Etiqueta: Recortes

Archive Posts Listed On This Page

La “reforma” de la Sanidad Gallega consistirá en nuevos recortes y privatizaciones

El Consello de la Xunta ha aprobado este jueves, en pleno puente de la Constitución, la polémica reforma sanitaria de Alberto Núñez Feijóo.

Fuente: publico.es Juan Oliver

Según la oposición al Partido Popular y los colectivos de defensa de la sanidad pública, que se han manifestado reiteradamente contra la reforma, la nueva normativa discriminará a los pacientes de las áreas rurales y más despobladas de la comunidad, cuyos hospitales pasarán en la práctica a tener una “menor categoría” que los de las grandes ciudades. También creen que rebajará la calidad asistencial, que permitirá asestar nuevos recortes a la inversión en salud y que promoverá y facilitará el proceso de privatizaciones.

Una de las principales novedades de la reforma de la ley de Salud es que se modifica el mapa de la administración sanitaria, que hasta ahora estaba diseñado en torno a las llamadas estructuras organizativas de gestión sanitaria (EOXI, en sus siglas en gallego) que agrupaban a las áreas sanitarias, distribuidas en torno a los hospitales urbanos y comarcales.

Cuando la ley sea aprobada por el Parlamento de Galicia, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se crearán catorce distritos sanitarios, donde la gestión de los hospitales comarcales dependerá de los centros ubicados en las grandes ciudades.

Según la Plataforma SOS Sanidade Pública, esa nueva distribución permitirá a la Xunta eliminar la atención especializada en numerosos servicios que ahora prestan los hospitales pequeños, trasladando pacientes a los grandes centros que ya se encuentran masificados o que están infrautilizados por los recortes, y que, ante su incapacidad para asumir esas derivaciones por falta de inversión, trasladan pacientes a los centros privados concertados. Ese proceso, además, hace recaer en los propios pacientes de las áreas más despobladas y envejecidas, que suelen estar entre los que más necesidades de atención sanitaria tienen, los costes de transporte a las áreas urbanas para optar a esos servicios, así como los derivados del desplazamiento y estancia de sus familiares y acompañantes.

Según denuncia En Marea, en hospitales como el de O Salnés, en Vilagarcía de Arousa, ya se han eliminado especialidades tan relevantes como la Cardiología y la Neurología, y se derivan pacientes a centros privados como el Quirón de Pontevedra mientras se mantiene cerrada seis meses al año una planta entera del centro público. En Burela, en el norte de Lugo, ya no se operan cataratas.

Y en muchos centros ni siquiera se cubren no ya las bajas por jubilaciones o traslados de profesionales sanitarios, sino también las causadas por enfermedad o incluso por libranzas y vacaciones, lo que obliga, de nuevo, a derivar enfermos a la medicina privada.

Según Luis Villares, portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, la reforma agravará esa situación porque, literalmente, hace que la sanidad pública sea la responsable de “prestar atención a las necesidades sociales” para centrarse en exclusiva “en la gestión de los recursos disponibles”.

Para la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, además, la reforma persigue otros objetivos: de un lado, “quitar poder e influencia a las comarcas y a sus hospitales de referencia para centrar todo el poder en determinados hospitales”, donde sus responsables lo serían también de la adjudicación de subcontratas.

Y en ese punto cabe recordar el proceso de purga en varias jefaturas de servicio de diversos hospitales que ha emprendido el Gobierno de Feijóo para ubicar en ellas a personas afines, y cuyos nombramientos han sido tumbados en los tribunales. O los informes del Consello de Contas de Galicia y las denuncias de Batas Blancas en torno a las irregularidades en las adjudicaciones y subcontratas del hospital de Pontevedra.

De otro lado, se trata de “poner los servicios más relevantes y con mayor capacidad de gasto de los grandes hospitales al servicio de la industria” farmacéutica, ya que la nueva ley les faculta para financiar la investigación de nuevas patentes con fondos públicos y en centros públicos, para luego registrarlas a nombre de esas empresas mediante la figura legal de la compra pública innovadora: “La Xunta compra con dinero público una innovación aún inexistente que las empresas se comprometen a intentar llevar a cabo. SI la operación no sale se reparten las pérdidas, pero si sale, la patente es para la industria”.

La asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública considera que la reforma “consolida el negocio de la industria privada con fondos sanitarios públicos mediante las nuevas figuras de contratación” y permite que las universidades y sus profesionales “estén al servicio de las multinacionales” de la industria farmacéutica.

