Día: 13 febrero, 2018

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La sanidad pública y las incompatibilidades

Fuente: diariodeleon  PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA. 13/02/2018

La masiva manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado día 20 de enero en Valladolid puso de relieve la gran inquietud que existe en esta materia en todos los rincones de la Comunidad autónoma. Del mismo modo, sirvió para evidenciar los múltiples temas que en ese campo producen alarma entre la ciudadanía.

Uno de ellos, trabajado intensamente desde la Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León, merece, a nuestro juicio, un mayor realce y por eso trasladamos a la opinión pública el resultado de esos trabajos a través de este medio de comunicación.

Tras la carta que enviamos al consejero de Sanidad el pasado mes de octubre denunciando el incumplimiento sistemático de la Ley de Incompatibilidades en el sistema sanitario de Castilla y León, hemos trasladado esta denuncia ante otras dos instancias más: el consejero de la Presidencia, responsable de la Inspección General de Servicios, y el gerente de Salud del Área de León, quien ostenta la representación de la Gerencia Regional de Salud en León. Nuestra demanda se sustenta en los argumentos que explicamos a continuación.

Según datos publicados, se estima que en torno al 39% de los médicos y médicas especialistas del Sacyl trabajan a la vez en la medicina pública y en la privada. Aunque hay médicos de Familia que también trabajan en la privada, la inmensa mayoría de quienes están en las dos redes asistenciales son especialistas hospitalarios. Las especialidades de mayor demanda privada son Ginecología, Pediatría y Traumatología, seguidas de Oftalmología y Odontología, dada la escasa cobertura pública de la salud bucal.

En la provincia de León, la permisividad en la compatibilización público-privada para este colectivo es notoria, siendo habitual que algunos de estos especialistas tenga incluso su propia consulta privada.

Conforme a lo dispuesto en la legislación, no está permitido ejercer a la vez una profesión en el sector público y otra en la empresa privada cuando la actividad privada esté relacionada de forma directa con la que se desarrolla en la Administración; tampoco cuando el desempeño de la actividad privada compromete la imparcialidad e independencia de los trabajadores y trabajadoras del sistema público, menoscaba el cumplimiento de sus deberes o perjudica los intereses generales; ni si la actividad privada requiere la presencia efectiva durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal.

Esta normativa implica que los posibles casos de compatibilidad laboral debieran ser muy excepcionales, pues en el caso de estos profesionales, mientras no haya una transparencia total, una información completa y detallada de la actividad profesional desempeñada por el personal médico especialistas en la Sanidad Pública y de la actividad compatibilizada en el sector privado, no se puede demostrar de forma objetiva que la actividad privada no pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Por otra parte, cuando lo que se hace es prestar los mismos servicios en ambos sectores, público y privado, y estos servicios están dirigidos a los mismos potenciales usuarios, las personas enfermas con una determinada patología, es evidente que la actividad realizada en el sector privado está directamente relacionada con la actividad realizada en la Sanidad Pública, siendo en la mayoría de los casos la misma, por lo que se puede prever un conflicto de intereses entre ambas actividades con un evidente perjuicio para la Sanidad Pública.

Por eso, a nuestro modo de ver, no existe suficiente rigor en el reconocimiento de dichas compatibilidades, pudiendo estar indebidamente justificadas por no contar con las acreditaciones exigidas por la ley. No hay tampoco un control real sobre la actividad privada de este colectivo profesional ni se ejercen con la debida diligencia las acciones sancionadoras por el incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades. Todo ello en el Área de Salud de León es más que evidente.

Además, no se puede garantizar una calidad asistencial que maximice el nivel de bienestar del paciente pues en los hospitales públicos de León su personal médico especialista tiene la posibilidad de rentabilizar al máximo los tratamientos más novedosos y eficientes en el sector privado, así como restringir su uso en el sector público y propiciar que las listas de espera se hagan todavía más inviables por los intereses personales de algunos de estos profesionales, obligando a los pacientes a acudir al sector privado o padecer esa espera.

