{"id":4990,"date":"2018-05-03T10:56:42","date_gmt":"2018-05-03T09:56:42","guid":{"rendered":"https:\/\/osalde.org\/?p=4990"},"modified":"2018-05-03T10:56:42","modified_gmt":"2018-05-03T09:56:42","slug":"la-colaboracion-publico-privada-en-el-ambito-de-la-gestion-sanitaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osalde.org\/eu\/la-colaboracion-publico-privada-en-el-ambito-de-la-gestion-sanitaria\/","title":{"rendered":"La colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada en el \u00e1mbito de la gesti\u00f3n sanitaria"},"content":{"rendered":"<p><strong>Los modelos de colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada en el \u00e1mbito de la gesti\u00f3n sanitaria: lo que nos dice la experiencia<\/strong><\/p>\n<p>Por\u00a0<strong>Marciano S\u00e1nchez Bayle, Federaci\u00f3n de Asociaciones de Defensa de la Salud P\u00fablica FADSP. Abril, 2018<\/strong><\/p>\n<p>Desde hace a\u00f1os, y en medio de la ofensiva neoliberal para desmantelar y privatizar los sistemas sanitarios p\u00fablicos, se ha puesto en marcha la llamada \u201ccolaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada\u201d (CPP) en el sector sanitario p\u00fablico.<\/p>\n<p>Una CPP es un contrato realizado entre la administraci\u00f3n p\u00fablica y una o varias empresas privadas por el que:<\/p>\n<ul>\n<li>La\/s empresa\/s privada\/s financian, construyen y gestionan alg\u00fan elemento de un servicio p\u00fablico; y<\/li>\n<li>La empresa privada cobra a lo largo de varios anos, ya sea mediante las tarifas abonadas por los usuarios (tasas, etc.), o mediante los pagos de la administraci\u00f3n p\u00fablica, o una combinaci\u00f3n de ambos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Como muy bien se\u00f1ala David May (PSI 2015) conviene recordar que el concepto de CPP no se utiliz\u00f3 antes de los a\u00f1os 1990, pero las concesiones han existido durante mucho tiempo antes.<\/p>\n<p>La base de las CPP consist\u00eda en que la empresa privada se compromet\u00eda a invertir su propio dinero y, a cambio, el Estado garantizaba a la empresa el monopolio en el suministro de ese servicio en la zona, y as\u00ed la empresa pod\u00eda obtener un retorno sobre el capital cobrando a los usuarios. Las concesiones se utilizaron con frecuencia en el siglo XIX para implantar sistemas de agua, gas y electricidad, as\u00ed como ferrocarriles, que implicaban una elevada inversi\u00f3n de capital.<\/p>\n<p>Pero el modelo CPP no fue capaz de proporcionar la magnitud de inversi\u00f3n requerida para los servicios universales a precios asequibles, por lo que, en general, fueron reemplazadas por entidades p\u00fablicas que utilizaban financiaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n<p>La versi\u00f3n moderna de las CPP, en la que el gobierno paga a la empresa privada (en lugar de los consumidores), fue inventada en Reino Unido en los a\u00f1os 1980 por el gobierno de Margaret Thatcher. La introducci\u00f3n de reglas fiscales neoliberales redujo el endeudamiento estatal y la capacidad fiscal del estado, pero el gobierno quer\u00eda poder invertir en infraestructura p\u00fablica. Las CPPs se plantearon como la soluci\u00f3n, bajo el nombre de Iniciativa de Financiaci\u00f3n Privada (PFI sus siglas en ingles). Aunque el gobierno se compromete a sufragar la inversi\u00f3n, como si \u00e9l mismo hubiera tomado prestado el dinero, durante un periodo de muchos a\u00f1os que suele ser variable seg\u00fan los casos (entre 10 y 30 a\u00f1os), las normas contables permit\u00edan tratarlas como un pr\u00e9stamo privado, no como un pr\u00e9stamo o endeudamiento p\u00fablico, de modo que el dinero puede tomarse prestado sin infringir las normas fiscales. La pol\u00edtica tambi\u00e9n era atractiva para el gobierno de Thatcher, ya que representaba otra forma de privatizaci\u00f3n, permitiendo a las empresas privadas beneficiarse del dinero p\u00fablico, y exigiendo a los servicios p\u00fablicos que proporcionaran oportunidades comerciales rentables para la empresa privada, que pronto quedaron en manos de grandes multinacionales y fondos de inversi\u00f3n o de capital-riesgo.