{"id":15889,"date":"2022-11-09T10:38:02","date_gmt":"2022-11-09T09:38:02","guid":{"rendered":"https:\/\/osalde.org\/?p=15889"},"modified":"2022-11-09T10:40:44","modified_gmt":"2022-11-09T09:40:44","slug":"por-un-gobierno-federal-de-la-sanidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osalde.org\/eu\/por-un-gobierno-federal-de-la-sanidad\/","title":{"rendered":"Por un Gobierno federal de la sanidad"},"content":{"rendered":"

Fuente: Almendron.com Revista de Prensa<\/a><\/strong>\u00a0 (Original de\u00a0 Antonio Sitges-Serra<\/strong> y Luis Palomo<\/strong> en “El Pa\u00eds”)<\/span><\/span><\/p>\n

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El Gobierno ha propuesto la creaci\u00f3n de la Agencia Estatal de Salud P\u00fablica<\/a> (AESP). La iniciativa es una consecuencia de las deficiencias organizativas, de gesti\u00f3n y de informaci\u00f3n que se han observado durante la pandemia por el coronavirus Sars-Cov2. La pandemia ha propiciado su creaci\u00f3n, porque esta figura ya estaba prevista en el art\u00edculo 47 de la Ley 33\/2011, de 4 de octubre<\/a>, y en el art\u00edculo 91 de la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, del R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico.<\/p>\n

La oportunidad de este centro tambi\u00e9n se refleja en el Dictamen para la Reconstrucci\u00f3n Social y Econ\u00f3mica del Congreso de los Diputados de 29 de julio de 2020, en la Declaraci\u00f3n de Zaragoza sobre Vigilancia en Salud P\u00fablica de 10 de marzo de 2022 y en la Estrategia de Vigilancia en Salud P\u00fablica, acordada por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en su reuni\u00f3n del 15 de junio de 2022.<\/p>\n

Diferentes comunidades aut\u00f3nomas se postulan ya para acoger la AESP, con argumentos que van desde compensar a la Espa\u00f1a vaciada hasta mostrar con hechos la apuesta del actual Gobierno por descentralizar el poder administrativo nacional<\/a>. Se deja a futuro la elaboraci\u00f3n de sus estatutos de funcionamiento, as\u00ed como decidir si el organismo ser\u00e1 un n\u00facleo decisorio o una especie de red de redes que contemporice con los centros de salud p\u00fablica ya existentes.<\/p>\n

Ya antes de la aprobaci\u00f3n y puesta en marcha de la AESP se repiten incongruencias y conflictos que son consecuencia de la indefinici\u00f3n que arrastra la concepci\u00f3n del sistema sanitario espa\u00f1ol y, sobre todo, su dise\u00f1o de tipo confederal, asentado en el reparto de competencias por comunidades aut\u00f3nomas, conflictos competenciales que durante la pandemia se han puesto de manifiesto en decisiones y situaciones concretas, como, entre otras:<\/p>\n

\u2212Las pol\u00edticas de restricci\u00f3n del contacto social que, m\u00e1s que las medidas sanitarias, han protagonizado diferencias pol\u00edticas<\/a> entre la Administraci\u00f3n central y algunas autonom\u00edas.<\/p>\n

\u2212La polarizaci\u00f3n pol\u00edtica ha favorecido la p\u00e9rdida de confianza de la poblaci\u00f3n en las medidas restrictivas y la reducci\u00f3n del seguimiento de las mismas.<\/p>\n

\u2212La ausencia de un sistema adecuado de salud p\u00fablica y vigilancia epidemiol\u00f3gica, tanto a nivel de las comunidades aut\u00f3nomas como en su coordinaci\u00f3n a nivel central.<\/p>\n

\u2212Las carencias en los sistemas de informaci\u00f3n sanitaria general han impedido que se pudiera disponer de datos sobre personal sanitario, dotaci\u00f3n de material, n\u00famero de camas generales y en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), o incluso de la incidencia real de la enfermedad y de su grado de contagiosidad y letalidad.<\/p>\n

\u2212El esfuerzo realizado por los profesionales de la salud, pese a la reducci\u00f3n de las plantillas.<\/p>\n

\u2212La inaceptable e ilegal situaci\u00f3n de eventualidad de m\u00e1s de un tercio del personal sanitario, y las restricciones salariales.<\/p>\n

\u2212La p\u00e9rdida de las condiciones universales de la protecci\u00f3n sanitaria, por el mantenimiento de las mutualidades<\/a> (Muface, Mugeju e Isfas), ha a\u00f1adido dificultades para la adopci\u00f3n y el seguimiento de distintos tipos de medidas durante la pandemia.<\/p>\n