En consecuencia, tal y como se puso de manifiesto en la convocatoria del 20 de enero, reclamamos a las administraciones que tomen las medidas necesarias para solventar esta situación. Será ésa una acción decisiva no sólo para asegurar la salud de las personas, sino también para fortalecer el empleo sanitario público en condiciones, para impulsar el sector sanitario como fuente de conocimiento e investigación en beneficio común y para combatir en lo que le cabe a la sanidad pública el fenómeno de las despoblación en nuestro territorio. Objetivos, en suma, en los que sabemos que, junto a nosotros, está comprometido un gran número de profesionales de nuestra Sanidad Pública.

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Pais Valenciá. Puertas giratorias, comisiones millonarias y sobrepagos

Fuente: vientosur.info La oposición sanitaria al Pacto del Botánico 10/02/2018 | Moisés Pérez

Artículo original en catalán

La reversión de los conciertos sanitarios y la renegociación del contrato con el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) impulsadas por el Consell (gobierno valenciano) ha convertido Ribera Salud -la principal empresa concesionaria- y la entidad encabezada por el ex consejero popular Manuel Llombart en los principales azotes en materia sanitaria contra la consejera del ramo, Carmen Montón. Con dirigentes ligados al PP, ambas cuentan con un pasado lleno de sospechas.

De las promesas que realizó la izquierda cuando accedió al Palau de la Generalitat Valenciana, la reversión de los conciertos sanitarios se apuntó como una de las máximas prioridades. La puesta en marcha de este modelo público-privado por parte del expresidente valenciano, Eduardo Zaplana 2/, marcó un precedente. Aquella iniciativa abría el sistema de salud público a diferentes empresas. Un símbolo para el cual el Consell ha fijado fecha para su vuelta: el próximo mes de abril. Será entonces cuando el Hospital de la Ribera, el buque insignia del modelo Alzira, retorne a manos públicas.

Para evitar la pérdida de este suculento negocio, Ribera Salud, la principal empresa concesionaria, ha impulsado todo tipo de iniciativas para detener el proceso. De hecho, la firma se ha convertido en uno de los principales actores de oposición al gobierno bipartito (PSOE/PSPV-Compromís). Incluso, con más eco mediático que ningún diputado del PP o de Ciudadanos, partidarios de este sistema. Lo mismo ha ocurrido con la renegociación del acuerdo que tenían el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y la Conselleria de Sanitat. Unas entidades, sin embargo, que no sólo comparten la intención del departamento que encabeza Carmen Montón de desprivatizar estos servicios o establecer una mayor vigilancia. Vinculadas a la formación conservadora, ambas cuentan con un historial lleno de sombras.

Ligadas al PP

Con el lema de un liberal para el cambio, Zaplana quería convertir el País Valencià en el campo de pruebas de la derecha económica española. Y la sanidad fue uno de los sectores que escogió para experimentar. Al contrario de su proclama, el dirigente popular utilizó las prerrogativas que tenía el Consell con las cajas de ahorro para financiar la operación. Las desaparecidas CAM y Bancaixa sufragaron la construcción del nuevo Hospital de la Ribera, ubicado en Alzira (Ribera Alta), que sería la piedra angular de la posterior privatización de hasta un 20% del sistema sanitario valenciano. Lubasa, salpicada por la financiación irregular del PPCV, y Dragados fueron las constructoras escogidas. Todos estos actores conformarían la UTE Ribera Salud, cuna de la empresa posterior, que ganaría el concurso público sin ninguna oposición. El plan fue llevado a cabo por el conseller de Sanidad de aquel momento e íntimo del ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y por el yerno de los Lladró y ahora hombre fuerte de los populares valencianos en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Rubén Moreno, en su condición de subsecretario del departamento.