<\/p>\n<p>Las CPPs nacieron como una estratagema contable, una manera de sortear las propias restricciones del gobierno sobre el endeudamiento p\u00fablico, y siguen teniendo una gran atracci\u00f3n para los gobiernos y las instituciones internacionales. De la misma forma que empresas como Enron hab\u00edan intentado ocultar sus aut\u00e9nticos pasivos traslad\u00e1ndolos \u2018fuera del balance\u2019, los gobiernos comenzaron a utilizar las CPPs como estratagemas\u2026. gracias a las que las cuentas p\u00fablicas imitaban la contabilidad creativa de algunas empresas privadas. Desde la ca\u00edda de Enron, estas estratagemas han sido prohibidas para las empresas, pero las CPPs \u2013que se fundamentan en los mismos principios de maquillar\/esconder el endeudamiento real\u2013 son frecuentemente promovidas por los gobiernos.<\/p>\n<p>Para las empresas privadas implicadas \u2013bancos, constructoras y empresas de servicios\u2013 las CPPs representan una oportunidad comercial sumamente atractiva. Un solo contrato (generalmente suscrito por la propia administraci\u00f3n p\u00fablica) les proporciona una fuente de ingresos seguros y de alta rentabilidad durante muchos a\u00f1os. Las empresas pueden presionar a los pol\u00edticos para garantizar que los gobiernos creen CPPs, y las renegocien creando modificaciones y con ellas incrementos del endeudamiento y de los beneficios muchas veces durante la duraci\u00f3n del contrato.<\/p>\n<p>Desde el principio, la PFI fue criticada tanto por la derecha como por la izquierda por ser mucho m\u00e1s cara que el uso de financiaci\u00f3n p\u00fablica, por perjudicar a los servicios, y por tratarse de una \u2018estafa\u2019 para encubrir la inversi\u00f3n y el endeudamiento p\u00fablico real. Sin embargo, fue adoptada e incrementada por posteriores gobiernos del Reino Unido, y se cre\u00f3 una unidad especial dentro de la Tesorer\u00eda, integrada principalmente por ejecutivos del sector privado, con el prop\u00f3sito de que actuara como un centro permanente dentro del gobierno para promover proyectos PFI.<\/p>\n<p>Esta forma de actuar y los mecanismos utilizados para ello se han convertido en el modelo para las unidades de CPPs creadas por numerosos gobiernos de todo el mundo.<\/p>\n<p>Reino Unido ha utilizado las CPPs para construir una amplia gama de edificaciones e infraestructuras: hospitales, escuelas, carreteras, ferrocarriles, instalaciones de defensa, y oficinas gubernamentales. Conforme se ampliaron los limites neoliberales de endeudamiento de la administraci\u00f3n p\u00fablica, tambi\u00e9n lo hicieron las CPPs (por ejemplo, en Europa, donde las normas de la UE empezaron a limitar el endeudamiento p\u00fablico al 3 por ciento del PIB).<\/p>\n<p>As\u00ed se extendi\u00f3 inicialmente a Nueva Zelanda, Australia, Canad\u00e1 y EE. UU., pa\u00edses todos ellos que empezaron a utilizar la CPP como un componente de la pol\u00edtica de privatizaci\u00f3n, y una forma de maquillar unos presupuestos maquillados mediante la ocultaci\u00f3n del endeudamiento.<\/p>\n<p>En los pa\u00edses en desarrollo, los bancos de desarrollo y las empresas multinacionales fomentaron la proliferaci\u00f3n de la CPP en los a\u00f1os 1990, especialmente en los sectores del agua y de la energ\u00eda, como parte de la promoci\u00f3n general de la privatizaci\u00f3n \u2013y como una forma de evitar las restricciones fiscales que las mismas instituciones financieras internacionales impon\u00edan en los pa\u00edses en desarrollo\u2013. La principal forma de privatizaci\u00f3n del agua eran las concesiones o los contratos de arrendamiento, que son una forma tradicional de CPP. En el sector energ\u00e9tico, se ha producido una introducci\u00f3n generalizada de productores independientes de energ\u00eda (IPP por sus siglas en ingl\u00e9s) con la compra de la electricidad por el sector p\u00fablico garantizada a largo plazo. Los CPP se han enfrentado a una fuerte resistencia popular y a importantes movilizaciones en su contra en muchos pa\u00edses, lo que ha conducido a la rescisi\u00f3n por ejemplo de numerosas concesiones de agua.