\u2212La devaluaci\u00f3n del ejercicio del derecho a la protecci\u00f3n sanitaria para todos los ciudadanos en la totalidad del territorio espa\u00f1ol prevista en el texto constitucional. Nunca se han llegado a establecer mecanismos de garant\u00eda, que solo podr\u00edan ser desarrollados desde el Gobierno del Estado, para evitar los rechazos de pacientes, o la restricci\u00f3n de algunas prestaciones.<\/p>\n

\u2212Las trabas puestas por las comunidades aut\u00f3nomas para constituir un sistema com\u00fan de compras<\/a>, previsto desde la Ley General de Sanidad, pero nunca desarrollado de manera general y efectiva, e imposible de desarrollar de manera apresurada en una situaci\u00f3n de crisis.<\/p>\n

Las deficiencias se\u00f1aladas han tenido como consecuencia:<\/p>\n

1) La aparici\u00f3n de desigualdades importantes en el acceso a la prestaci\u00f3n de servicios sanitarios por parte de los ciudadanos residentes en diferentes comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n

2) Un desarrollo raqu\u00edtico de los sistemas de informaci\u00f3n.<\/p>\n

3) Mecanismos de gesti\u00f3n de compras que impiden las econom\u00edas de escala y los beneficios que se podr\u00edan derivar del \u201cpoder de compra\u201d del Sistema Nacional de Salud (SNS) si actuara de manera conjunta y solidaria.<\/p>\n

4) El deterioro del Ministerio de Sanidad como \u00f3rgano del Gobierno para la direcci\u00f3n de la pol\u00edtica sanitaria, por, entre otras causas: la reducci\u00f3n cuantitativa y cualitativa de su plantilla; la mala definici\u00f3n legal de su papel en la coordinaci\u00f3n de los servicios sanitarios; la cesi\u00f3n de algunas de sus funciones esenciales, como el reconocimiento del derecho a la protecci\u00f3n sanitaria; la carencia de una base de datos \u00fanica de la poblaci\u00f3n protegida que acredite el reconocimiento del derecho, la emisi\u00f3n de una tarjeta sanitaria universal y la garant\u00eda de \u201cportabilidad\u201d del derecho entre las comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n

5) La subordinaci\u00f3n efectiva de las consejer\u00edas y los servicios de salud auton\u00f3micos a los departamentos econ\u00f3micos de las comunidades aut\u00f3nomas, como consecuencia del abultado volumen del gasto sanitario en sus presupuestos.<\/p>\n

La relaci\u00f3n de problemas y d\u00e9ficits del sistema sanitario espa\u00f1ol que ha puesto de manifiesto la pandemia son de car\u00e1cter estructural. Por eso, m\u00e1s all\u00e1 de las actuaciones inmediatas adoptadas para afrontar el episodio pand\u00e9mico o de otras medidas posteriormente propuestas, como una auditor\u00eda de las actuaciones adoptadas o como la citada creaci\u00f3n de un AESP, se deben abordar reformas estructurales del sistema que permitan afrontar nuevos riesgos futuros y reforzar la universalidad y la equidad en las prestaciones asistenciales.<\/p>\n

El texto constitucional reconoce como competencia exclusiva del Estado el establecimiento de las \u201cbases y coordinaci\u00f3n general de la sanidad\u201d, competencia esta \u00faltima que no ha sido desarrollada adecuadamente, motivo por el cual proponemos al Gobierno y a los partidos pol\u00edticos la redacci\u00f3n de una nueva Ley General de Sanidad como la v\u00eda m\u00e1s adecuada e insustituible para hacer efectivas las reformas que precisa el Sistema Nacional de Salud.<\/p>\n

Una nueva Ley General de Sanidad no necesitar\u00eda cambios constitucionales previos para reconsiderar la forma en que se ha producido la distribuci\u00f3n y el ejercicio de las competencias sanitarias, tanto por la Administraci\u00f3n General del Estado como por las comunidades aut\u00f3nomas. Algunos aspectos relacionados con la financiaci\u00f3n del sistema sanitario podr\u00edan precisar del rango y de las condiciones para su aprobaci\u00f3n de una ley org\u00e1nica, como la modificaci\u00f3n complementaria de la Ley 3\/1986, de medidas especiales en materia de salud p\u00fablica.<\/p>\n

