calorías que consumimos: es el compromiso al que ha llegado el Ministerio de Sanidad con la industria. Lo hará poco a poco hasta 2020.

Un paso importante, pero, ¿suficiente?: “Si se aplicase sería útil. El problema es que habitualmente este tipo de acuerdos voluntarios luego comprobamos que no se aplica”, afirma Miguel Ángel Royo, investigador del Instituto de Salud Carlos III.

Para otros, un 10% menos supondrá menos obesidad o diabetes, menos envejecimiento prematuro, pero no acaba con el problema de fondo. “En lugar de querer aplicar medidas efectivas y políticas que realmente vayan en la dirección de reducir la alimentación insana como la publicidad infantil, el etiquetado, lo que hace es un lavado de imagen”, añade Javier Guzmán, investigador de VSF Justicia alimentaria.

Porque cuando queremos cuidarnos, nos quitamos el azúcar del café, pero no esa otra que la industria pone para que sus productos nos estén más ricos.”Salsas de tomate, fiambres de pavo o de pollo, zumos de fruta, caldos, sopas, sobre todo alimentos precocinados“, explica María Luscina López, médico endocrina del centro Las Huertas.

Porque el pavo de cuando estamos a dieta, tiene hasta un 30% de azúcar y con tres cucharadas de salsa que le echemos a esa ensalada que creemos sanísima ya hemos consumido la cantidad recomendada de azúcar para un día.

Una ingesta excesiva que empieza desde pequeños con unos unos zumos envasados que nunca podrán sustituir una fruta que, al final, es lo que nunca engaña.

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El hospital de Alzira un experimento neoliberal fracasado que se resiste a desaparecer

Fuente: Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

La Comunidad Valenciana ha servido de probeta al Partido Popular para desarrollar la gestión privada en hospitales y la Atención Primaria (AP) en Valencia (y España). Este experimento, dirigido a poner en práctica la estrategia neoliberal en la sanidad española, se aplicó en los nuevos hospitales construidos en la Comunidad Autónoma: Alzira, La Marina, Elx, Torrevieja y Manises (y posteriormente en la Comunidad de Madrid y otras CCAA)

El ex presidente del Partido Popular Zaplana impulsó la privatización: Creó Ribera Salud recurriendo a la financiación público privada.

En 1997 un ejecutivo al servicio de la aseguradora sanitaria Adeslas propuso a la administración valenciana construir y gestionar desde la aseguradora un nuevo hospital público a cambio de cobrar un canon por cada habitante asignado al centro. Eduardo Zaplana, entonces presidente  de la Generalitat,   apoyo rápidamente la idea para lo que creó Ribera Salud, una empresa de gestión privada en la que incluyó a las cajas de ahorros valencianas Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caixa Carlet, (45%); la aseguradora Adeslas (51%);  y  dos empresas constructoras  ACS -Dragados (2%) y Lubasa, (2%).

El primer centro puesto en marcha por Ribera Salud de acuerdo a este modelo fue el Hospital de Alzira, que pretendía convertirse en el primer hospital español acogido al régimen de Concesión Administrativa como inicio de privatización sanitaria valenciana, que además serviría de guía para el resto de CCAA. El experimento fue acogido con entusiasmo por el sector empresarial que lo calificó de oportunidad histórica para la sanidad privada.

La idea se fundamentaba en el mito neoliberal de la mayor eficiencia de la gestión privada (menores costes de construcción y funcionamiento, o mayor transparencia): Para demostrarla Ribera Salud y el Gobierno Valenciano recurrieron a diferentes maquillajes para garantizar el éxito del experimento

La construcción del Hospital tuvo importantes sobrecostes: Aunque el prepuesto inicial era de 41 millones de euros acabó costando 72 (un 43% más de lo acordado)

El contrato no incluyó gastos de difícil control como farmacia ambulatoria, prótesis y endoprótesis, oxigenoterapia, transporte sanitario y salud pública, que fueron asumidos por la Conselleria de Sanitat.

Se fijó un gasto por habitante más elevado que en los centros públicos (204 euros al año); y se le incrementó la población inicialmente al centro en 11.000 habitantes; se le adjudicó el tratamiento de pacientes de fuera del área por procesos de bajo coste y alto rendimiento como la anestesia epidural de las embarazadas y cobrar por la atención a pacientes que ya estaban en lista de espera cuando se abrió el hospital. El 15% de los ingresos de la concesionaria en 2011 (28,8 de 193 millones de ingresos totales) procedieron de tratamientos a residentes de otra áreas sanitarias.