<\/p>\n<p>En diversas ocasiones se han se\u00f1alado los aspectos generales de las contradicciones existentes entre el mercado, la provisi\u00f3n y gesti\u00f3n privada, y la garant\u00eda de un derecho b\u00e1sico como es el de la protecci\u00f3n a la salud (ver: M S\u00e1nchez Bayle\u00a0<a href=\"http:\/\/www.fundacionalternativas.org\/laboratorio\/documentos\/documentos-de-trabajo\/la-privatizacion-de-la-asistencia-sanitaria-en-espana\">La privatizaci\u00f3n de la asistencia sanitaria en Espa\u00f1a<\/a>. Fundaci\u00f3n Alternativas. Documentos de trabajo N\u00ba: 182\/2014), por lo que no voy a incidir m\u00e1s en el tema y voy a centrarme en la experiencia que existe sobre las denominadas \u201ccolaboraciones p\u00fablico-privadas\u201d en nuestro pa\u00eds, y esto con algunas limitaciones importantes porque, si en general la administraci\u00f3n sanitaria peca de escasa transparencia, en este tema la opacidad es casi total, y las cosas se conocen porque ha pasado tiempo y porque se ha puesto mucho empe\u00f1o en averiguar los datos.<\/p>\n<p>Como ya se ha se\u00f1alado, las CPPs no son ni mucho menos exclusivas del sector sanitario, pero en \u00e9l han tenido un importante desarrollo; desde el Reino Unido, donde se iniciaron los primeros experimentos, se han extendido a muchos otros pa\u00edses en casi todo el mundo (Espa\u00f1a, Portugal, Italia. Canad\u00e1, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Per\u00fa, etc.) y contin\u00faan numerosos intentos de expansi\u00f3n. Un hecho a resaltar es que en Latinoam\u00e9rica son generalmente empresas de titularidad y origen espa\u00f1ol (aunque ya se han convertido en sucursales de multinacionales norteamericanas o alemanas) las que est\u00e1n siendo la punta de lanza de esta expansi\u00f3n del modelo CPP.<\/p>\n<p>En Espa\u00f1a, se han desarrollado dos modelos de CPP en los centros sanitarios, la denominada iniciativa de financiaci\u00f3n privada (del que hay 7 centros en Madrid, uno en Baleares, otro en Castilla y Le\u00f3n y otro en Galicia), y las \u201cconcesiones administrativas\u201d, tambi\u00e9n conocido como modelo Alzira por ser este el primer centro donde se implant\u00f3 (con 5 centros en Valencia y 4 en Madrid). Cuando se iniciaron los hospitales PFI en nuestro pa\u00eds, ya exist\u00eda amplia experiencia en otros pa\u00edses y se hab\u00eda publicado en 2006 en el Bolet\u00edn de la OMS un art\u00edculo que se\u00f1alaba que el modelo ten\u00eda muchos e importantes problemas, y que la \u00fanica ventaja conocida era que las construcciones se realizaban en el plazo se\u00f1alado (en Espa\u00f1a esta supuesta ventaja no se produjo de manera generalizada llegando al extremo de que un hospital de Vigo se abri\u00f3 con 4 a\u00f1os de retraso).<\/p>\n<p>De los datos de la experiencia en nuestro pa\u00eds pueden extraerse los siguientes problemas para estos modelos de CPP:<\/p>\n<p><strong>Incremento de los costes<\/strong><\/p>\n<p>Se ha constatado un notable aumento de los costes de estos centros: en el caso de los 7 hospitales PFI de Madrid, con un coste de construcci\u00f3n de 701 millones \u20ac, en el a\u00f1o 2011 las empresas concesionarias hab\u00edan recibido 761,3 millones \u20ac de acuerdo con el contrato inicial, quedando pendientes 4.284 millones \u20ac. Pero, es m\u00e1s, se descubri\u00f3 gracias a un Informe del Tribunal de Cuentas que en 2010 se les hab\u00edan concedido 80 millones \u20ac sobre el contrato inicial, y aprobado un aumento de 9,1 millones \u20ac del canon. No es pues de extra\u00f1ar que en 2010 el coste por cama anual fuera de 434.868 \u20ac frente a los 277.235 \u20ac de los centros de gesti\u00f3n tradicional. Lo mismo puede decirse del hospital de Burgos cuyo sobre coste inicial se ha disparado a\u00fan m\u00e1s con las sucesivas modificaciones (de 1.000 millones \u20ac del contrato inicial, frente a un coste de construcci\u00f3n de menos de 200 millones, estamos en 1.700 millones \u20ac en 2017), y del hospital de Vigo, que ha pasado de un presupuesto de 331,7 millones \u20ac en su construcci\u00f3n por el modelo tradicional a un contrato de 1.566,4 millones \u20ac.