{"id":4548,"date":"2018-03-22T13:51:39","date_gmt":"2018-03-22T12:51:39","guid":{"rendered":"https:\/\/osalde.org\/?p=4548"},"modified":"2018-03-22T14:28:21","modified_gmt":"2018-03-22T13:28:21","slug":"observatorio-de-la-dependencia-310-000-245-personas-con-derecho-no-reciben-la-prestacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osalde.org\/eu\/observatorio-de-la-dependencia-310-000-245-personas-con-derecho-no-reciben-la-prestacion\/","title":{"rendered":"Observatorio de la Dependencia: 310.000 (24,5%) personas con derecho no reciben la prestaci\u00f3n."},"content":{"rendered":"

Informe completo\u00a0<\/a>Vista previa de los cambios (se abre en una ventana nueva)<\/span><\/a><\/h3>\n

<\/p>\n

RESUMEN EN 2O CLAVES<\/h3>\n

A fecha 31 de diciembre de 2017<\/strong> hab\u00eda en Espa\u00f1a 1.264.951 personas en situaci\u00f3n de dependencia reconocida y otras 120.213 que estaban pendientes de valoraci\u00f3n.<\/strong> Esto significa que el 3,01 % de la poblaci\u00f3n necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades b\u00e1sicas de la vida diaria.
\n2. De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres (65%) y un tercio (35%) son hombres. El 72,24% de los dependientes reconocidos tiene m\u00e1s de 65 a\u00f1os y los mayores de 80 son el 54,57%.<\/p>\n

\"\"<\/a>3. Durante 2017, la mayor\u00eda de los par\u00e1metros de gesti\u00f3n del SAAD (n\u00ba atendidos, reducci\u00f3n de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados…) han mejorado. Parece que el SAAD se reactiva, pero no es del todo as\u00ed. Se reactiva en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes con Grado I.
\n4. En este momento el 24,51 % de las personas dependientes no recibe ninguna prestaci\u00f3n o servicio del sistema de atenci\u00f3n a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas.<\/strong> Esto afecta a 310.120 personas y a sus familias. Adem\u00e1s hay 120.000 personas pendientes de valoraci\u00f3n<\/strong>.
\n5. El 38,81% de las personas desatendidas (120.378), son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
\n6. Durante 2017 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condici\u00f3n de persona en situaci\u00f3n de dependencia 38.000 personas.<\/strong> Por supuesto que no fallecieron por esa causa, pero s\u00ed lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir
\natenciones. Esto supone que diariamente fallecen m\u00e1s de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.<\/strong>
\n7. El recorte acumulado<\/strong> de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20\/2012<\/strong>, asciende ya a 4.600 millones de euros<\/strong> considerando la supresi\u00f3n del nivel acordado, la reducci\u00f3n del nivel m\u00ednimo y la supresi\u00f3n de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
\n8. La disminuci\u00f3n de la financiaci\u00f3n a las Comunidades<\/strong> desde julio de 2012 hasta diciembre de 2017 (reducci\u00f3n del nivel m\u00ednimo y supresi\u00f3n del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros de quebranto<\/strong> para las arcas auton\u00f3micas.
\n9. La reducci\u00f3n acumulada<\/strong> de las cuant\u00edas de las prestaciones por cuidados familiares<\/strong> desde 2012 asciende a casi 1.173 millones de euros<\/strong> dirigidos a ayudas directas que estas han dejado de percibir.
\n10. Los recortes supusieron una fase de la par\u00e1lisis y retroceso generalizado del sistema<\/strong> en el intervalo junio 2012- junio 2015 (fase de demolici\u00f3n del SAAD). Desde junio de 2015 el sistema progresa aunque muy lentamente.
\n11. El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2017 asciende a 7.597 millones de euros, de los cuales las administraciones p\u00fablicas aportaron 6.041 millones. El resto (1.556 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado<\/strong>, lo que supone un 20,5%.<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a>12. Los costes de oportunidad<\/strong> por no haber mantenido la ya parca financiaci\u00f3n estatal inicial entre 2012 y 2017 se cifran en una p\u00e9rdida acumulada de 1.071 millones de euros en recaudaci\u00f3n directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades<\/strong> y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 100.000 puestos de trabajo<\/strong> netos y anclados al territorio. Todo ello sin contar con los retornos inducidos desperdiciados.
\n13. Existe un \u201ccopago a\u00f1adido\u201d<\/strong> soportado por muchos ciudadanos que deben asumir la diferencia entre la cuant\u00eda percibida y el coste real de los servicios adquiridos<\/strong> mediante prestaci\u00f3n vinculada al servicio. Se requiere de regulaci\u00f3n de mercado en los servicios de cuidados, de normas que aseguren el acceso a los servicios mediante libre elecci\u00f3n por parte del usuario y de inspecci\u00f3n y control p\u00fablicos adecuados. Es preciso mantener ciertas cautelas y control con este tipo deprestaci\u00f3n.
\n14. Del gasto p\u00fablico directo<\/strong> en dependencia en 2017, la Administraci\u00f3n General del Estado soport\u00f3 el 20 %<\/strong> y las comunidades aut\u00f3nomas el 80% restante<\/strong>. Muy lejos de la pretendida aportaci\u00f3n al 50%.
\n15. Se mantienen las grav\u00edsimas desigualdades entre territorios<\/strong> tanto en cobertura como en modelos de gesti\u00f3n. Es previsible que haya algunas Comunidades Aut\u00f3nomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio dr\u00e1stico de modelo de atenciones y una inyecci\u00f3n financiera espec\u00edfica.
\n16. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposici\u00f3n Final s\u00e9ptima de la Ley 36\/2011, de 10 de octubre,<\/strong>reguladora de la jurisdicci\u00f3n social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia dedependencia pasen al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa lentos, costosos,<\/strong>
\n farragosos y nada garantistas.<\/strong>
\n17. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de g\u00e9nero<\/strong> que puede estar teniendo la feminizaci\u00f3n de los cuidados<\/strong> en la medida en que estos no son resultado de una libre elecci\u00f3n y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la Seguridad Social.
\n18. Con todo, el SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generaci\u00f3n de empleo y para la obtenci\u00f3n de retornos.<\/strong> En 2017, la ratio de empleos directos por mill\u00f3n de gasto p\u00fablico es de 36, y la tasa de retorno es del 39,66%.<\/p>\n

19. Si se atendiera ya a las 310.120 personas en espera \u2013simplemente cumpliendo con la Ley- se generar\u00edan m\u00e1s de 75.000 empleos directos que a\u00f1adir a los 220.000 actuales ligados al SAAD, acerc\u00e1ndonos de este modo a la cifra de los 300.000 empleos pronosticada en la Libro Blanco de la Dependencia.<\/p><\/blockquote>\n

20. Finalmente, compartimos en esencia las conclusiones de la Comisi\u00f3n de An\u00e1lisis de la Dependencia creada por la Conferencia de Presidentes. Reclamamos en todo caso que sean tenidas en cuenta pr\u00f3ximamente en la elaboraci\u00f3n de los nuevos PGE 2018 o en el futuro respecto a la negociaci\u00f3n del Sistema de Financiaci\u00f3n Auton\u00f3mica<\/p>\n<\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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