Se le toleró la facturación de costes extras a las compañías farmacéuticas por conceptos que bordean la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios y el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica. La Central de Compras B2B computó miles de euros por patrocinios, publicidad o actividades administrativas. Por todo esto hay una causa abierta por la justicia por una presunta facturación irregular de comisiones a proveedores de fármacos o prótesis.

   – Un recate escandaloso que pone en evidencia el fracaso de la Colaboración Público Privada

Pese a este beneficioso contrato la Concesionaria sufrió pérdidas de más 5 millones de euros en los cinco primeros años, por lo que solicitó la ayuda de la Generalitat (incumpliendo uno de los principios básicos de la estrategia neoliberal).

Respondiendo a la llamada de auxilio de Ribera el Gobierno del PP rescindió el contrato y preparó un nuevo concurso que:

1.- Incrementó el gasto por habitante en un 68%, pasando de pasó de 225 a 379 euros al año (ahora está en 639).

2.- Incorporo al hospital la gestión de la atención primaria del área la zona (12 centros de AP) para controlar la demanda de pacientes al centro. Esto supuso el sometimiento y absorción de la AP al hospital, rompiendo el modelo de la Ley General de Sanidad.

3.- Rescató la Concesión devolviendo a Ribera Salud todo lo que había invertido (44 millones de euros)

4.- Por si fuera poco indemnizó con 25 millones de euros por el supuesto lucro cesante por los seis años que aún quedaban de concesión a pesar de que la empresa declaraba perdidas.

5.- Por último volvió a adjudicar esta auténtica bicoca a Ribera Salud.

Todo esto vino a demostrar la falsedad del argumento de que la trasferencia de riesgos a las concesionarias privadas, garantiza el cumplimiento de los contratos y la mejora en su gestión. Es decir la Colaboración Público Privada (CPP), es una falacia (como se han constatado recientemente con las autopistas radiales de Madrid, rescatadas por el Gobierno a las Concesionarias con un coste de 3.718 millones de euros).

La Concesión ha pasado de mano en mano, en una vorágine de negocios con dinero público, que ha proporcionado beneficios económicos a las entidades participantes (bancos, aseguradoras, constructoras y fondos de inversión internacional.

Tras el rescate de Bankia y CAM por el Estado, Ribera Salud fue comprada por el Banco Sabadell y la multinacional americana Centene Corporation.

– Posteriormente Ribera adquirió los hospitales de Elche y Torrevieja a la aseguradora Asisa, controlando así el 100 % de las acciones de ambos hospitales.

– También es copropietaria, junto a la aseguradora DKV, del 35% de las acciones del Hospital de Dénia

1.- Consecuencias del fracaso de este modelo de Colaboración Público Privada para construir y gestionar centros sanitarios públicos

Los trabajadores soportan peores condiciones laborales de los trabajadores del sistema de gestión pública:: Alzira tiene menos personal, trabaja 200 horas más al año, y percibe un sueldo un 15% inferior que la media de los hospitales públicos.

Los médicos especialistas soportan una jornada anual un 12% superior y personal su retribuciones son un 11,5% inferiores que los acogidos al modelo estatuario.

Esta precarización genera un mal clima laboral que repercute en la calidad de la atención de los pacientes. Según los sindicatos del Comité de Empresa, muchos trabajadores tienen además miedo a la empresa y se sienten maltratados por la misma.

La gestión privada genera mayores gastos para el sistema: El gasto por habitante en Alzira y en los otros hospitales de Ribera Salud es 61 euros superior al de los públicos (en Alzira el sobrecoste es de 170 euros, en Denia 67, en Manises 54 y 22 en Torrevieja). El gasto por cápita de los hospitales de gestión pública fue, en el 2015, de 1.054 euros frete e 1.162 en el modelo Alzira.

Hay una gran opacidad y presuntas irregularidades en la gestión de los recursos: Los contratos se elaboraron sin que se calculara previamente los costes por habitante; la Administración del PP hizo dejación en las funciones de control no supervisando las inversiones ni los acuerdos en las comisiones mixtas sobre las liquidaciones de la Concesionaria. El informe de la Intervención General 2003-2012 sobre estas Concesiones denunció problemas de opacidad, ausencia de control e incluso connivencia de la Generalitat con las empresas adjudicatarias, por ausencia de fiscalización de la actividad de los Centros.