<\/p>\n<p>Por otro lado, en varios casos se ha demostrado que la inversi\u00f3n inicial que supuestamente realizan las empresas adjudicatarias no es tal, ya que recurren a cr\u00e9ditos p\u00fablicos de la Banca Europea de Inversiones avalados por los correspondientes gobiernos de las CCAA, por lo que su aportaci\u00f3n y su riesgo es cero.<\/p>\n<p>Otro hecho constatado en el caso de Madrid es que la parte publica de los hospitales PFI asume costes que por contrato pertenecen a las concesionarias; as\u00ed se ha evidenciado en el hospital de Majadahonda, donde el personal de mantenimiento durante a\u00f1os fue pagado por el SERMAS, y en el hospital de Vallecas donde la jardiner\u00eda y personal administrativo eran del SERMAS a pesar de corresponder a las concesionarias, que sin embargo no pagaba ni recib\u00eda ning\u00fan recorte en el canon. En Alzira, recientemente, la Consejer\u00eda ha reclamado a la concesionaria 102 millones \u20ac correspondientes a salarios de personal estatutario que durante 3 a\u00f1os hab\u00eda trabajado \u201cgratis\u201d para Ribera Salud.<\/p>\n<p><strong>Hipotecan a la pol\u00edtica sanitaria<\/strong><\/p>\n<p>Y lo hacen porque se trata de contratos a muy largo plazo que impiden la necesaria flexibilidad y capacidad de adaptaci\u00f3n que debe tener el servicio sanitario a las necesidades de la poblaci\u00f3n, y tambi\u00e9n porque los contratos garantizan actualizaciones autom\u00e1ticas de las cantidades a percibir (ligadas al IPC o similar seg\u00fan cada caso concreto) que no tienen relaci\u00f3n con la evoluci\u00f3n de los presupuestos sanitarios p\u00fablicos (durante la crisis, recortes de cerca del 20% de los presupuestos de las CCAA) lo que ha agravado los recortes de los centros p\u00fablicos acaparando los centros de gesti\u00f3n privatizada una parte cada vez mayor de una tarta m\u00e1s peque\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>Mala calidad de la construcci\u00f3n y equipamientos<\/strong><\/p>\n<p>Otro aspectos rese\u00f1able y bastante generalizado es la mala calidad de la construcci\u00f3n y los equipamientos de estos centros; as\u00ed se ha comprobado en los hospitales PFI de Madrid por la propia inspecci\u00f3n del Ministerio de Trabajo, en el nuevo hospital de Vigo, que tuvo incluso que paralizar su apertura por estos problemas, y en el hospital de Burgos, con numerosas incidencias.<\/p>\n<p><strong>Disminuyen el n\u00famero de camas y el personal sanitario.<\/strong><\/p>\n<p>Los hospitales PFI han disminuido el n\u00famero de camas y personal sanitario no solo en ellos sino, de manera derivada, en los centros de gesti\u00f3n tradicional. As\u00ed, en la Comunidad de Madrid el n\u00famero de camas financiadas p\u00fablicamente pas\u00f3 de 15.531 en 2009 a 15.035 en 2015 (un 3,19% menos) y, por el medio, se hab\u00edan abierto 11 nuevos hospitales, con lo que hemos conseguido un r\u00e9cord Guinness de construir hospitales y en paralelo disminuir el n\u00famero de camas gracias a la reducci\u00f3n de camas en los centros de gesti\u00f3n tradicional, que han pasado de 14.749 camas a solo 13.504; ello, evidentemente producido para favorecer el negocio de los nuevos centros. En el caso del hospital de Vigo tambi\u00e9n se ha producido una reducci\u00f3n importante de las dotaciones (camas, quir\u00f3fanos, consultas, etc.).<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se ha detectado una disminuci\u00f3n del n\u00famero de profesionales sanitarios, tanto m\u00e9dicos como de enfermer\u00eda (por cama y por habitante adscrito al centro) en estos modelos, m\u00e1s acusado en el caso de las \u201cconcesiones administrativas\u201d que, en los PFI, que frecuentemente asumen el personal de un centro preexistente.