La Xunta, sin embargo, niega la mayor y asegura que los ciudadanos no notarán cambios con la nueva distribución asistencial. De hecho, el propio Feijóo aseguró el jueves que su reforma “blinda” la prestación de servicios en todos los hospitales, así como su existencia, dado que “ningún Gobierno podrá disminuir o eliminar un hospital comarcal en Galicia si no es por ley y por autorización” del Parlamento.
Además, insistió en que la normativa beneficia a los profesionales sanitarios porque “por primera vez se autorizan concursos de traslados abiertos y permanentes” y se “facilita una mayor movilidad dentro de las áreas” asistenciales.

En los últimos meses, miles de personas han protestado en toda Galicia contra la nueva regulación sanitaria, con manifestaciones multitudinarias en la mayoría de hospitales comarcales. Consciente de los rechazos que suscita, la Xunta la ajustado a un calendario en el que los pasos más importantes se han dado coincidiendo con las vacaciones. El PP la presentó en verano, y tuvo que ampliar el período de exposición pública ante las protestas del sector y las acusaciones de opacidad. Ahora, a falta del trámite parlamentario, la ha aprobado en medio del puente festivo más largo del año.

 

Ver

El gobierno Rajoy rebaja el gasto sanitario

FADSP  Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública

El Gobierno de Rajoy ha reducido un año más la previsión de gasto sanitario público. El Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea destina a sanidad pública el 5,8 % del Producto Interior Bruto (PIB), por debajo del 5,95% del año pasado (por primera vez descendió por debajo del 6% y que lleva disminuyendo desde el 6,7% de 2009). Este mínimo histórico se alcanza a pesar de que el Gobierno da por cerrada la crisis económica con las que justificó los recortes y anuncia una etapa de recuperación.

¿Está justificado este recorte?

El Gasto Sanitario Público de España está más de un punto de PIB por debajo de la media europea, ocupando  el puesto 15 de los 28 países de la Unión Europea (7,2% ), muy lejos de  los países más desarrollados (Alemania Francia, Reino Unido, etc), por detrás de países como Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, teóricamente más pobres. No parece por tanto lógico reducir el gasto en salud cuando la mayoría de los países lo están incrementando. Las políticas de gasto sanitario del PP se han fundamentado en el recorte de recursos en lugar de incremento de los ingresos, como demuestra la disminución del presupuesto de sanidad mientras estamos diez puntos por debajo de la media de países europeos en presión fiscal.

¿Que pretende el Gobierno con esta rebaja?

Su objetivo teórico es alcanzar el objetivo de déficit marcado por la Comisión Europea, que supone una reducción de 16.000 millones de euros de gasto público y que el gobierno pretende cargar sobre el gasto social destinado a sanidad, educación, protección social o pensiones.

El objetivo real es debilitar al sistema sanitario público para crear espacios al sector privado y a los seguros médicos que han experimentado un gran crecimiento a pesar de los recortes.

¿Las contradicciones de esta rebaja?

1.- Con la descentralización del Estado se transfirió a las CCAA la responsabilidad de planificar y gestionar los presupuestos sanitarios. Esto supone, que si no hay un acuerdo con las CCAA, el Gobierno va a tener serias dificultades para alcanzar estos objetivos, a no ser que se vuelva a una vuelta a la centralización sanitaria (poco compatible con la actual Constitución). Aunque el Ministerio de Economía puso en marcha algunos instrumentos para financiar el endeudamiento sanitario de las CCAA a cambio de recortar gasto, estas siguen incrementado su endeudamiento y muchas de ellas destinan una parte de los fondos sanitarios a otras partidas, incrementando así las diferencias intercomunitarias.

2.- El Modelo de Financiación autonómica no responde a criterios de racionalidad ya que no  contempla indicadores de necesidades de salud ni tiene en cuenta los principales determinantes de gasto (farmacia y tecnología); no tienen carácter finalista lo que favorece que una parte del mismo se destine a fines no sanitarios; la financiación mediante impuestos indirectos (que gravan el consumo y la actividad económica) redujo la recaudación durante la crisis y condicionó que la sanidad perdiera su carácter redistributivo (a lo que habría que añadir la irracionalidad y el fracaso de los Fondos de Cohesión destinados a nivelarlo)

2.- La reducción del gasto entra en contradicción con el aumento brutal del Gasto Farmacéutico, especialmente el Hospitalario que creció en torno a un 25% en los últimos años. La subida del gasto en medicamentos es el resultado de la estrategia de los laboratorios farmacéuticos de fijar unos precios desproporcionados para los nuevos medicamentos para tratar enfermedades como la Hepatitis C (más de 30.000 euros por tratamiento), el cáncer o las enfermedades autoinmunes.  Por otro lado la compra irracional de aparataje tecnológico (pese tener una de las mayores tasas por habitante de la UE), el aumento de la concertación con el sector privado (al que se derivan numerosos pacientes en listas de espera), o la utilización de la Colaboración Público Privada para financiar, construir y gestionar nuevos hospitales (que multiplicó por siete el coste de los mismos.