IV .Estrategia de Ribera Salud. Lecciones para evitar la recuperación por el sistema público de estos centros sanitarios privatizados el futuro:

Ribera Salud pretende impedir que la Generalitat Valenciana recupere las Concesiones Hospitalarias para la gestión pública. Para ello está utilizando diferentes estrategias e instrumentos, que es necesario conocer de cara a futuras recuperaciones de los centros sanitarios privatizados

1.- Desde la Concesionaria se han interpuesto numerosas demandas judiciales a la reversión del hospital

Esta empresa ha contratado a prestigiosos bufetes como  Broseta Abogados para llevar los contenciosos-administrativos entre la Generalitat y la empresa (por desavenencias en la gestión y liquidaciones), y Cuatrecasas para la parte penal y la denuncia de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía nacional contra B2B (filial de Ribera Salud)  por un presunto cobro de comisiones ilegales y facturaciones falsas de fármacos y prótesis y de posibles vínculos comerciales entre esta empresa y las farmacéuticas (que van más allá de su papel de mera negociadora de sus precios).

Con estos recursos se pretende frenar el rescate de la Concesión en los tribunales de justicia. La Compañía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia la paralización cautelar del la reversión de la Concesión. Hasta ahora se han interpuesto 48 recursos contenciosos administrativos en los hospitales conde es la participación de Ribera Salud es mayoritaria (20 de ellos en el Hospital de Alzira, 14 en el de Elche y 14 en Torrevieja), mientras que en  el Hospital de Denia, donde la aseguradora DKV es mayoritaria con el 65% del accionariado,  no se ha interpuesto aún ninguno.

Aunque las principales demandas judiciales están destinadas a impedir la reversión de los hospitales al sistema público y conseguir la prórroga de la Concesión, otras pretenden paralizar las decisiones de la Consejería y el funcionamiento de los centros (instrucciones internas, acuerdos de gestión, reclamaciones económicas o relaciones con otras unidades, etc) y parece que también amedrentar a quienes denuncien y critiquen sus actuaciones. La concesionaria ha llegado a demandar por injurias a quienes han tratado de implicarla en la presunta trama de facturación irregular durante la investigación puesta en marcha por la UDEF.

2.- Se manipulan los medios de comunicación profesional y social:

–          Desde diferentes medios comunicación sanitaria (que mayoritariamente están financiados por las multinacionales farmacéuticas) se está desarrollando una intensa campaña dirigida a los profesionales, de apoyo a Ribera Salud y de descrédito de la Conselleria de Sanitat). En esta estrategia colaboran también medios de comunicación social de tendencia conservadora.

–          La consultora Román y Asociados ha puesto en marcha una estrategia informativa dirigida a frenar el rescate organizando conferencias, en distintas localidades de la Comunitat Valenciana, en las que han colaborado  exministros socialistas contratados para explicar las bondades de modelo de Colaboración Publico Privada y los riesgos de la reversión del Hospital de Alzira al sistema público.

–          La televisión de los hospitales emiten información y entrevistas que apoyan la gestión privada de los mismos.

–          La dirección del centro utiliza el tablón de anuncios del hospital para ensalzar la gestión privatizada y dar publicidad a las noticias negativas para desprestigiar a la Conselleria.

–          Ribera Salud apoyó la revista “Salud y Força”, que se reparte en los departamentos sanitarios, que arremete constantemente contra la gestión de la Consellera Montón.

3.- La Concesionaria propicia una Plataforma “Sanitat Sols Una”, para hacer frente, desde los ámbitos profesional y social, a la recuperación de la Concesión.

Pese a la propaganda de la empresa este colectivo tiene una escasa presencia entre los 1.600 trabajadores de la sociedad y fuerte presencia de personas ajenas al centro. El Comité de Empresa (que agrupa a los sindicatos del hospital) ha denunciado presiones a los trabajadores para que se sumen a esta plataforma.

Desde esta asociación se financian campañas de marketing (carteles, anuncios en autobuses, etc.) o se organizan conferencias para defender la gestión privada y salvar el hospital de Alzira asociando la reversión al recorte de asistencia sanitaria

Nuevamente el Comité de Empresa ha denunciado que este colectivo pretende usurpar las funciones de los sindicatos y se defiende a una empresa que despide, sanciona y lleva a cabo modificaciones laborales de forma unilateral.

Algunas asociaciones de ámbito local están difundiendo la idea de que el retorno a la gestión pública supondrá un caos y una reducción de servicios asistenciales. Sin embargo los Presupuestos del próximo año 2018 contemplan una inversión de 6,9 millones para el Hospital de Alzira destinado a inversiones urgentes en Atención Primaria y Especializada

– La Generalitat negocia el rescate del Hospital de Denia con el accionista mayoritario para final de mandato.