<\/p>\n<p><strong>Eliminan el personal no sanitario<\/strong><\/p>\n<p>En los centros PFI de Madrid se elimin\u00f3 el personal no sanitario, desapareciendo 26 categor\u00edas (lo que supuso 19.500 trabajadores menos). Un hecho llamativo que se ha detectado es que el personal contratado por las concesionarias era netamente inferior al fijado en los pliegos de condiciones, as\u00ed como que se produc\u00eda una sistem\u00e1tica subcontrataci\u00f3n de estas tareas a veces con una intolerable rotaci\u00f3n de las subcontratas; en uno de los centros, en 1 a\u00f1o se hicieron cargo de las mismas tareas 11 subcontratas.<\/p>\n<p><strong>Empeoran las condiciones laborales<\/strong><\/p>\n<p>En el Reino Unido, el 13% de las enfermeras tituladas son reemplazadas por ayudantes de atenci\u00f3n sanitaria. Los hospitales PFI ten\u00edan entre un 20 y un 30% menos de plantilla que los p\u00fablicos (14% menos de m\u00e9dicos y enfermer\u00eda, 38% menos de personal de apoyo). El NHS (sistema de sanidad brit\u00e1nico) calcula en 100.000 el n\u00famero de puestos de trabajo menos (el 10% de la plantilla) 36.000 de ellos en el 2007. Como resultado, se produjo un \u00e9xodo en enfermer\u00eda: el 45 % de las enfermeras tituladas en 4 a\u00f1os se fueron al extranjero, lo que explica la elevada demanda de estos profesionales en otros pa\u00edses (Portugal, Espa\u00f1a).<\/p>\n<p>En Madrid, las concesiones administrativas tienen m\u00e1s horario (40 h versus 37,5) y menores retribuciones (300 \u20ac mensuales de promedio).<\/p>\n<p><strong>Externalizan\/ privatizan aspectos claves<\/strong><\/p>\n<p>De entrada, dejan en manos de empresas privadas (frecuentemente subcontratas) los almacenes y distribuci\u00f3n, la documentaci\u00f3n cl\u00ednica y administrativa (poniendo en riesgo la confidencialidad de los datos sanitarios), el mantenimiento integral, con resultados desastrosos en el caso de los hospitales de Madrid, la lavander\u00eda y esterilizaci\u00f3n (con graves problemas de abastecimiento y calidad), la limpieza y el catering (tiempo antes privatizados en casi todos los centros), los residuos urbanos, el transporte interno-externo y la gesti\u00f3n auxiliar, el apoyo administrativo, recepci\u00f3n y centralita, la cafeter\u00eda, Parking y tiendas (tambi\u00e9n privatizados en los centros de gesti\u00f3n tradicional). Todo ello dificulta la coordinaci\u00f3n entre estos aspectos, muchos de ellos clave para la actividad asistencial.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se ha privatizado en otras empresas el laboratorio (en Madrid); el control del funcionamiento de los centros (en Galicia y Madrid); la inform\u00e1tica est\u00e1 privatizada y, adem\u00e1s, utilizan distintos sistemas inform\u00e1ticos que el resto de la red p\u00fablica, con problemas de accesibilidad de la informaci\u00f3n; y el centro de llamadas est\u00e1 privatizado y se utiliza para derivaciones sistem\u00e1ticas al sector privado. La extracci\u00f3n de sangre perif\u00e9rica se privatiz\u00f3 con resultados negativos, y en salud mental se privatizaron Centros de Salud Mental, hospitalizaci\u00f3n de agudos y larga estancia, centros de apoyo, etc.<\/p>\n<p>La radiolog\u00eda se centraliza en el anillo radiol\u00f3gico, empresa p\u00fablica situada en uno de los hospitales.<\/p>\n<p>Las privatizaciones recogidas en el segundo p\u00e1rrafo suponen un incremento de costes que no est\u00e1n registrados en los costes calculados en los contratos, por lo que el sobrecoste real es muy superior al descrito.<\/p>\n<p><strong>Aumentan los costes para la poblaci\u00f3n\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Los costes de los servicios prestados por las concesionarias, por ejemplo, el parking, se incrementan de manera exponencial dificultando seriamente la accesibilidad a las personas con menos recursos.<\/p>\n<p><strong>Acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberan\u00eda y la prestaci\u00f3n de un servicio b\u00e1sico<\/strong><\/p>\n<p>Aunque las PFI y las concesiones inicialmente se concedieron a empresas nacionales, \u00e9stas han acabado vendiendo su participaci\u00f3n a grandes multinacionales que hipotecan la soberan\u00eda en la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico b\u00e1sico. Que sepamos, hasta ahora son:<\/p>\n<ul>\n<li>Hospitales de Parla, Coslada y Arganda en manos de LBIP.BV, en manos de LLoyd Bank.