El crecimiento de Ribera Salud ha llevado a que la firma sanitaria esté presente en los centros hospitalarios de Torrevella (Baix Segura), Elx (Baix Vinalopó), Dénia (Marina Alta) y el mencionado de Alzira. Ahora bien, su expansión no ha roto, ni mucho menos, la relación con una de las familias ubicadas en la órbita del PP. Su máximo dirigente, Alberto de Rosa, es hermano de Fernando de Rosa, presidente de la Audiencia de Valencia a petición de la formación conservadora y amigo íntimo del expresidente Francisco Camps. De Rosa, precisamente, fue el encargado de afiliar a Camps al partido de la gaviota. Incluso, un piso del clan sirvió como sede del PPCV durante la década de los 90.

La conexión entre la administración del PP y Ribera Salud va más allá. El médico Manuel Marín, que murió el año 2016, ocupó el cargo de comisionado de la Generalitat Valenciana para el departamento de salud de La Ribera entre el 2000 y el 2007. Nada más terminar su trabajo al frente de este puesto de responsabilidad que debía fiscalizar la concesionaria, Marín cruzó la puerta giratoria para incorporarse a Ribera Salud.

Esta práctica la escenificó de manera más clara el exconseller de Sanidad durante la última legislatura del PP en el País Valencià, Manuel Llombart. El economista, antes de encabezar la conselleria, había presidido la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), un organismo sin ánimo de lucro dirigido históricamente por su familia. Cuando Llombart dejó el Consejo, volvió al IVO, pero con un cargo internacional para evitar cualquier acusación de incompatibilidad. Con su mujer como adjunta al área financiera, Llombart, una vez había pasado el tiempo para recuperar sus facultades directivas en la entidad, se convirtió en el factótum del organismo. Una guerra contra el Consell que puede aprovechar para plantar batalla a la líder del PPCV, Isabel Bonig 3/

De espaldas a la conselleria

Aparte de las relaciones con el PP, Ribera Salud se ha enfrentado a más escándalos. Según publicó El Español 4/ e investigan los tribunales, la concesionaria desvió beneficios millonarios obtenidos por la gestión de los hospitales públicos sin que se diera cuenta a la Administración valenciana. Para conseguir este objetivo, la firma creó en 2009 una empresa intermedia llamada b2b Salud. Se trataba de una central de compras que facturaba supuestas comisiones en los laboratorios o farmacéuticas que distribuyen sus productos a los centros hospitalarios públicos. El mecanismo utilizado fue la firma de acuerdos secretos entre b2b y el proveedor, en los que este último se comprometía a pagar un porcentaje de las ventas que podían llegar al 25%.

Las sospechas sobre los pagos de las farmacéuticas a la filial de Ribera Salud se alimentaron comparando las cifras de facturación de la mercantil y los trabajadores con los que contaba. Con sólo cuatro trabajadores, en 2011 anotó unos beneficios netos de 379.090 euros. Unas ganancias que se triplicaron en 2012, a pesar de perder un empleado. Obtuvo 901.354 euros.

Para conseguir estas cifras, la empresa repartió un “protocolo de actuación durante la negociación con los proveedores” a los jefes de servicio de los hospitales. Según esta especie de manual de instrucciones para el personal de Ribera Salud, “era imprescindible que los proveedores entendieron que era necesaria la firma de un contrato-acuerdo para trabajar con los hospitales de Ribera Salud”. “En caso de no llegar a un pacto con b2b Salud, se buscarán alternativas (siempre que sea posible) a los productos de este proveedor”, indicaba la circular. El mismo diario madrileño publicó un documento donde se hablaba, incluso, de presuntas “donaciones” a la mercantil del gigante sanitario por parte de una multinacional norteamericana.

Ribera Salud, según la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía española, empleó este sistema con las empresas que ofrecían sus prótesis. La concesionaria se aprovechó de que, como en los fármacos, las prótesis se pagan a parte de la cantidad que recibe anualmente de la conselleria. De este modo, habría obtenido beneficios al margen por servicios abonados con dinero público. Los porcentajes de las comisiones podrían llegar a ser de un 23% en el caso de los marcapasos o de un 30% en las prótesis de cadera.