Se pretende reintegrar este hospital antes de que termine este mandato (finaliza en el año 2023) abriendo negociones con la DKV, debido a la elevada suma de dinero que habría que desembolsar como indemnización para el rescate. La gestión de este centro es muy problemática y ha concentrado grandes críticas y quejas por parte de asociaciones de vecinos y plataformas en defensa de la sanidad.

La batalla entre Ribera Salud y la Conselleria de Sanidad va mucho más allá del espacio autonómico y se ha convertido en el referente de la lucha por la recuperación para la gestión pública de los servicios privatizados.

El negocio de la gestión de estos hospitales supone para Ribera Salud casi 500 millones de euros (427,2 millones de euros anuales por la gestión de Alzira, Elche Torrevieja y el 35 % de los 116,4 al año que por el hospital de Denia).

Qué hemos aprendido: Condiciones necesarias (aunque no suficientes) para conseguir la reversión de los servicios privatizados a la Sanidad Pública

1.- Existencia de un Gobierno con voluntad política, compromiso explícito y capacidad económica para garantizar el rescate.

La Generalitat Valenciana ha comunicado a Ribera Salud que no renovará la concesión sanitaria (que concluye el 1 de abril de 2018), y el inicio del proceso de rescate de la misma que durará un año. El Gobierno Valenciano se ha comprometido a tutelar la transición al sistema público de salud del Hospital y los centros de AP del área. Para este rescate ha incrementado en 139 millones el presupuesto del 2018. Este incremento tiene como objetivo asumir la integración a los casi 1.939 trabajadores del hospital.  También se ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía del área de que se mantendrá la actual cartera de servicios y que seguirán todos los profesionales y si alguna especialidad cuenta con ratios inferiores al de los centros públicos se incrementará su personal

2.- Una alianza socio profesional que apoye el proceso frente a las presiones de las poderosas empresas propietarias de la Concesión

La Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, formada por nueva asociaciones ciudadanas con una experiencia de años de lucha por la reversión del Hospital.

Esta Plataforma, ha consolidado una gran alianza con los Sindicatos del Comité de Empresa del Centroy la Xarxa de Alcaldes de ayuntamientos del área de la Ribera (Dénia, Pego, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Gata, Magda, Els Poblets).

Desde esta alianza se están promoviendo y organizando información, movilizaciones, debates, etc., en apoyo a la reversión del modelo concesional.

3.- Apoyo de una parte del personal sanitario.

Tres elementos hacen pensar en que no habrá una oposición mayoritaria a la reversión en la platilla del Centro:

– El fracaso de la Plataforma Sanitat Sols Una

– El apoyo de los Sindicatos del Comité de Empresa a la reversión.

– El compromiso de la Conselleria de que los 1.939 trabajadores laborales en nómina del hospital pasen a ser trabajadores indefinidos no fijos, manteniendo las condiciones laborales de su convenio (que se subrogarán a la Conselleria) y de que el personal eventual mantenga las mismas condiciones y que las plazas de nueva creación que se puedan sacar y que se cubrirán con la bolsa de trabajo de la Conselleria, mediante una ofertas de empleo público. En los Presupuestos de 2018, se contará con la correspondiente partida para asumir a los trabajadores y se destinará un plan específico de inversiones urgentes de 6,9 millones de euros

CONCLUSIONES

La lucha por la reintegración de los centros sanitarios privatizados no atañe solamente a la Comunidad Valenciana. El resultado de esta confrontación de la sociedad y profesionales sanitarios con los bancos, constructoras, aseguradoras y fondos de inversión internacionales, afectará al futuro del Sistema Sanitario en  todo Estado.

Esto nos obliga a todas las Plataformas, organizaciones ciudadanas, sindicatos y fuerzas políticas a apoyar activamente la reversión de los centros de gestión privada al Sistema Sanitario Público, para garantizar la universalidad, accesibilidad, equidad, racionalidad y carácter redistributivo del mismo.

Es urgente y necesario acordar medidas en este sentido en todo el Estado.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

27 de Noviembre de 2017

 

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Mercados verdes: Naturaleza al mejor postor

De la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación de la biodiversidad surgen nuevas oportunidades de negocio para el sector financiero. Desde lo privado, se impulsan mecanismos de mercado para dar respuesta a la crisis ecológica bajo el pretexto de la escasez de recursos económicos de los Estados. Pero, ¿sirven estas medidas para preservar la naturaleza?