<\/li>\n<li>Majadahonda, comprado por DIF, fondo holand\u00e9s.<\/li>\n<li>Ribera Salud en manos de Centene, fondo de EEUU de aseguramiento y provisi\u00f3n sanitaria.<\/li>\n<li>Valdemoro y Fundaci\u00f3n Jim\u00e9nez Diaz, en manos de Fresenius (fondo de pensiones alem\u00e1n que es mayoritario en la prestaci\u00f3n privada con fondos p\u00fablicos: m\u00e1s de 1.500 millones \u20ac en el \u00faltimo a\u00f1o).<\/li>\n<li>Torrej\u00f3n, pertenece a Sanitas-BUPA, multinacional inglesa con presencia en Europa, Latinoam\u00e9rica, Australia, Nueva Zelanda y Arabia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El gran problema de estas multinacionales es que, por un lado, tienen una gran capacidad de presi\u00f3n (econ\u00f3mica y pol\u00edtica) sobre las administraciones p\u00fablicas y, por otro, si no les interesan las condiciones de rentabilidad pueden \u201cdesaparecer\u201d, cerrando centros y provocando un problema de cobertura asistencial.<\/p>\n<p><strong>Favorecen las corruptelas<\/strong><\/p>\n<p>La gran opacidad que caracteriza estos modelos favorece las corruptelas y\/o la corrupci\u00f3n. En nuestro pa\u00eds se han identificado dos tipos: por un lado, las denominadas eufem\u00edsticamente \u201cpuertas giratorias\u201d (as\u00ed, dos exconsejeros madrile\u00f1os que hab\u00edan impulsado las privatizaciones acabaron en altos cargos de las empresas beneficiadas por \u00e9stas, cuando su escasa cualificaci\u00f3n y conocimientos sanitarios son notorios). Por el otro, varias de estas adjudicaciones (hasta el presente la del hospital Son Espases y la de los centros PFI de Madrid) se encuentran en los tribunales por presunto cobro de comisiones y\/o derivaci\u00f3n de fondos a campa\u00f1as electorales.<\/p>\n<p><strong>Empeoran la atenci\u00f3n sanitaria al poner los intereses econ\u00f3micos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud<\/strong><\/p>\n<p>Este es un tema de gran complejidad porque hay pocos datos (de nuevo, la opacidad) y existen diferencias entre los dos modelos de CPP (PFI y concesiones). En cualquier caso, este empeoramiento viene por dos v\u00edas: por un lado, la directa, la m\u00e1s complicada de demostrar, aunque existen casos como el hospital de Stafordshirre, una\u00a0<em>fundaci\u00f3n trusts<\/em>\u00a0del Reino Unido donde sendos informes del parlamento y del NHS establecieron que se hab\u00eda producido un exceso de mortalidad de entre 400 y 1.200 personas en 4 a\u00f1os, debido a los incentivos comerciales que primaban en el centro. En nuestro pa\u00eds hay un informe de UGT en la Comunidad Valenciana que cuantifica en 2.752 la mortalidad atribuible a la pol\u00edtica privatizadora en esa comunidad aut\u00f3noma.<\/p>\n<p>La segunda v\u00eda es la del deterioro que producen los sobrecostes unidos a los recortes en el conjunto del sistema sanitario. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han disparado las listas de espera, pasando la quir\u00fargica de 27.672 pacientes en junio de 2005 a 82.758 en septiembre de 2017 (recu\u00e9rdese, despu\u00e9s de abrir 11 nuevos hospitales), y en esa misma fecha el n\u00famero de pacientes en lista de espera de consultas externas era de 403.338 personas y 118.273 en espera de pruebas diagn\u00f3sticas, lo que hace un total de 604.369 personas en lista de espera (el 9,29% de la poblaci\u00f3n total). O sea que la implantaci\u00f3n de estos nuevos modelos no ha mejorado la situaci\u00f3n asistencial, sino que la ha empeorado.<\/p>\n<p><strong>Las PFI son un primer paso para la privatizaci\u00f3n total<\/strong><\/p>\n<p>Una cuesti\u00f3n para tener en cuenta es que las PFI, al menos en Madrid, han querido ser convertidas por el gobierno regional en \u201cconcesiones administrativas\u201d en el a\u00f1o 2012, lo que se logr\u00f3 parar por la amplia movilizaci\u00f3n social y profesional.