La \u201corientaci\u00f3n federal\u201d que se propone para la nueva ley supone recuperar el trabajo en com\u00fan para conseguir y mantener la protecci\u00f3n sanitaria universal, incluida como derecho asociado a la ciudadan\u00eda en la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a>. Y supone la participaci\u00f3n tanto del Gobierno del Estado como el de las comunidades aut\u00f3nomas en el gobierno de la sanidad, cada uno en los papeles que la Constituci\u00f3n les atribuye.<\/p>\n

La \u201corientaci\u00f3n federal\u201d de una nueva ley es la \u00fanica v\u00eda posible para evitar la ruptura de hecho que se ha producido en la gesti\u00f3n del Sistema Nacional de Salud, sustituida por 17 servicios de salud de funcionamiento casi independiente, con una tendencia que se podr\u00eda calificar de \u201cconfederal\u201d.<\/p>\n

En un gobierno \u201cfederal\u201d de la sanidad, el ejercicio de sus competencias por el Ministerio de Sanidad supone la capacidad de intervenci\u00f3n directa del mismo en las actuaciones que se derivan de aquellas, y no pueden ni deben ser sustituidas por la b\u00fasqueda de acuerdos con las comunidades aut\u00f3nomas para su aplicaci\u00f3n. La ley deber\u00eda definir de manera m\u00e1s precisa cu\u00e1les son y en qu\u00e9 \u00e1reas se deben producir y concretar esas actuaciones.<\/p>\n

En el caso de las competencias sobre asistencia sanitaria, la alternativa podr\u00eda pasar por una definici\u00f3n del Sistema Nacional de Salud como una entidad \u00fanica con personalidad jur\u00eddica propia, y no como la suma de unos servicios auton\u00f3micos de salud, que en su mayor\u00eda ni siquiera exist\u00edan cuando se promulg\u00f3 la Ley General de Sanidad.<\/p>\n

Un Sistema de Salud con personalidad jur\u00eddica propia podr\u00eda establecer un sistema de informaci\u00f3n com\u00fan, mecanismos de compras de la misma naturaleza, un \u00f3rgano de evaluaci\u00f3n de tecnolog\u00edas sanitarias al servicio del conjunto del sistema, y mecanismos de orientaci\u00f3n y control comunes de la investigaci\u00f3n que se lleva a cabo en sus instituciones, mecanismos todos ellos cuyas deficiencias actuales han quedado claramente de manifiesto durante la pandemia.<\/p>\n

La \u201cfederalizaci\u00f3n\u201d del sistema sanitario, tanto en su vertiente de salud p\u00fablica como de asistencia sanitaria, deber\u00eda tambi\u00e9n facilitar el desarrollo de nuevas pol\u00edticas de personal comunes que impidan las carencias puestas de manifiesto en uno y otro terreno, como un estatuto marco del personal del Sistema Nacional de Salud, de forma que se evite de manera simult\u00e1nea las situaciones de temporalidad de un porcentaje significativo del personal sanitario, o barreras a los traslados, o diferencias salariales entre comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n

Sin una nueva base legal que facilite un ejercicio diferente de las competencias sanitarias, lo previsible es que cualquier proceso de naturaleza sanitario-asistencial que se intente (como la creaci\u00f3n de una AESP) quede sometido a las mismas contradicciones y limitaciones, no tanto de car\u00e1cter t\u00e9cnico como pol\u00edtico, que sufrieron procesos anteriores, como los que han afectado al desarrollo de la historia cl\u00ednica \u00fanica, a la tarjeta sanitaria universal, o a los sistemas de informaci\u00f3n y al conjunto de la vigilancia epidemiol\u00f3gica.<\/p>\n

Luis Palomo<\/strong> y Antonio Sitges-Serra<\/strong> forman parte de la Plataforma por el Gobierno Federal de la Sanidad Universal junto a Javier Rey del Castillo (promotor, recientemente fallecido), Ram\u00f3n G\u00e1lvez Zalo\u00f1a, Jos\u00e9 Jes\u00fas Mart\u00edn Mart\u00edn, Carlos Ponte Mittelbrum, Cayetano Rodr\u00edguez Escudero, Pedro Sabando Suarez, Javier S\u00e1nchez-Caro, Juan Sim\u00f3 Mi\u00f1ana, Juan Jos\u00e9 Soloz\u00e1bal Echeverr\u00eda y Eduardo Spagnolo de la Torre. El documento Una nueva ley de orientaci\u00f3n federal para la sanidad espa\u00f1ola tras la pandemia est\u00e1 accesible aqu\u00ed<\/a><\/em><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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