Fuente: Elsaltodiario.com Mariola Olcina y Marta Luengo 

Este mes de noviembre se celebra en Bonn (Alemania) la vigésimo tercera Conferencia de las Partes (COP23) con el objetivo de desarrollar el marco propuesto en el famoso Acuerdo de París de 2015. Quizá lo más sonado de aquel acuerdo fue la decisión de fijar en dos grados el límite de aumento de temperatura media en la Tierra. Sobre las estrategias y herramientas para alcanzar esa meta no hay tanta novedad y el acuerdo, si bien abre alguna posibilidad de cambio, refuerza las soluciones al cambio climático definidas por los actores más contaminantes con las llamadas soluciones de mercado.

Hace unos meses, en el simposio sobre finanzas verdes, Jens Weidmann, presidente del Deutsche Bundesbank, afirmaba que “para afrontar el reto climático, los fondos públicos son importantes, pero sólo pueden proporcionar una pequeña parte de lo que se requiere. Esto significa que el capital privado tendrá que cumplir con la mayoría de estas necesidades de inversión”. Para Weidmann, defensor de la ortodoxia económica alemana que tanto estigmatiza los déficits, los Gobiernos no son lo suficientemente solventes para afrontar la lucha contra el cambio climático en solitario. Las alianzas público-privadas pueden resultar útiles, sin embargo, los mecanismos de mercado han recibido múltiples críticas por su falta de efectividad -según la ONU las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando- y por las injusticias que conllevan.

¿CUÁNTO VALE UNA TONELADA DE CO2?

El propio Acuerdo de París da rienda suelta al desarrollo de antiguos y nuevos mecanismos de mercado, al establecer el marco de cooperación internacional a través de estos en su artículo 6 y señalando el mercado de carbono como una herramienta a potenciar.Los mercados de emisiones de carbono se diseñaron en el Protocolo de Kyoto y en ellos se especula con un elemento extraño: los derechos de CO2. Se basan en la esperanza de que, poniendo un precio a la tonelada de dióxido de carbono, estas se pondrán tan caras que las empresas contaminantes no podrán permitírselas, y se verán obligadas a reducir inevitablemente sus emisiones.

“Si un país o empresa emite menos de lo pactado, puede vender su excedente en forma de derechos y permitir así que otro más contaminante no tenga que reducir tanto. Se cae, por tanto, en postergar el desarrollo de tecnologías que contribuyan a reducir realmente las emisiones”,

explica Nele Mariën, investigadora de Amigos de la Tierra Internacional.

Se han hecho múltiples cálculos del precio de carbón -que van desde los 40 a los 80 dólares- que asegurarían el cumplimiento de los compromisos de París, pero según un informe de Carbon Market Watch, el precio no es lo suficientemente alto para conseguir los objetivos, de hecho,

“en la actualidad el precio de la tonelada de CO2 es tan bajo que a una empresa le sale más barato contaminar que cambiar la tecnología para ser más eficiente, por ejemplo”,

dice Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción. Poner un precio al carbón no parece haber solucionado demasiado, es más,

“por mucho que suba el precio, sin un firme compromiso de reducción de emisiones, la demanda de derechos para contaminar no se reducirá al ser muy inelástica. Más que la reducción de emisiones, el sistema favorece a quien se pueda permitir pagar, comenta la economista Paloma Villanueva.”

Además, este sistema “permite algo muy injusto: que gobiernos y empresas de los llamados países desarrollados puedan emprender en países en desarrollo proyectos que supuestamente conllevan la reducción de emisiones”, continúa Nele Mariën. La investigadora se refiere a la deslocalización de reducción de emisiones: se emprenden proyectos de reducción de emisiones en los países del sur que así generan derechos de emisión y las empresas y países industrializados pueden emplearlos para equilibrar sus emisiones netas.

(La deslocalización de emisiones) “Es una trampa porque no se reducen las emisiones globales y se facilita emprender proyectos contaminantes. Son herramientas para evadir nuestras responsabilidades con las que, además, cargamos a países que tienen un nivel menor de emisiones per cápita”, explica Nele Mariën.