<\/p>\n<p><strong>La ciudadan\u00eda prefiere la gesti\u00f3n p\u00fablica<\/strong><\/p>\n<p>No s\u00f3lo las movilizaciones expresan el rechazo generalizado de profesionales y ciudadanos ante estos fen\u00f3menos privatizadores, sino que las encuestas lo recogen tambi\u00e9n; as\u00ed, el \u00faltimo Bar\u00f3metro Sanitario (2016), ante la pregunta de c\u00f3mo est\u00e1 mejor gestionada la sanidad p\u00fablica el 68,9% contesta que si lo hace la administraci\u00f3n p\u00fablica frente al 13,3% que piensa que lo hacen mejor las empresas privadas (por cierto, el 71,1% en Catalu\u00f1a y el 70,4% en Madrid).<\/p>\n<p><strong>Gobiernos auton\u00f3micos est\u00e1n iniciando procesos de reversi\u00f3n y\/o de paralizaci\u00f3n de proyectos CPP<\/strong><\/p>\n<p>Otro fen\u00f3meno para tener en cuenta es la reversi\u00f3n que se est\u00e1 produciendo de este tipo de \u201cexperimentos\u201d. En Arag\u00f3n, el gobierno (en ese momento del PP) reintegr\u00f3 el CASAR (un consorcio) a la red p\u00fablica, y en Valencia el 1 de abril de este a\u00f1o se ha producido la reintegraci\u00f3n del hospital de Alzira a la red p\u00fablica, prometi\u00e9ndose adem\u00e1s que se har\u00e1 lo mismo con el Hospital de Denia. Adem\u00e1s, se han paralizado muchos proyectos, cuatro hospitales en Castilla La Mancha, dos en Extremadura, uno en Arag\u00f3n y otro en Castell\u00f3n (estos dos \u00faltimos casos con gobiernos del PP). Es decir, muchas administraciones p\u00fablicas est\u00e1n reconociendo por la v\u00eda de los hechos que estos modelos no son buenas alternativas para la provisi\u00f3n de servicios sanitarios.<\/p>\n<p>De todo lo expuesto, creo que queda bastante claro los muchos inconvenientes que tiene la denominada \u201ccolaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada\u201d que han sido tambi\u00e9n reconocidos a nivel internacional, por m\u00faltiples estudios (el \u00faltimo en 2014, el Informe del Comit\u00e9 de Expertos sanitarios de la UE). Y, por ello, es una obligaci\u00f3n tanto desde el punto de vista econ\u00f3mico como sanitario volver a la gesti\u00f3n p\u00fablica de los recursos sanitarios, paralizando las privatizaciones y recuperando los centros privatizados.<\/p>\n<p>Esta recuperaci\u00f3n puede llevarse a cabo mediante 4 mecanismos:<\/p>\n<ol>\n<li>La no renovaci\u00f3n de los contratos a la expiraci\u00f3n de estos. Es lo que se ha hecho en Alzira, y tiene el inconveniente de que los contratos generalmente tienen plazos muy dilatados que prolongar\u00edan excesivamente en el tiempo la necesaria recuperaci\u00f3n de los centros privatizados.<\/li>\n<li>La compra por parte de la administraci\u00f3n p\u00fablica de todas o algunas de las empresas propietarias de las concesiones. Es una evidencia, como ya se ha se\u00f1alado, que muchas de las empresas que recibieron inicialmente las concesiones vendieron sus participaciones en las mismas por m\u00faltiples motivos: necesidad de liquidez, desinter\u00e9s por continuar en las UTEs una vez concluidas las obras (caso de las constructoras), incluso quiebra de las mismas. Dado que las administraciones p\u00fablicas deben de autorizar estas ventas, es el momento de hacerse con la propiedad.<\/li>\n<li>Seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los contratos ejercitando la capacidad sancionadora ante los incumplimientos. La experiencia se\u00f1ala que el incumplimiento es la norma ante la pasividad de las administraciones p\u00fablicas que, en teor\u00eda, deber\u00edan ejercer el control de las concesiones, y de ah\u00ed proviene una parte importante de la elevada rentabilidad de las empresas concesionarias. Aparte de que es imprescindible un adecuado control para garantizar la calidad de la atenci\u00f3n sanitaria a la ciudadan\u00eda, es obvio que un estricto control favorecer\u00eda la tendencia de las empresas incumplidoras a revertir los centros.