3.- Buena parte de las CCAA están poniendo en marcha estrategias de investigación, desarrollo  e innovación (I+D+I) en colaboración con laboratorios, empresas tecnológicas y  fondos de inversión internacional (como los denominados Cluster de Salud), en los que los servicios sanitarios ponen los recursos (presupuestos, personal, centros, equipamiento diagnóstico y enfermos) mientras que el sector privado desarrolla nuevas patentes con los mismos (y que posteriormente son vendidas a precio de mercado a la misma sanidad pública que las financió). La finalidad de todo esto es favorecer el negocio de las multinacionales con recursos públicos y trasformar al sistema sanitario en un elemento al servicio del desarrollo empresarial (sic).

4.- Por último el recorte del gasto sanitario se solapa con un aumento de la demanda de atención asociada al aumento de la pobreza y del envejecimiento de la población.

Principales consecuencias de esta política:

1.- Aumento exponencial de las listas de espera (la patronal de hospitales privados se ha ofrecido recientemente a solucionar la quirúrgica a cambio de 1.700 millones de euros), asociado al desmantelamiento de servicios, cierre de camas y recorte de profesionales. La espera para operarse en España pasa de 83 a 115 días en seis meses. El número total de pacientes que aguardaba ser intervenido al acabar 2016 llegó a 614.101, 45.000 más que seis meses antes

2.- Deterioro de la calidad de la atención de los enfermos, especialmente de la Atención Primaria responsable de las actividades promoción y prevención de salud (durante la crisis los presupuestos hospitalarios crecieron un escaso 3%, mientras que en AP se redujeron un 22%). La participación del nivel primario en el gasto sanitario total esta en torno al 15%, muy alejado del 25% fijado por las principales sociedades profesionales

3.-Incremento del malestar y la frustración del personal sometido a reducciones salariales y aumento de la precariedad (las platillas se han reducido en más de 25.000 trabajadores aprovechando la no reposición de las plazas del personal jubilado, mientras que más de la mitad no tienen plaza en propiedad). Muchos profesionales están emigrando a los países nórdicos, Alemania, Austria o el Reino Unido.

4.- Riesgo para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema sanitario, dado que se reduce el gasto mientras aumentan los costes por la privatización.

5.- Aumento de las tensiones entre CCAA, que pueden poner en riesgo la cohesión del sistema.

Algunas propuestas para afrontar los problemas del gasto sanitario sin afectar a la salud de la población:

1.- Incrementar el gasto sanitario en 1 punto de PIB, para equipararnos a la media de los países europeos y como mínimo recuperar el % de gasto sanitario público de 2009.

2.- Cambiar el modelo de Financiación Sanitaria para garantizar la equidad y la racionalidad en el reparto presupuestario, que debería tener carácter finalista.

2.- Mejorar la racionalidad del gasto potenciando la Atención Primaria e incrementando los fondos para la Promoción y la Prevención de salud.

3.- Acabar con el modelo de colaboración Público Privada para financiar y gestionar nuevos centros, la formación, la investigación y la innovación sanitaria. Reintegrar al sistema público los recursos privatizados dado su elevado coste.

4.- Poner en marcha medidas para controlar el gasto farmacéutico: Potenciar los medicamentos genéricos, controlar la presión de la industria sobre los profesionales, fijar precios racionales para los nuevos medicamentos, controlando su financiación si no aportan mejoras sobre los ya existentes.

5.- Exigir la dedicación exclusiva de los trabajadores del sistema público, especialmente del personal facultativo con capacidad de prescripción, para evitar la parasitación del sistema público por el privado.

6.- Racionalizar el uso de los recursos diagnósticos y terapéuticos mediante la generalización de protocolos y guías clínicas basadas en una resultados científicamente comprobados.

5.- Potenciar el Consejo Interterritorial de Salud como organismo para conseguir acuerdos entre CCAA.

6.- Elaborar el Plan de Salud Estatal (contemplado en la Ley General de Sanidad en 1986 y nunca realizado), con la participación de los Servicios de Salud Autonómicos y del Consejo Interterritorial de Salud, que defina las necesidades y problemas de salud prioritarios y permita un reparto justo y racional de los recursos en base a estas.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

2 de Noviembre de 2017

Ver