BOSQUES Y BIODIVERSIDAD AL MEJOR POSTOR

Con la esperanza de que el mercado remedie los problemas ambientales, también se pone precio a los bosques y a la biodiversidad. Quien los conserva genera derechos que puede vender a otro agente en otra parte del mundo que necesite disponer de territorio, y por tanto, la destrucción de ecosistemas se compensa. Son los mecanismos de compensación que, en el caso de los bosques, están regulados por la ONU en el programa REDD+ y que, por ejemplo, la Organización Internacional de Aviación quiere utilizar para equilibrar completamente las emisiones del transporte aéreo.Sin embargo, para Javier Andaluz, “es imposible calcular cuánto CO2 absorbe un árbol”. “Las medidas no son en absoluto adecuadas”, coincide Nele Mariën, ya que

“al comerciar con el carbono que almacenan los bosques no se reducen las emisiones globales, sino que se añaden más: a pesar de conservar un bosque, los gases que se producen a cambio en otro lugar del mundo provienen de la quema de petróleo o carbón, elementos de la corteza de la Tierra cuyas emisiones se añaden a las que ya se producen en la biosfera”.

En el caso de la biodiversidad, “intentar medirla es aún más absurdo. Se llega a afirmar que hay especies más valiosas que otras y que por conservarlas pueden destruirse muchas especies en otras zonas”. Hay distintas modalidades de traficar con ella que suelen consistir en la creación de bancos de biodiversidad que venden derechos de conservación a quien necesite compensar daños medioambientales. En definitiva, para Villanueva, “los mecanismos de mercado parten de la errónea idea de que la naturaleza es perfectamente divisible y, en consecuencia, sustituible”.

TAMBIÉN EN EL CASINO: LOS BONOS VERDES

A todos estos mecanismos se han unido los llamados bonos verdes. Los bonos son deuda que emiten las empresas para conseguir fondos. En el caso de los bonos verdes, la cantidad obtenida se dirige teóricamente a financiar proyectos sostenibles. Es decir, una empresa que quiera hacer sus instalaciones menos contaminantes o iniciar un proyecto de energías renovables puede emitirlos y conseguir el capital necesario. La obtención de la etiqueta “verde” está en manos de las agencias de inversión que se han ido creando al calor de este nuevo mercado.El primer bono verde lo emitió en 2007 el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con normas definidas por él mismo. En 2014, los bancos de inversión más importantes del mundo como Goldman Sachs y JP Morgan establecieron los Principios de los Bonos Verdes para controlar el desarrollo de este mercado. Actualmente, la Iniciativa Bonos Verdes, financiada por la Fundación Rockefeller o el banco HSBC, ha adquirido un papel central y busca “movilizar todo el dinero de los mercados financieros para soluciones del cambio climático”, es decir, ampliar el casino financiero “sumándolo a la causa por el cambio climático creando activos de incierta rentabilidad”, en palabras de Villanueva, especialista en la materia.

Ante el incierto futuro de las finanzas globales con unos tipos de interés que se mantienen bajos, el capital necesita nuevos mercados y se dirige al “verde”, entre otros, bajo la promesa del fuerte crecimiento que predicen los organismos internacionales. Para Villanueva, “a los inversores les da igual el color de los bonos, buscan con ansia mercados donde invertir y obtener rentabilidad”. El valor actual del mercado es de 221.000 millones de dólares, lo cual, aunque parezca una cantidad grande, no lo es para las finanzas internacionales y representa un ínfimo 0,2% del volumen total de bonos en circulación.

La sombra de la duda planea cuando se observa quiénes son los actores del mercado: por un lado, China y Estados Unidos, los países más contaminantes y, por otro, empresas que necesitan legitimar sus inversiones y quitarse el estigma de “sucias”, como Iberdrola, la corporación con más bonos emitidos. Se dan paradojas como que Repsol, una petrolera, haya conseguido este año 500 millones para financiar proyectos sostenibles en condiciones muy favorables. Los críticos piden más transparencia ante los sistemas de verificación que garanticen que las inversiones que se realizan son realmente sostenibles. 

¿SERVIRÁ EL MERCADO?

No se trata de estigmatizar las finanzas como tales, sino de analizar qué papel están representando realmente. Para el experto en economía ecológica, Óscar Carpintero, las finanzas difícilmente pueden ser parte de la solución puesto que son “un instrumento de primer orden en la adquisición de riqueza de los agentes económicos, tanto a escala nacional como internacional. Ese proceso ha estado especialmente vinculado a la apropiación y deterioro de recursos naturales y territorios durante los dos últimos decenios”.Es decir, hoy por hoy están orientadas al lucro y no han contribuido a mejorar el medioambiente. Encontrar soluciones reales, según Andaluz, pasa por “impulsar la descarbonización de la economía y dejar de utilizar combustibles fósiles y no perseguir la neutralidad climática que promueven estos mecanismos de compensación”.

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