<\/li>\n<li>Por fin, la expropiaci\u00f3n de los centros por motivos de inter\u00e9s general, te\u00f3ricamente posible, pero la que entra\u00f1a m\u00e1s dificultades por el laberinto legal en que se ver\u00eda envuelta incluidas las dificultades que plantean las normativas de la UE y otros tratados internacionales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Obviamente, ha quedado demostrado que la privatizaci\u00f3n sanitaria debe y puede revertirse, y que ello depende b\u00e1sicamente de la voluntad pol\u00edtica de hacerlo. Ahora bien, conviene hacerlo con prudencia, estudiando caso a caso los contratos existentes y valorando los pasos a dar en cada caso concreto, y que ello puede hacerse en cada comunidad aut\u00f3noma independientemente de las dem\u00e1s, aunque es evidente que la reversi\u00f3n tiene un cierto efecto domino. Por supuesto, ser\u00eda de gran ayuda que se derogasen las leyes estatales y auton\u00f3micas que favorecen esta privatizaci\u00f3n, as\u00ed como la elaboraci\u00f3n de una legislaci\u00f3n que garantizase y reforzase la provisi\u00f3n y la gesti\u00f3n p\u00fablica en el Sistema Nacional de Salud.<\/p>\n<p>Conviene recordar tambi\u00e9n que esta pol\u00edtica no ser\u00e1 posible si no se cumplen tres premisas fundamentales: gobiernos progresistas y\/o de izquierdas, un sector profesional significativo que apoye la Sanidad P\u00fablica, y un amplio apoyo social, que se exprese tanto en una opini\u00f3n p\u00fablica predominante a favor del sistema p\u00fablico de salud como en movilizaciones masivas en su apoyo.<\/p>\n<p>Es muy importante avanzar en este camino con celeridad porque de su logro depende la calidad de la atenci\u00f3n sanitaria, la garant\u00eda de la universalidad de esta y, en suma, la protecci\u00f3n de la salud de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>[Marciano S\u00e1nchez Bayle, presidente de la Asociaci\u00f3n para la Defensa de la Sanidad P\u00fablica de Madrid, portavoz de la Federaci\u00f3n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P\u00fablica, Vicepresidente de la Internacional Association of Helth Policy y miembro del Comit\u00e9 Cient\u00edfico del Observatorio Iberoamericano de Pol\u00edticas y Sistemas de Salud.]<\/strong><\/p>\n<p><strong>4\/2018<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/osalde.org\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Marciano-S%C3%A1nchez-Bayle-Modelos-de-Privatizaciones-1.pdf\">DOCUMENTO EN PDF<\/a><\/p>\n<span class=\"et_bloom_bottom_trigger\"><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los modelos de colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada en el \u00e1mbito de la gesti\u00f3n sanitaria: lo que nos dice la experiencia Por\u00a0Marciano S\u00e1nchez Bayle, Federaci\u00f3n de Asociaciones de Defensa de la Salud P\u00fablica FADSP. Abril, 2018 Desde hace a\u00f1os, y en medio de la ofensiva neoliberal para desmantelar y privatizar los sistemas sanitarios p\u00fablicos, se ha puesto en marcha la llamada \u201ccolaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada\u201d (CPP) en el sector sanitario p\u00fablico. Una CPP es un contrato realizado entre la administraci\u00f3n p\u00fablica y una o varias empresas privadas por el que: La\/s empresa\/s privada\/s financian, construyen y gestionan alg\u00fan elemento de un servicio p\u00fablico; y La empresa privada cobra a lo largo de varios anos, ya sea mediante las tarifas abonadas por los usuarios (tasas, etc.), o mediante los pagos de la administraci\u00f3n p\u00fablica, o una combinaci\u00f3n de ambos. Como muy bien se\u00f1ala David May (PSI 2015) conviene recordar que el concepto de CPP no se utiliz\u00f3 antes de los a\u00f1os 1990, pero las concesiones han existido durante mucho tiempo antes. La base de las CPP consist\u00eda en que la empresa privada se compromet\u00eda a invertir su propio dinero y, a cambio, el Estado garantizaba a la empresa el monopolio en el suministro de ese servicio en la zona, y as\u00ed la empresa pod\u00eda obtener un retorno sobre el capital cobrando a los usuarios. Las concesiones se utilizaron con frecuencia en el siglo XIX para implantar sistemas de agua, gas y electricidad, as\u00ed como ferrocarriles, que implicaban una elevada inversi\u00f3n de capital. 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