Ahora bien, la fórmula se aplicó en más ámbitos, como en la papelería. Según el diario Levante-EMVb2b cobró 2.689 euros de una imprenta que trabajaba para los hospitales de Elx y Torrevella en concepto de formación. “Si no pasabas por b2b, no vendías nada a los hospitales”, censuró al diario valenciano el empresario Miguel Ángel Lorente. “Nos daban acceso a los centros hospitalarios y nosotros pagábamos un 3% a b2b. Aparte, sin embargo, abonabamos otro 7% para docencia”, denunció. Por todas estas prácticas, la filial de Ribera Salud facturó 10,6 millones de euros y ganó 3,3 millones de euros en sólo seis años. La Fiscalía pide la imputación de De Rosa y de Pablo Gallart, director financiero de la firma.

La supuesta ocultación de los beneficios obtenidos por Ribera Salud de las presuntas comisiones podría haber provocado la ruptura del contrato antes de su finalización, que tendrá lugar este año. La empresa defendió que el dinero que pescó mediante la b2b junto con los pagos que recibe de la conselleria no superan el beneficio estipulado como máximo -un 7,5% de la Tasa Interna de Rentabilidad- y que es una condición “limitadora” en el pliego de condiciones. El departamento de Montón, con todo, ha preferido esperar. Eso sí, sancionando con 30.001 euros a Ribera Salud por las supuestas irregularidades.

Pagos extra

Aunque de una manera mucho menos sospechosa, el IVO facturó de más durante los cuatro años de vigencia del contrato (2011-2014) y también mientras duró la prórroga acordada (2015-2016) que tenía con la administración valenciana. Según eldiario.es, la facturación extra de la entidad sin ánimo de lucro a la Generalitat Valenciana durante todo este periodo fue de 83 millones de euros. Entre 2012 y 2015, Llombart ocupó el cargo de conseller de Sanidad.

Estos sobrecostes han supuesto que Montón haya aumentado la cantidad que recibirá la institución a través del convenio, con el propósito de evitar los pagos al margen de lo estipulado en el contrato. Pero ha eliminado la prerrogativa que se tenía de poder derivar los pacientes al IVO. A partir de ahora, sólo se hará por “criterios médicos” y no por otras razones como ocurría antes. Son las medidas de la conselleria de Sanidad que han generado la oposición de dos familias populares con sombras en la gestión de sus instituciones sanitarias.

7/2/2018

https://www.eltemps.cat/article/3275/portes-giratories-comissions-milionaries-i-sobrepagaments-loposicio-sanitaria-al-botanic

Notas:

Traducción: viento sur

1/ Carmen Montón: «Hem fet autèntica arqueologia per refer els comptes de la sanitat privada»

https://www.eltemps.cat/article/1172/carmen-monton-hem-fet-autentica-arqueologia-per-refer-els-comptes-de-la-sanitat-privada/

2/ Zaplana i Cleop: la connexió valenciana del ’saqueig’ del Canal d’Isabel II

https://www.eltemps.cat/article/1292/zaplana-i-cleop-la-connexio-valenciana-del-saqueig-del-canal-disabel-ii

3/ Bonig, sola davant el perill

https://www.eltemps.cat/opinio/2582/bonig-sola-davant-el-perill

4/ Las entrañas del negocio sanitario en el “modelo Alzira”: Ribera Salud desvía beneficios millonarios de hospitales públicos a espaldas de la Administración.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20161115/170983550_0.html

Las entrañas del negocio sanitario: Ribera Salud cobra también comisiones por las prótesis que paga la Generalitat

http://www.elespanol.com/espana/politica/20161121/172483312_0.html

En 3 años y medo. Los comisionistas de Ribera Salud cobraron 800 millones de la Generalitat

https://www.elespanol.com/espana/politica/20161129/174483571_0.html

Las entrañas del negocio sanitario: Ribera Salud ordenó negociar los precios de los medicamentos en función de las comisiones

https://www.elespanol.com/espana/politica/20161116/171233559_0.html

 

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